Ciudad flotante pesca calamar. La presencia de una “ciudad flotante” de buques pesqueros extranjeros en el Atlántico Sur lindera a la ZEEA pone en evidencia el vacío jurídico y la falta de control sobre los recursos marinos, lo que representa una grave amenaza para la soberanía de Argentina y la sostenibilidad de los ecosistemas. Esta situación, exacerbada por la explotación desmedida de calamar y el apoyo logístico a las flotas extranjeras, refuerza la necesidad urgente de una regulación internacional más efectiva.
Cada año, una inquietante realidad se materializa en las inmediaciones de la milla 200 en el Atlántico Sur: una gigantesca “ciudad flotante” de aproximadamente 350 buques pesqueros extranjeros aparece para explotar, sin restricciones reales, los valiosos recursos marinos de la región. Estas embarcaciones, provenientes principalmente de China, Corea, Taiwán y España, operan en aguas internacionales, pero su presencia expone las graves deficiencias en la gobernanza de los océanos y representa una amenaza directa a los intereses soberanos y económicos de Argentina.
A pesar de los avances significativos en la extensión de su plataforma continental hasta las 350 millas náuticas, reconocida por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas en 2016, Argentina se enfrenta a un problema que parece incontrolable. Estas flotas extranjeras no solo aprovechan la falta de regulación en alta mar, sino que además operan con una logística sofisticada que les permite sostener su actividad durante meses, ignorando las consecuencias ecológicas, económicas y políticas de su accionar, ademas su solapado interés de ocupación de una zona estratégica lindera al paso natural de los océanos Atlántico y Pacífico como la proyección sobre la Antártida y los recursos que sus mares representan.
La explotación desmedida de recursos y su impacto
La región del Atlántico Sur es una de las más ricas en biodiversidad marina del mundo. Particularmente codiciada por sus abundantes poblaciones de calamar, esta zona se ha convertido en el epicentro de una pesca industrial que, según estimaciones de la propia flota extranjera que opera aguas linderas a la milla 200, supera las 900.000 toneladas anuales (algo así como 5 veces lo que se captura de calamar illex dentro de la ZEEA por buques de bandera argentina). Este nivel de extracción, sostenido por flotas con tecnología de última generación y una capacidad de bodega cada vez mayor, representa una presión insostenible sobre los ecosistemas marinos.
Lo más alarmante es que, mientras Argentina hace esfuerzos significativos para proteger estos recursos dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), las embarcaciones extranjeras operan a escasos metros de sus límites jurisdiccionales sin ningún tipo de control. Estas prácticas no solo amenazan con agotar los recursos vivos en alta mar, sino que también afectan las poblaciones de especies que migran hacia aguas argentinas, perjudicando la economía y la seguridad alimentaria del país.
Un vacío jurídico que perpetúa la inequidad
El artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR ) otorga a los Estados ribereños derechos exclusivos sobre los recursos del lecho y el subsuelo marino en la plataforma continental extendida. Sin embargo, este reconocimiento no incluye los recursos vivos en la columna de agua más allá de las 200 millas. Esta omisión jurídica crea un vacío que permite a las flotas extranjeras operar sin restricciones, explotando un recurso común sin rendir cuentas a ninguna autoridad.
Para agravar la situación, las capacidades de fiscalización y control de Argentina son limitadas frente a la magnitud del desafío. La vigilancia de un territorio marítimo tan extenso requiere inversiones masivas en tecnología, infraestructura y personal especializado, algo que el país aún no ha podido implementar de manera efectiva a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina que en forma continua patrullan y custodian el limite de esa zona. Mientras tanto, los buques pesqueros extranjeros continúan operando con total impunidad, apoyados por una red de logística en alta mar que incluye transferencias de cargas a una flota de reefers, suministro de combustible y cambios de tripulación.
La complicidad de puertos como Montevideo, en Uruguay, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, agrava aún más la situación. Estas instalaciones brindan apoyo logístico fundamental a las flotas extranjeras, facilitando sus operaciones en alta mar y desafiando los esfuerzos argentinos por ejercer un control efectivo sobre sus recursos.
A esta compleja situación se añade la preocupante inclinación de algunas provincias, como Santa Cruz, a fomentar acuerdos que podrían comprometer la soberanía nacional. Un ejemplo alarmante es el convenio firmado a finales de octubre, que permite al entramado chino establecerse en ubicaciones estratégicas cercanas, diseñadas para proporcionar apoyo logístico a las flotas extranjeras, a cambio de inversiones y la creación de empleos en la región.
Desde una perspectiva de soberanía, esta dinámica resulta inquietante, ya que implica otorgar acceso a puertos, infraestructura logística e incluso astilleros de reparación a una flota que opera en zonas limítrofes a la jurisdicción argentina. Este tipo de acuerdos, que parecen enfocarse únicamente en beneficios económicos inmediatos, contrasta con la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto geopolítico cada vez más sensible.
La idea de ceder infraestructura clave para sostener las operaciones de estas flotas extranjeras, a cambio de inversiones, pone en riesgo no solo los recursos estratégicos del país, sino también su capacidad para ejercer un control efectivo sobre una región de enorme valor económico y político. Este enfoque, por momentos, parece desafiar los principios fundamentales de soberanía y proyección territorial en el Atlántico Sur.
Además, la disputa de soberanía con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur añade una capa de complejidad geopolítica. El reconocimiento de la plataforma continental extendida por parte de la CLPC excluye expresamente estas áreas en conflicto, lo que limita la capacidad de Argentina para ejercer sus derechos soberanos en un territorio que considera propio.
La presencia de esta “ciudad flotante” en la milla 200 no es solo una cuestión de recursos económicos, sino una señal preocupante de la fragilidad de la soberanía en el Atlántico Sur.
Si esta explotación descontrolada continúa, las consecuencias serán devastadoras: colapso de las poblaciones de especies marinas, pérdida de ingresos para las comunidades pesqueras locales, deterioro de los ecosistemas marinos y un debilitamiento de la posición de Argentina en el escenario internacional ademas de una competencia desleal de especies que comparten los mismos destinos de consumo con costos absolutamente distintos por ser generado al margen de toda ley.
Estas operaciones de captura de recursos del Atlántico Sur no solo afecta a Argentina, sino que plantea una advertencia global sobre la necesidad urgente de fortalecer los marcos jurídicos internacionales que regulan la pesca en alta mar. Sin un esfuerzo concertado para abordar este problema, la sostenibilidad de los océanos y el futuro de millones de personas que dependen de ellos estarán en peligro.
Mientras tanto, cada temporada, la “ciudad flotante” crece, como un recordatorio inquietante de un problema que, aunque conocido y discutido, sigue lejos de resolverse. El Atlántico Sur se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen en recintos internacionales definirán si esta región puede ser protegida o si sucumbirá al saqueo silencioso de sus recursos.