Se busca aumentar la protección de los mares y la inclusión de zonas con actividad pesquera es el objetivo planteado desde ONGs y el Ministerio de Ambiente. Se considera clave proteger los frentes productivos y se evaluará el costo que tendrá para el sector. La financiación de la investigación es el cuello de botella.
La pandemia, los problemas de mercado y los conflictos laborales, no han dejado lugar al debate de temas importantes como la falta de campañas científicas, de observadores a bordo, de políticas de desarrollo sustentable o el avance de las Áreas Marinas Protegidas. Sin embargo los problemas están ahí y requerirán una respuesta cuando la crisis del Covid-19 pase. El Foro para la Preservación del Mar Patagónico realizó un webinar sobre Áreas Marinas Protegidas y quedó claro que la Argentina no tiene el nivel de protección de las áreas costeras y oceánicas que se pretende.
Durante el encuentro virtual que contó con la presencia de funcionarios, investigadores y organizaciones no gubernamentales de Argentina y Chile, se presentaron los objetivos planteados y los problemas de financiamiento que existen, especialmente en nuestro país, para una correcta implementación de áreas protegidas.
Explotación pesquera
En Argentina está cubierto el 10 por ciento del mar con Áreas Marinas Protegidas (AMP) pero en zonas alejadas y de bajo conflicto. Ahora el siguiente paso se daría sobre áreas de explotación pesquera, según se informó. Si bien desde el Ministerio de Ambiente se tiene en cuenta que ya existen áreas de protección como las vedas o las áreas de esfuerzo restringido que se han mantenido por muchos años y en algunos casos con experiencias exitosas, se considera necesario avanzar sobre los frentes productivos para tener una real representación de las AMP en el Mar Patagónico.
En representación de las ONGs, Valeria Falabella de Wildlife Argentina señaló que se necesita realizar un mapa ecosistémico marino para poder determinar las áreas de mayor productividad y la situación de todas las especies. Llamó a poner el foco sobre las especies consideradas amenazadas, tras informar que recientemente se han identificado 35 en el Mar Argentino. Este mapa puede pensarse como una ampliación del que ya ha realizado el INIDEP para el manejo de la exploración offshore.
A su turno, Gabriela González Trilla, directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, coincidió en la necesidad de realizar un mapa que además permita establecer las diferencias de manejo entre las áreas oceánicas y las costeras donde ya existen sistemas de protección; “los que a su vez se relacionan con la productividad en el océano”, señaló. El primer desafío que se han planteado, dijo, es integrar los parques marinos y evaluar el costo que tiene para pesca la implementación de AMP.
La funcionaria, que recién ha llegado al cargo, subrayó la importancia de mantener contacto con todos los actores, incluida la pesca y en ese contexto consideró clave el Programa Pampa Azul, porque tiene un objetivo de sustentabilidad. “La pregunta que debemos respondernos es: ¿Estamos conservando responsablemente el mar y haciendo un uso sustentable de los recursos o no?”, dijo González Trilla. Para la funcionaria es prioritario avanzar en la protección de los frentes marítimos, especialmente del Talud y de Valdés.
Encuentro
La funcionaria también participó la semana pasada de un encuentro virtual con el INIDEP y representantes provinciales para intercambiar información sobre el Programa de Observadores que tiene grandes falencias, principalmente presupuestarias para cubrir en forma óptima la explotación de los recursos.
“Los observadores a bordo tienen un rol clave para la toma de datos, lo que nos permite tomar decisiones concretas para pescar mejor”, apuntó González Trilla. Algo que bien saben los investigadores del INIDEP pero que pese a los reiterados reclamos en cada informe técnico, no logran se ejecute debidamente.
Quien logró llevar el moderado debate del webinar convocado por Foro al plano de la realidad, enfocándose justamente en los problemas presupuestarios, fue Gustavo Luvrich del CADIC. El investigador de Tierra del Fuego expuso la inviabilidad del manejo de las Áreas Marinas Protegidas oceánicas sin presupuesto para la investigación y el monitoreo.
“En las áreas costeras es más fácil poder determinar las medidas de manejo porque los biólogos podemos embarcarnos, mojarnos, trabajar con bajo presupuesto y obtener resultados pero en las áreas oceánicas se requiere de equipamiento técnico, barcos y biólogos capacitados” y todo eso sin financiamiento, resumió el investigador, es imposible de realizar.
Ley
Siendo uno de los investigadores que participó en la reubicación del AMP Namuncurá-Banco Burdwood, se refirió a la sanción de la ley y al plan de manejo que se elaboró como un paso muy importante; pero advirtió que el financiamiento que tuvieron durante cinco años ha finalizado: “Está en riesgo la continuidad y el trabajo que se viene haciendo se verá interrumpido”, avisó.
Lovrich concluyó diciendo que el resultado de este trabajo es a largo plazo y que además de contar con financiamiento “es necesario pensar orgánicamente en la sustentabilidad” y buscar en primer lugar “una lógica para coordinarlo”.
Cuando en las proximidades de las Áreas Marinas Protegidas se realiza pesca intensiva y descontrolada como ocurre en el Atlántico Sur, o se llevan a cabo exploraciones sísmicas como está ocurriendo en el Mar Argentino sin que se mida el impacto, esas áreas de protección se pueden ver afectadas y si no existen estudios sistemáticos para observarlo a tiempo, su efectividad puede ser nula y el efecto ecológico severo.
Compromisos
La Argentina debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos respecto de la preservación de los océanos a partir de la implementación de AMP. Pero la realidad marca que también tiene graves problemas para cumplir siquiera con el cronograma de campañas del INIDEP, debiéndose suspenderse varias evaluaciones de las principales especies comerciales por falta de presupuestos o averías en los barcos. Esa es nuestra realidad.
Las pocas especies que han logrado regularidad en las campañas son aquellas que cuentan con el aporte del sector privado. La conferencia de ayer dejó en claro que si no se aplican sistemas de financiación en la investigación, nuestro país no estará en condiciones de cumplir con la Agenda 2030 ni mucho menos.
Y peor aún, si para cumplirla igual se designan AMP sin planificación sistemática y orgánica, es probable que espacios de interés comercial para la pesca se vean afectados, como estuvo a punto de suceder unos años atrás, cuando el Ministerio de Ambiente presentó un plan de Áreas Marinas Protegidas, impecable para presentar a los políticos que deben apoyarlo pero sin sustento científico.
País sustentable
En la aprobación del Área Marina Protegida Yaganes pudimos observar la algarabía de los diputados que al dar su voto positivo, creían que por fin estaban haciendo algo para salvar al mundo, algo que hablaba bien de ellos y prometieron avanzar hasta hacer de la Argentina un país sustentable.
La financiación de la investigación es el cuello de botella que tiene la administración de los recursos pesqueros, ya sea dentro de la pesca o en espacios más amplios como los que competen a las Áreas Marinas Protegidas. Buscar una solución a este problema, como ha planteado el investigador fueguino, es primordial para que ni el sector pesquero ni los recursos salgan perdiendo.
