El negociador de Reino Unido para la salida de la UE, David Davis. // Eric Vidal
Los productos importados desde Canadá han reducido tarifas en un 96% tras el CETA, y las perderán en seis años -Está sujeto a cambios en función de la postura de Londres
El 21 de septiembre de 2017 entró en vigor el pacto de libre comercio entre Reino Unido y Canadá ( Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), que redujo en un 96% los aranceles que pagaban los productos pesqueros, y que se eliminarán de forma progresiva en 2024. El país norteamericano es de momento un pequeño comprador para Galicia, que exporta allí poco más de 5,4 millones de euros anuales. La importancia del CETA radica ahora en que Bruselas se plantea aplicar un reglamento similar con Reino Unido -en materia de productos de la pesca- cuando éste se desconecte del Viejo Continente. Así consta en un slide (página de una presentación) entregada el día 15 en Bruselas por el encargado de las negociaciones en nombre de la UE, Michel Barnier. El documento, titulado EU/UK Possible Framework for the Future Partnership Discussions, abre la puerta así a que se libere de buena parte de los aranceles que tendrían que pagar flotas como la abanderada en Malvinas o la de Gran Sol que descarga u opera en suelo británico.
El apartado de “pesca” aparece en el único apartado (de cuatro) en el que Bruselas está dispuesta a no catalogar a Reino Unido como “tercer país”, aunque no aporta ningún detalle adicional. Si se materializa esta propuesta, Londres sí pasaría a entrar en ese grupo de terceros países en materias como el transporte, los servicios financieros o la movilidad de ciudadanos, en tanto saldría del espacio Schengen.
Es de prever que, en materia de pesca, la intención de Barnier sea de mantener un statu quo como el actual, o al menos un marco de juego no tan doloso como el que se podría plantear inicialmente con un Brexit duro. También que la aplicación de un acuerdo “similar al CETA” -esta frase es textual- se ejecute siempre y cuando la flota que opera en Gran Sol o Malvinas mantenga o reciba derechos de acceso. Pero nada se ha resuelto todavía, y la realidad es que Londres todavía no ha fijado el acuerdo para el periodo transitorio, que permitiría a los barcos seguir faenando sin cambios notables hasta 2021. De este modo, y si no se ratifica el acuerdo, en menos de un año (30 de marzo de 2019) Reino Unido y los territorios que ampara serán un tercer país a todos los efectos. También para la pesca.
De acuerdo a un estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Economía Pesquera y Recursos Naturales de la Universidad de Santiago de Compostela encargado por la Xunta una eventual salida del caladero de Gran Sol supondría un impacto directo de 533 millones de euros para la economía gallega. A día de hoy hay 66 buques con puerto base en Galicia que operan en estas aguas. “Solo en remuneración de asalariados, en valor calculado a 2016, se superaron los 140 millones de euros”, indica el estudio.
