A pesar de estar previsto en el pliego de bases y condiciones no se cuenta con la documentación básica para dar inicio a las prospecciones. Además Tierra del Fuego ya presentó un amparo por adjudicar áreas a una empresa con relaciones comerciales con Malvinas y sumaría otras por el impacto en el ambiente y la industria pesquera.
La algarabía con la que el gobierno nacional comunicó la presentación de ofertas para la exploración sísmica offshore en el mar argentino generó un gran descontento entre los industriales pesqueros que observan con preocupación que se avanza sin tener un plan de gestión ambiental.
Esta situación es inadmisible según lo establecido en el pliego de bases y condiciones de la propia Secretaría de Energía y constituye de por sí un grave problema a resolver. Pero además, a partir de darse a conocer el viernes pasado el listado de empresas que serán adjudicatarias de las 18 áreas entre las 38 ofertadas, se presentó un nuevo problema para Energía, dado que una de las firmas adjudicatarias mantendría relaciones comerciales con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte del Intendente de Río Grande, de la Provincia de Tierra del Fuego, a las que se sumarán, según informaron, otras medidas que interpondría esta semana la gobernadora Rosana Bertone.
Argentina adjudicó 18 áreas marinas para la exploración de hidrocarburos. Las empresas que realizarán actividades sísmicas en las Cuencas Argentina Norte y Malvinas Oeste son: YPF; Equinor Argentina; Shell Argentina; Total Austral; BP Exploration Opereting Company; Qatar Petroleum Internacional; Exxonmobil Argentina; Tullow Oil, Pluspetrol y Wintershall; ENI Argentina; Mitsui & Co y Tecpetrol.
En la Cuenca Argentina Norte se adjudicaron 7 áreas que se extienden desde el paralelo de 37º hasta el de 43º Sur. Es una zona de aguas profundas a ultraprofundas, en las que se diagramaron dos períodos de actividad de cuatro años cada uno y una prórroga de cinco años.
En la Cuenca Malvinas Oeste se explorarán doce áreas, dos en el Área Austral Marina, entre los paralelos de 51º y 52º Sur, una zona de aguas someras, donde se autorizaron actividades sísmicas por 7 años en dos períodos, con posibilidad de prórroga de cuatro años. Las diez áreas restantes se encuentran distribuidas desde el paralelo de 51º hasta el de 54º Sur; aquí se operará sobre aguas profundas, realizando actividades sísmicas por dos períodos de cuatro años cada uno con posibilidad de prórroga por cinco años más.
Según los términos y condiciones bajo los cuales se llevó a cabo la adjudicación las actividades deberán desarrollarse “en forma compatible con la conservación y protección del medio ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estarán obligados a emplear las mejores técnicas disponibles para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos”.
Se estableció a la vez que la Autoridad de Aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, “deberá seguir las normas o guías de buenas prácticas ambientales de aplicación internacional”.
Mediante el monitoreo de la zona afectada se puede determinar el grado de impacto que genera la actividad sísmica y en caso de ser necesario poder resolver la suspensión temporaria o definitiva de las exploraciones.
Si existiera impacto, los permisionarios “serán responsables por los pasivos ambientales que se generen como consecuencia de las operaciones petroleras bajo su responsabilidad y asumirán los costos de las acciones de remediación requeridas para eliminarlos”, establece la normativa.
Los estudios de impacto ambiental y el mapa de sensibilidad son herramientas consideradas básicas. La identificación de los impactos permite prevenir o mitigar los efectos negativos, por lo que es necesario establecer un plan de manejo y monitoreo ambiental y un plan de respuesta a las emergencias, según informa la consultora Estrucplan, que trabaja bajo normas ISO 9001.
Pero Argentina solo realiza el estudio de impacto ambiental antes de que se inicien las actividades sísmicas; no realiza estudios al promediar el período de concesión ni al finalizar. Tampoco cuenta hasta el momento con el mapa de sensibilidad ambiental para determinar de forma rápida qué recursos ambientales, económicos y culturales se ven afectados.
Desde el sector pesquero han expresado preocupación por las implicancias que tendrá para la actividad las prospecciones sísmicas y según han informado, exigirán que se cumpla con los procesos de gestión ambiental. La primera reunión se realizará el 5 de junio y se contará con poco tiempo para poner en regla la exploración offshore, dado que los permisos serán publicados el 1 de agosto, según el cronograma de la Secretaría de Energía.
Pero para poder dar vía libre a la búsqueda de hidrocarburos en el mar, el gobierno nacional además deberá salvar algunas trabas que se han establecido en el plano judicial. La mayor resistencia se presenta en la provincia de Tierra del Fuego, donde el Intendente de Río Grande presentó un recurso de amparo y estudia pedir una medida cautelar de no innovar para impedir que empresas que tendrían vinculaciones con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas puedan convertirse en permisionarias.
Las presentaciones se sustentan en las denuncias realizadas por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), que señala a la firma Tullow como adjudicataria de licencias otorgadas por el gobierno de ocupación de las Islas en la Cuenca Malvinas Sur y cuya directora, Anne Drinkwater, habría sido asesora del gobierno británico en las Islas.
A esta medidas judiciales, según trascendió, en los próximos días también se sumarían las presentaciones que realizará la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, argumentando que existen situaciones de riesgo ambiental y para la industria pesquera que no se han contemplado a la hora de licitar las áreas.
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