El conflicto que atraviesa al sector pesquero de los barcos congeladores sumó una nueva voz de alarma. En una entrevista emitida por El Quinto Poder en #LA17, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, advirtió que la flota permanece amarrada desde octubre de 2024 y que no existen condiciones económicas para volver al mar si no se revisan los convenios laborales que rigen desde hace más de dos décadas.
“La realidad está siendo mucho más fuerte”, señaló De la Fuente, quien remarcó que la producción de langostino congelado a bordo ya no es rentable bajo las condiciones actuales, a pesar de que la flota supera las 80 mil toneladas anuales exportadas. “Hoy el mundo paga menos de lo que cuesta pescar, y cada kilo exportado genera un dólar de pérdida”, explicó.
Desde CAPIP sostienen que los convenios vigentes se calculan en base a precios de referencia del año 2005, sin actualización ni adecuación al mercado actual. En paralelo, las empresas siguen afrontando costos salariales completos, incluyendo los sueldos anuales complementarios, aunque no haya actividad.
“No hay capricho en la decisión de no salir. Es una cuestión de supervivencia”, indicó el titular de la cámara. Más de 113 barcos se encuentran paralizados, y la zafra del norte —prevista para el 17 de marzo— nunca pudo comenzar. La situación se agrava con el impacto de los precios internacionales, que según De la Fuente, están condicionados por la competencia del langostino Banamex en las góndolas de todo el mundo.
El presidente de CAPIP sostuvo que es necesario abrir un diálogo sincero y realista. “Algunos niegan los números y eso complica todo. Hay que sentarse a dialogar sin imposiciones. Queremos un punto de equilibrio, no imponer condiciones”, afirmó.
De la Fuente remarcó que la actividad pesquera genera empleo directo e indirecto en múltiples sectores, incluyendo comercio, transporte, servicios y administración. También advirtió que el consumo interno está siendo afectado por el conflicto, y que distintas cámaras de comercio ya manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas regionales.
A pesar de haber presentado informes ante el Consejo Federal Pesquero y la Secretaría de Trabajo, desde CAPIP cuestionan la falta de respuesta del Estado Nacional. “Hace tres años pedimos medidas. La emergencia pesquera es real, y todavía no tuvimos una intervención directa”, enfatizó.
El dirigente insistió en que la responsabilidad empresaria es alta, pero que no puede sostenerse sin condiciones razonables. “Los costos operativos aumentaron sin freno. Combustible, insumos, impuestos… todo empuja al límite. Necesitamos una mesa de negociación urgente”, reclamó.
Finalmente, advirtió que la falta de acción puede derivar en consecuencias severas para toda la cadena productiva. “Hay que evitar que esto termine mal. El mundo cambió, y nosotros también tenemos que adaptarnos”.