Las cámaras empresarias de la industria pesqueras se pronunciaron este jueves contra la “intransigencia sindical” que impide un acuerdo para iniciar la temporada de langostino, al sostener que “pone en jaque a toda la industria pesquera”.
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip) manifestaron en un comunicado su “extrema preocupación” por el estancamiento en la negociación con los gremios de marinería y advirtieron que la falta de acuerdos “ya tiene consecuencias directas y cuantificables sobre los trabajadores”.
Según revelaron, la propuesta presentada por el sector empresarial contemplaba que un marinero (en base a parámetros de productividad realistas y condiciones de mercado actuales”) “podría estar percibiendo un salario bruto estimado de 12 millones de pesos en junio si se hubiese alcanzado un acuerdo y comenzado la temporada”. En lugar de eso, “por la negativa a discutir una adecuación del convenio vigente, esos mismos trabajadores deben conformarse con cobrar el básico, que hoy ronda los $500.000″.
Para Eduardo Boiero, titular de Capeca, “es frustrante que la intransigencia sindical esté privando a miles de marineros de importantes ingresos que ya podrían estar en sus bolsillos”. A su entender, “el costo de no dialogar lo están pagando las familias que dependen de esta actividad”.
La flota congeladora de langostino, integrada por 113 barcos, permanece amarrada desde el 17 de marzo. En un contexto internacional en el que el precio del langostino cayó de USD 12/kg a USD 5,50, “continuar operando bajo las condiciones del convenio colectivo firmado en 2005 implica pérdidas directas para las empresas y la inviabilidad de sostener las operaciones”, indicaron las cámaras.
“En vez de perder un dólar por kilo pescado, propusimos adecuar la escala salarial a los valores de hoy. Aun así, los marineros seguirían percibiendo sueldos muy por encima del promedio de la economía argentina y del sector pesquero mundial”, sostuvo Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP.
De acuerdo con las estimaciones de las empresas, en los últimos tres meses dejaron de ingresar al país “más de 200 millones de dólares en exportaciones” y el Estado nacional “dejó de percibir al menos 15 millones en derechos de exportación”. Mientras tanto, “más de 3.200 trabajadores embarcados permanecen inactivos y la cadena logística y productiva de localidades como Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata sufren un impacto profundo”.
Las cámaras dijeron que ya recurrieron “a todas las herramientas posibles para sostener la actividad: renegociaciones con proveedores, reclamos ante el Estado para reducir retenciones (DEX y DUE) y ajustes en todas las áreas”, pero “el 60% del costo operativo está hoy concentrado en salarios, una proporción nunca antes vista en la industria”.
En ese marco, Boiero aclaró: “Queremos salir a pescar hoy mismo, pero no podemos hacerlo a pérdida. Se trata de evitar la quiebra. Esta es una crisis seria que requiere madurez y responsabilidad de todos los actores”.
El sector pesquero argentino, que en 2024 generó exportaciones por US$ 2.000 millones, representa el 3,9% de las exportaciones nacionales y más de 46.000 empleos directos, “muchos de ellos entre los mejores remunerados del país”, apuntaron las empresas. “Pero el modelo actual es insostenible”, agregaron.
Por último, las cámaras ratificaron “su compromiso con la sostenibilidad, el empleo y el diálogo”, pero insistieron en que “no se puede seguir ignorando los números de la industria ni postergar las decisiones que permitan recuperar la actividad”.
Fuente: La Capital Mar Del Plata