Acompañando al reclamo de los gobernadores patagónicos, diferentes organizaciones ambientalistas advierten sobre las implicancias que traerían las modificaciones planteadas en la Ley Ómnibus. Aseguran que se está frente “a la vulneración derechos de conservación del medio ambiente a nivel nacional e internacional”.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”, así lo indica el artículo 41 de la constitución nacional, citado en una carta firmada por más de 100 organizaciones ambientales, que fue enviada el pasado viernes al Congreso Nacional.
Las organizaciones expresan una “seria preocupación” por las medidas contenidas en la propuesta del gobierno de Javier Milei conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que atentaría contra el cumplimiento de este y otros artículos de la Constitución y que, según expertos, “vulnera seriamente al segundo tratado multilateral de alcance universal que más ratificaciones tiene en la comunidad internacional”.
“Estamos en la génesis de un retroceso ambiental inminente. Debemos ir hacia adelante en favor de la protección y conservación, no hacia atrás”, afirmó Martina Sasso, cofundadora y directora de la Fundación de Conservación Marina Por El Mar (PEM), quien opina que la conservación marina es fundamental para un desarrollo económico sostenible en el largo plazo. “Es fundamental mantener saludable el medio ambiente marino, de manera que el bienestar de los recursos naturales simbolice el desarrollo de la gente y la protección de las necesidades de las generaciones futuras”, recomendó.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fueron las modificaciones al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922). Sobre el particular, los ambientalistas refieren al análisis realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) donde se indica que el mecanismo de licitación internacional de cuotas para pesquerías históricas propuesto en la Ley Ómnibus no es utilizado en “ningún país del mundo” y que “quien la aplicó (Chile) perdió tres especies, hoy extintas de su caladero”.
Quiebra estructura jurídica protectora
A su vez, respecto del objetivo de aumentar las exportaciones del sector pesquero, que cimenta las modificaciones en la ley, vale tener en cuenta que “realiza capturas del orden de las 800 mil toneladas anuales en función a la Captura Máxima Permisible establecidas por el Consejo Federal Pesquero en base a las recomendaciones que realiza el INIDEP. Estas recomendaciones apuntan a evitar, precisamente, el agotamiento de las pesquerías”.
Para Sasso, el DNU y la Ley Ómnibus presentados por el presidente Javier Milei “viene a quebrar una estructura jurídica protectora cuya cimentación nos llevó años de esfuerzos y dedicación”, y sostiene que si bien la regulación actual “es perfectible” existen otros modelos liberales que se pueden tomar como ejemplares, y que “garantizan el desarrollo económico nacional y la sustentabilidad de las pesquerías y los ecosistemas a largo plazo”.
Distorsiona el sentido de la ZEE
Por su parte, Alejandro Canio, abogado en Derecho Internacional especializado en Administración de Espacios Marítimos se pronunció acerca del alcance de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo. Para Canio, al igual que para los gobernadores patagónicos que expresaron su preocupación, el proyecto propuesto por La Libertad Avanza se propone abrir implícitamente la Zona Económica Exclusiva, espacio en el que, la República Argentina, ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales. “La derogación del actual artículo 25 (con el cual se elimina la obligación de desembarcar en puertos argentinos) y la modificación del artículo 26 son una muestra palmaria de una manifiesta intencionalidad de abrir la Zona Económica Exclusiva a empresas extranjeras”, cuestionó al tiempo de mencionar que estas modificaciones “distorsionan la naturaleza de blindaje soberano” que le dio sentido a la ZEE, y que es reconocida por la comunidad internacional a través de la CONVEMAR, tratado del que forman parte 169 estados.
Afectación de la trazabilidad pesquera
Las organizaciones consideran que esa vulneración del ejercicio de la soberanía, “es justamente uno de los puntos que atenta contra la conservación del ambiente marino, ya que es necesario el ejercicio de la soberanía articulado con planes de manejo y fiscalización adecuados para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas y de los recursos naturales”.
En tal sentido, manifiestan que “el derecho de los argentinos a un ambiente sano está puesto en jaque por las modificaciones a la regulación pesquera”.
Al respecto, las ONGs expresan en su carta que “derogar la obligatoriedad de desembarcar la producción en muelles argentinos habilitando los transbordos en alta mar o la descarga en otros puertos afectará la transparencia y la trazabilidad de la pesca”. Estas modificaciones pueden tener un impacto negativo en la inserción de la industria pesquera argentina en los mercados internacionales ya que, según indican “existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Para esos estándares internacionales que han sido adoptados por Europa y Estados Unidos, una decisión como la eliminación del artículo 25 de la Ley 24.922 o las varias medidas de desregulación en los controles sobre la actividad en aguas de jurisdicción nacional provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, afirman al criticar el proyecto gubernamental.
Retroceso en la legislación ambiental
El documento presentado por las ONGs fue firmado por más de 100 organizaciones ambientales: Aves Argentinas, Banco de Bosques, FARN, WCS, FPN, Temaiken, FIBO, Humedales, ACEN, FNGA, Club de Roma, Fundación Yuchan, Natura Argentina, Fundación Vida Silvestre, AVINA, Fundación Biodiversidad, Jóvenes Por el Clima, Ecohouse, Fundación Por el Mar, entre otras.
En el documento que le hicieron llegar a los diferentes bloques parlamentarios expresan “nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley” entendiendo que “suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”.
Finalmente, señalan que “es importante destacar que la legislación ambiental vigente se ha desarrollado conforme mandatos de la Ley General del Ambiente y respetando procesos participativos que han involucrado a los más diversos sectores sociales”, e instan a los legisladores a ampliar el ámbito de debate y discusión en otras comisiones parlamentarias.
