A través de la Resolución N° 85/2026, la Secretaría de Pesca de Chubut introdujo modificaciones significativas en el régimen del Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios. Esta medida, que actualiza la Resolución N° 62/2025, va más allá de un simple ajuste administrativo, ya que redefine las condiciones operativas para quienes trabajan dentro de los muelles y establece límites claros para la ocupación del suelo portuario.
Las modificaciones abarcan desde los plazos de inscripción hasta un nuevo esquema de aranceles y requisitos de solvencia para las empresas. En lo que respecta a la simplificación de trámites, se introdujo un criterio automático: aquellas inscripciones que se realicen dentro de los noventa días previos al vencimiento del período anual serán consideradas automáticamente válidas para el período siguiente. De esta manera, se reduce la carga burocrática para los operadores continuos.
En el plano económico, la norma redefine los cánones aplicables. La inscripción pasará a tener un valor equivalente a 0,3 módulos, mientras que la reinscripción se fijó en 0,15 módulos. Estos montos se determinarán en función del valor vigente del módulo establecido por el Poder Ejecutivo provincial al momento del pago, ordenando el sistema de cobros para los prestadores y empresas operadoras.
Otro cambio sustancial está vinculado a la acreditación de respaldo financiero. A partir de ahora, quienes busquen operar deberán demostrar respaldo suficiente mediante la presentación de estados contables, garantías, seguros de caución, avales u otros instrumentos equivalentes, introduciendo un filtro orientado a garantizar la capacidad real de los operadores.
Sin embargo, el núcleo de la reforma y el aspecto más relevante aparece en la definición del alcance del propio registro. La resolución deja expresamente establecido que la inscripción no otorga por sí sola derecho a la ocupación permanente de espacios dentro del ámbito portuario. En consecuencia, cualquier permanencia de elementos dentro del puerto deberá contar con la aprobación expresa de la autoridad competente, ya sea la administración portuaria correspondiente o la Dirección General de Puertos.
Esta aclaración introduce una separación concreta entre la habilitación para operar y el uso físico del espacio, un punto que suele generar conflictos en la dinámica diaria. Con este conjunto de cambios, la provincia avanza en un esquema que combina simplificación administrativa con mayores exigencias y controles sobre la actividad, buscando ordenar la operatoria y establecer reglas más claras para todos los actores portuarios.