Cámara de la Industria Naval. Florencia Garrido confirmó que se reunirán con el Secretario de Industria y Comercio de la Nación. La audiencia fue pedida con anterioridad a que se conociera el decreto que permite la importación directa de barcos usados, pero la respuesta llegó después del comunicado que emitió la cámara.
Tras conocerse el Decreto 273 que modificó el Régimen de Importación de Bienes Usados, eliminando el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), desde la Cámara de la Industria Naval emitieron un comunicado expresando su profunda preocupación por la supresión de una herramienta “que constituía un filtro técnico fundamental para evitar que el país se convierta en un destino residual de tecnologías descartadas por otras economías, a la vez que protegía al sector productivo local”, según publicó Revista Puerto.
Desde la cámara habían solicitado una audiencia con anterioridad a conocerse la medida del gobierno, pero recién se aceptó después de que la cámara emitiera el comunicado. Florencia Garrido, presidente de la institución, confirmó que se realizará el 6 de mayo y que apuesta al diálogo.
Desde la Cámara explican que el CIBU, necesario para importar bienes de capital usados, no prohibía su ingreso, sino que lo administraba mediante una consulta a los fabricantes nacionales sobre la viabilidad de producir ese bien en el corto plazo. Recuerdan que fue establecido en 1994 por el entonces ministro Domingo Cavallo en un contexto de apertura comercial, con el objetivo de mitigar el impacto en las inversiones de pymes y multinacionales radicadas en el país.
Señalan que, gracias a este certificado y otras medidas de estímulo, la industria naval concretó la mayor renovación de la flota pesquera nacional, reemplazando buques antiguos e inseguros por embarcaciones nuevas, tanto nacionales como importadas. Por otra parte, indican que el sector naval demostró capacidad para producir barcos modernos y competitivos, generando empleo, inversiones y récords de botaduras, además de reducir la antigüedad de la flota. Fue la primera vez, además, que se celebró la incorporación de buques importados nuevos, promoviendo una competencia basada en modernización.
Pero ante la eliminación del CIBU, advierten que esta modificación “abre la puerta al ingreso indiscriminado de embarcaciones y maquinaria obsoleta o en condiciones de uso inciertas, sin garantías en materia de seguridad operativa ni controles técnicos adecuados”. Recuerdan a la vez que la industria ya atravesó por una situación similar y que derivó “en la destrucción de la que fuera la Industria Naval más desarrollada de Latinoamérica, y dotó a la flota pesquera de unidades obsoletas e ineficientes”.
“Algunos barcos, con más de 40 años de antigüedad, continuaron operando y fueron responsables de tragedias con pérdida de vidas humanas, como en los casos de los buques pesqueros Repunte y Rigel”, ejemplifican buscando que se tome consciencia del alcance de la medida adoptada por el gobierno nacional.
Sostienen que la entrada en vigor del decreto no solo representa un grave retroceso para la industria, sino que además genera una desventaja competitiva para los fabricantes locales que invierten en tecnología, empleo calificado e innovación.
“Creemos firmemente en la necesidad de fomentar una competitividad genuina, basada en innovación, tecnología y producción nacional. Un crecimiento sostenible no puede basarse en el reemplazo de producción local por equipamiento descartado por otras economías”, señalaron desde la cámara.
En el mismo comunicado, se manifiesta que el sector naval ha presentado propuestas superadoras de este decreto ante las autoridades competentes, que buscan resguardar la seguridad de los usuarios, la competitividad pyme y el desarrollo industrial argentino; y sostienen que podrían servir como base para revisar esta decisión.
Las propuestas de evaluación previa que han presentado están basadas en la existencia o no de producción nacional del bien a importar, como primer paso; verificación de la antigüedad, condición estructural y operativa del buque y finalmente la compatibilidad con normas de seguridad, emisiones y equipamiento mínimo.
Esta misma propuesta ahora será presentada a las autoridades nacionales. La presidenta de la Cámara, Florencia Garrido, confirmó que en el día de ayer le confirmaron una audiencia con el Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Esteban Marzorati, para el 6 de mayo.
“Esta es una acción que llevó adelante esta cámara, desde la Federación (FINA) hace meses que le estábamos pidiendo audiencia al Secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne pero nunca tuvimos respuesta, por lo que desde la cámara nos estamos moviendo y ahora nos reuniremos con Marzorati. Soy optimista con las posibilidades de diálogo con las autoridades, tenemos una chance y vamos a explicarle a las autoridades los daños que genera este decreto y le acercaremos nuestro proyecto. Lo importante es que el diálogo está abierto”, concluyó Garrido.