A través del expediente 1120-D-2026, un grupo de legisladores nacionales ha solicitado al Poder Ejecutivo un informe exhaustivo sobre la administración de los cupos de captura de Cuota Social otorgados a Santa Cruz. La medida surge como respuesta a la creciente preocupación en Puerto Deseado, donde la actividad portuaria muestra una preocupante retracción pese a los beneficios vigentes.
Un esquema bajo sospecha
El pedido de informes busca desentrañar el funcionamiento del régimen de compensación por la veda del Golfo San Jorge. Los diputados exigen que el Consejo Federal Pesquero y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detallen el volumen de toneladas, las empresas beneficiadas y los buques autorizados durante los períodos 2024, 2025 y 2026.
La iniciativa pone el foco en una paradoja local: a pesar de que la provincia cuenta con un volumen significativo de capturas asignadas, estas no parecen traducirse en bienestar para la terminal portuaria santacruceña. El proyecto resalta que, a pesar de contar con “4500 toneladas de cuota social y teniendo a esa terminal como el principal puerto de la provincia, no se vea reflejada tamaña actividad”.
Puntos clave del pedido de informes:
Trazabilidad: Detalle de los puertos de descarga y criterios de distribución técnica.
Control: Identificación de posibles “irregularidades, incumplimientos o desvíos” y las sanciones aplicadas.
Impacto Social: Evaluación de cómo este esquema incide realmente en el empleo y el procesamiento en tierra.
Falta de transparencia y control
Los fundamentos del proyecto advierten sobre una desconexión entre los recursos asignados y el desarrollo regional. Según los legisladores, la falta de datos claros debilita la confianza en la política pesquera nacional. El documento señala que este pedido es vital para exponer un “compendio de irregularidades propias de una actividad que no goza de control y fiscalización”.
De este modo, se reabre una discusión profunda sobre el langostino, un recurso estratégico para las divisas del país, pero que hoy enfrenta serios cuestionamientos por ser “una de las pesquerías más viciadas de alteraciones a la reglamentación, normas y buenas costumbres”.