El Gobierno de Chubut analiza indemnizar a parte de los trabajadores de la ex Alpesca y oficializó un subsidio de 33,5 millones de pesos destinado a 67 empleados que estaban ligados a Red Chamber, mientras continúa el reclamo por la reincorporación laboral.
El Gobierno de Chubut ofreció avanzar con indemnizaciones para parte del grupo de trabajadores de la ex Alpesca que siguen desempleados tras la decisión de Red Chamber de no reincorporarlos como efectivos. La propuesta fue rechazada por parte de los afectados e insisten en que el principal reclamo es la reincorporación laboral y no una salida económica.
La definición surgió de la reunión realizada el jueves pasado en la delegación madrynense de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro entre representantes del Ejecutivo, referentes del STIA y de la empresa, estos últimos por videoconferencia, se planteó indemnizar a 45 trabajadores, mientras que otros 35 quedarían supuestamente bajo responsabilidad de la firma. La reunión, lejos de cerrar el conflicto, profundizó el malestar del núcleo duro, que sigue denunciando abandono, precarización y falta de voluntad política para “obligar a la empresa a cumplir la ley”.
“No queremos que nos arreglen, queremos nuestro puesto de trabajo”, sostuvo Leonardo Román, miembro del STIA y uno de los ahora eventuales afectados. “La Provincia tiene poder sobre los bienes productivos de la ex Alpesca. Si Red Chamber está ocupando ese lugar, nosotros tendríamos que estar trabajando”.
Vale recordar que el conflicto tuvo un nuevo capítulo tras un encuentro casi de casualidad entre los trabajadores e Ignacio Torres en el Club Náutico. Allí, los manifestantes le expusieron al Gobernador la crítica situación que atraviesan y pidieron la intervención directa de la Provincia para acelerar los tiempos judiciales y exigir a la empresa el cumplimiento de la normativa laboral.
“Le pedimos que nos dé una mano porque los tiempos de la Justicia son larguísimos para nosotros”, relató Román a este medio. Como explicó en aquella oportunidad, Torres se comprometió a gestionar una reunión urgente, que finalmente se concretó varios días después.
Sin embargo, el encuentro dejó más frustraciones que respuestas. Red Chamber no envió representantes con poder de decisión y solo participaron, de manera virtual, los apoderados José Calandra y Eduardo César Navarro. “Esperábamos a alguien que pudiera resolver, pero no vino nadie de la empresa que pueda tomar decisiones”, señaló.
La propuesta dividida
Durante la reunión, la Provincia planteó como salida avanzar con indemnizaciones para parte de los trabajadores. Para muchos, la propuesta fue interpretada como un intento de cerrar el conflicto sin resolver el problema de fondo. “Uno de los compañeros dijo claramente: yo quiero mi puesto de trabajo, no quiero que me arreglen”, recordó Román. “Pero la solución que trajeron fue esa”.
El esquema propuesto deja a los trabajadores divididos. Algunos, con más de 30 o 35 años de antigüedad y próximos a jubilarse, evalúan aceptar la indemnización por necesidad. Otros quedan en una situación compleja; tienen los aportes completos, pero no la edad jubilatoria. “¿Qué hacen los próximos siete o diez años? ¿Cómo sostienen a sus familias?”, se preguntó.
El subsidio de Torres
En paralelo al conflicto, Torres firmó un decreto provincial el 12 de enero, mediante el cual se otorgó un subsidio de 33.500.000 pesos al STIA para asistir económicamente a 67 trabajadores que estaban ligados a Red Chamber, provenientes de la ex Alpesca. Cada uno recibió $500.000.
El beneficio fue solicitado formalmente por el secretario general del STIA, Luis Emilio Núñez, y autorizado tras la verificación de los datos de los beneficiarios a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Román confirmó que el subsidio fue efectivizado, aunque aclaró que se trata apenas de un paliativo. “En Madryn pagás luz y gas y no te queda nada. No alcanza para un alquiler. Muchos compañeros ya tuvieron que dejar sus casas y volver a vivir con familiares”, explicó.
El gremio había iniciado gestiones para solicitar un nuevo subsidio, ante la continuidad del conflicto y la falta de ingresos estables.
Fuera del sistema
Más allá del aspecto económico, los trabajadores advierten sobre el impacto social y humano del conflicto. Al quedar fuera del sistema laboral, perdieron la obra social y el acceso a prestaciones básicas.
“Hay compañeros con hijos con discapacidad, otros con enfermedades crónicas. Antes, trabajando, podían sostener tratamientos y dietas especiales. Hoy no”. A esto se suma el endeudamiento creciente: “Hay compañeros que ya deben 15 o 17 millones de pesos. Cubren una deuda con otra. Nos cagaron la vida”.
Un contrato que no aparece
Desde el grupo de trabajadores precarizados también cuestionan a la empresa por escudarse en el nuevo contrato firmado con la Provincia, tras la salida de Profand, que nunca fue puesto a disposición de los trabajadores.
“Mandamos notas al Gobierno, a Trabajo, a Pesca, a Fiscalía de Estado y al Superior Tribunal de Justicia pidiendo el contrato con Red Chamber. No nos lo entregan”, afirmó Román. “Después dicen públicamente que el contrato está disponible, pero a nosotros no nos lo dan”.
Mientras algunos trabajadores evalúan aceptar la indemnización por necesidad, otros continuarán el reclamo por vías judiciales. “Esto no termina acá. No es solo plata. Es nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestro futuro”, concluyó Román.
De momento el conflicto sigue dejando interrogantes sin respuestas. Por qué la Provincia asumiría costos que corresponderían a un privado y de dónde saldrán los fondos en un contexto de múltiples contingencias en la cordillera con los incendios y en Comodoro Rivadavia con el desplazamiento del cerro Hermitte. Por ahora, muchos siguen esperando una solución que no sea sólo económica, sino laboral.
Fuente: Revista Puerto