Los Estados que sostienen a la flota furtiva y los tres subsidios que la hacen artificialmente viable.
El 97% del esfuerzo pesquero global es realizado por países desarrollados, y el 86% cae en manos de solo cinco países: China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, y España, según da cuenta una investigación de la publicación Science Advances.
Cuatro de estos cinco conforman la flota de pesca furtiva basada al borde de la milla 200 de Argentina. También lo hacen en la milla 200 de Brasil y Uruguay, en menor medida, pero con sus mismos efectos; estos dos estados no lo han percibido aún, si es que lo quisieran percibir.
Perú y Colombia lo han percibido, Ecuador es cómplice como Uruguay, y así se manejan los países de nuestra región. Para describirlos en una clasificación simple:
Cómplices que dan apoyo a flotas furtivas con antecedentes de pesca INDNR (Ilegal No Declarada y No Reglamentada) y esclavitud a bordo: Uruguay, Ecuador, Perú.
Víctimas de pesca INDNR: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay.
Algunos estados no han demostrado voluntad suficiente de cuidar sus propios recursos, soberanía ni economía. Es difícil que lo hagan por los intereses del resto de los países sudamericanos o el medioambiente marino en aguas internacionales, a menos que exista suficiente presión pública y conocimiento del tema.
Volvamos a los cuatro países altamente desarrollados y del Hemisferio Norte que saquean los mares, especialmente los que circundan a América del Sur: China; Taiwán; Corea del Sur y España, auspiciada por la Unión Europea.
Las flotas de estos países son subsidiadas por sus estados de bandera y por las tripulaciones esclavizadas. El menor costo de operación lo pagan por un lado los contribuyentes de ese país, y por otro, la salud y la muerte de miles de personas de países en situaciones sociales desesperantes que sufren explotación a bordo.
El tercer subsidio: el incentivo a delinquir
Pero existe también un tercer incentivo a estas flotas, que no es tenido en cuenta. Este incentivo es el “administrativo” o de “des-control”, por el cual los estados de bandera incentivan la sobrepesca y la pesca INDNR, no controlando dónde ni cómo pescan, obligando a operar durante un período mínimo de días al año para poder acceder al subsidio, enviando los “permisos” de pesca por email al capitán del barco, por cantidades ilimitadas de especies de las que ni siquiera estudian su situación, no controlando las condiciones de vida a bordo, los contratos laborales, etc, etc, etc.
Este tercer incentivo podría también llamarse el “incentivo a delinquir”, ya que el mismo incentiva a que sus flotas depreden, esclavicen y violen la soberanía de terceros países, sin por ello recibir sanción ni restricción alguna.
Para la Unión Europea/España no se contempla que la destrucción ambiental y la pesca ilegal sea un delito. Cada uno de sus barcos con largo historial de sanciones por falsificar captura, realizar pesca INDNR, entre otras actividades ilícitas, sigue operando como si nada hubiese ocurrido y son premiados con nuevos permisos de pesca, ilegal y destructiva. Basta solo con analizar el caso del Playa de Pesmar Uno, capturado por pesca ilegal por la Prefectura Naval Argentina en 2018 y su largo prontuario previo.
En el caso de los chinos, taiwaneses y coreanos la esclavitud no es un delito y sus barcos son reincidentes en descargar tripulantes muertos en Montevideo por las condiciones de vida a bordo, las que deberíamos llamar “condiciones de muerte a bordo”.
A pesar de ser una obviedad que estas flotas no podrían operar de manera económica y ambientalmente sostenible sin estos subsidios, este hecho está demostrado hasta matemáticamente, en un informe de Science Advances.
La política pesquera de estas naciones es simple y explícita: depredar los océanos en una carrera por llevarse hasta el último pez.
Es difícil que alguien ajeno al tema pesquero pueda comprender que la pesca industrial ilegal y destructiva de países desarrollados en África y Sudamérica es subsidiada.
Parte de la solución
Una herramienta fundamental para acabar con la pesca INDNR y destructiva en el Atlántico Sur es la prohibición global de los subsidios.
Esta prohibición es parte del ODS 14, un compromiso asumido por 193 jefes de Estado, ratificado en la Cumbre de la ONU de 2015, que literalmente pone como plazo para el cese de los subsidios al año 2020, y su instrumentación a través de la OMC.
El plazo ya venció, si se tiene en cuenta que debería haber entrado en vigor este año.
La próxima cumbre de la OMC será en junio de 2020 en Kazajstán. Es necesario que los estados de la región mantengan una sólida postura para terminar con los subsidios a la pesca ilegal y destructiva, no solo para evitar el colapso de las pesquerías en alta mar y proteger a las economías costeras regionales, sino por el consiguiente colapso de los ecosistemas marinos y sus efectos aún más devastadores sobre el planeta.
(*) Especialista en Conservación Marina . Círculo de Políticas Ambientales.
