El 14 de marzo de 2016, en los caladeros de calamar de la Patagonia argentina, un herrumbroso buque chino llamado Lu Yan Yuan Yu 10 pesca ilegalmente a varias millas de tierra. Una patrullera guardacostas argentina lo detecta y le ordena por radio que se detenga, pero el potero o calamarero, como se llaman estas embarcaciones diseñadas específicamente para pescar calamares, huye. Cuando los guardacostas comienzan a perseguirlo y a disparar al aire, como señal de advertencia, el Lu Yan Yuan Yu 10 vira y trata de embestirlos. Los guardacostas abren fuego, pero esta vez apuntan directamente contra el barco potero, que no tarda en hundirse.
Lo atípico de aquel día fue la violencia del encuentro en el mar, pero no la incursión de un potero chino en aguas argentinas. Propiedad de la gigante estatal China National Fisheries Company (CNFC), el Lu Yan Yuan Yu 10 era uno más de los poteros chinos que en flotas formadas por centenares de embarcaciones visitan cada año los caladeros de alta mar por fuera de las aguas territoriales argentinas.
Durante sus visitas, muchos de estos barcos apagan el transpondedor de ubicación para así cruzar en secreto a aguas argentinas, donde no tienen autorización para navegar. Según los datos del gobierno argentino, la armada del país ha expulsado de sus aguas desde el año 2010 a un mínimo de 11 calamareros chinos por presunta pesca ilegal.
Un año después de la incursión ilegal y el hundimiento del Lu Yan Yuan Yu 10, el Consejo Federal Pesquero de Argentina divulgó un anuncio que no fue demasiado conocido. Concedía licencias para faenar en aguas argentinas a dos buques extranjeros. Usando como fachada a una empresa local, los dos navegarían bajo bandera argentina, aunque el propietario que en última instancia se beneficiaría de su operación sería la CNFC.
Una decisión notable que aparentemente violaba varias regulaciones locales. Por un lado, la prohibición a embarcaciones extranjeras de pescar en aguas de Argentina o de enarbolar la bandera del país. Y por otro, la prohibición de conceder licencias a operadores con antecedentes de pesca ilegal. “La decisión fue una contradicción total”, dijo el ex subsecretario de Pesca Eduardo Pucci, que ahora trabaja como consultor en temas pesqueros.
Tal vez fuera una contradicción, pero lo cierto es que medidas como la que las autoridades tomaron se han vuelto cada vez más comunes en Argentina y en otras partes del mundo. Mediante un proceso conocido como de ‘abanderamiento’, China ha pasado los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales restringidos en países de Sudamérica, África y el Pacífico. Por lo general, el método consiste en firmar alianzas empresariales para registrar buques extranjeros bajo la bandera del país en cuyas aguas territoriales se quiere pescar.
Las empresas chinas controlan ahora un mínimo de 62 buques de pesca industrial de calamar bajo pabellón argentino. Es decir, más de la mitad de la flota de calamar del país. Muchas de estas empresas están implicadas en delitos de distinto tipo, como el vertido de pescados al mar, la desactivación del transpondedor, y la evasión y fraude fiscal. Según los registros comerciales, gran parte de lo pescado por estos buques va a China, pero una parte del marisco también se exporta a países como España, Estados Unidos, Italia y Canadá.
China explota en la actualidad casi 250 buques bajo otras banderas faenando frente a las costas de Micronesia, Kenia, Ghana, Senegal, Marruecos e Irán.
La mayoría de las autoridades pesqueras nacionales exigen que las embarcaciones sean de propiedad local para así aplicar más fácilmente la normativa pesquera y evitar que los beneficios salgan del país. Según Duncan Copeland, director ejecutivo de la ONG especializada en delitos marítimos Trygg Mat Tracking, esta práctica del abanderamiento dificulta los dos objetivos.
En opinión de Dyhia Belhabib, investigadora principal en la ONG de activismo medioambiental Ecotrust Canada, no son solo problemas financieros y de soberanía los que genera la práctica. En su opinión, la exportación de esta fuente vital de proteínas asequibles también pone en riesgo la soberanía alimentaria de las naciones.
Estos cientos de pesqueros industriales también ponen en peligro los propios objetivos chinos de conservación de los mares. En respuesta a la presión ejercida por grupos ecologistas, Pekín anunció en 2017 que limitaría el número de buques en su flota de altura a 3.000, con el objetivo de evitar la sobrepesca. Pero en ese recuento no se incluía el creciente número de embarcaciones industriales propiedad de China que operan bajo bandera de otro país.
Con más de 6.000 buques para la pesca de altura, China se ha ganado la supremacía en la pesca mundial durante las tres últimas décadas. Su flota tiene tres veces más barcos que la segunda mayor.
Para pescar en aguas de otros países, lo que solían hacer los pesqueros chinos era quedarse “fuera”, sobre aguas internacionales y a lo largo de la frontera marítima, para desde ahí hacer incursiones cruzando la línea de las aguas nacionales.
En los últimos años, China ha adoptado un enfoque menos agresivo. Para hacerse con el control desde dentro, paga por el abanderamiento de sus barcos para que así puedan pescar en aguas nacionales. Legal en muchas ocasiones, es una táctica menos agresiva que el acceso ilegal a las aguas costeras de otros países, y menos proclive a generar mala prensa, buques hundidos, o enfrentamientos políticos.
China no ha ocultado que la estrategia se inscribe dentro de ambiciones mayores. En un artículo académico publicado en 2023, autoridades del sector pesquero chino explicaban cómo habían recurrido a empresas chinas para penetrar en aguas territoriales de Argentina, usando por ejemplo “métodos de arrendamiento y transferencia”. En el artículo, las autoridades también decían que esta estrategia formaba parte de una política global.
La tendencia es especialmente pronunciada en África, donde las empresas chinas operan con buques abanderados en las aguas nacionales de al menos 9 países.
