Argentina busca de políticas de Estado que garanticen la protección de su amplia plataforma continental, en cuyo límite operan centenares de barcos pesqueros de otros países, ha expresado el presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), Miguel Ángel Sánchez. “Con una plataforma continental marítima tan vasta y tan rica como estratégica es necesario contar siempre con recursos humanos, técnicos y operativos debidamente capacitados y actualizados”, explicó Sánchez, experto en ciencia política y relaciones internacionales.
Se da la circunstancia que Argentina ingresa unos 1.500 millones de dólares anuales por sus exportaciones pesqueras, “pero, a la vez, flotas extranjeras ilegales obtienen del Mar Argentino (mar territorial en el océano Atlántico) recursos pesqueros por un valor estimado en 3.000 millones de dólares anuales”, advirtió el titular de ABIN.
Cuatro países
Una decena de países acapara el 71% de la pesca en alta mar, “pero específicamente en el Atlántico Sur argentino, la flota que actúa está compuesta por barcos de cuatro países casi exclusivamente: Corea del Sur, Taiwán, China y España”, reveló.
“Más de 400 barcos operan en el pico de temporada al borde de la milla 200 (donde termina la zona económica exclusiva argentina), lo cual implica casi 1.000 millones de dólares anuales en captura de diversas especies, principalmente calamar (Illex argentinus)”, sostuvo el presidente de ABIN.
Puesto que esos pesqueros reciben subsidios de sus respectivos países, son los Estados los responsables de esta “pesca ilegal”, afirmó.
Los subsidios a la pesca industrial suponen anualmente un desembolso de 23.000 millones de dólares, por lo que el titular de la ABIN abogó por que se tienda a su eliminación a partir de 2020, uno de los asuntos que se debatió en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se celebró en Buenos Aires
