Conflicto pesquero paritarias ajuste. Las negociaciones paritarias con las tripulaciones este año se presentan más complicadas que nunca. La intención de las cámaras que nuclean a los barcos congeladores de reducir en un 30% el costo laboral no sólo alcanza a los marineros agrupados en el SOMU sino también a todos los gremios marítimos. El Simape en Mar del Plata dio inicio a las negociaciones con las cámaras empresariales y la Asociación de Capitanes, que ya tuvo una reunión con CAPIP, envió una nota al Jefe de Gabinete intentando ser escuchados en su pedido de eliminación del impuesto a las ganancias, que podría representar una solución al conflicto.
Pablo Trueba, secretario general del Simape, el gremio que nuclea a los marineros, informó que la semana pasada abrieron expediente de las paritarias 2025 en la regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo para el sector fresquero: “Convocamos a CAPA, la Cámara de Armadores y CAIPA, no tenemos nada claro a futuro, pero sí ya manifestamos que no vamos a aceptar ningún tipo de rebaja salarial y el resto de los gremios, creo, va a estar en la misma sintonía”.
Puntualmente sobre el sector de congeladores, que en el caso del gremio tiene convenio firmado con CEPA, ha señalado el dirigente que tampoco aceptarán ningún tipo de ajuste: “Si el SOMU o cualquier otro gremio firma a la baja, nosotros no vamos a acompañar, la baja salarial no la vamos a aceptar en los fresqueros ni en los congeladores. Hace tres años tuvimos una situación parecida y amén de que el SOMU había aceptado la baja, nosotros no lo convalidamos con CEPA. Aunque acompañe cualquier otro gremio nosotros no vamos a acompañar ninguna baja salarial”.
Por su parte Jorge Frías que, a decir del sector empresario manifestó comprender la crítica situación del sector, tras reunirse con las cámaras del sector congelador, ha enviado una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicando el conflicto en ciernes que genera la falta de rentabilidad, las pretensiones del sector empresario y las alternativas que encuentra la Asociación para evitar que las negociaciones se dilaten más allá de lo razonable.
Además de informar sobre el pretendido ajuste, Frías hace referencia en la nota a las variables económicas que complican la situación de las empresas, el efecto indeseado de no considerar a la actividad como economía regional para la eliminación de retenciones y, en cuanto a las tripulaciones, ha indicado que el impuesto a las ganancias representa una merma salarial que afecta fuertemente los ingresos netos de los tripulantes pescadores.
“Siempre sostuvimos que no se nos debería incluir en la cuarta categoría. Eliminarlo sería lo correcto, pero entendemos aceptable la restitución de las exenciones otorgadas con acuerdo tripartito entre el Estado, las empresas y asociaciones gremiales en el 2023”, señaló Frías en conversación con este medio y agregó que el convenio que tienen con las cámaras les permite adecuar distintas alternativas válidas.
Si el impuesto a las ganancias fuera eliminado para los trabajadores de la pesca, la solución al conflicto estaría dada, siendo que los tripulantes recuperarían parte de la masa salarial que se lleva el Estado, compensando de esta forma la disminución en los ingresos que generaría el ajuste propuesto por las cámaras.
Si algo así ocurriera, dice Frías que de todas maneras sería necesario discutir el porcentaje de ajuste a la producción: “El 30% claramente debe ser negociable, si no, estaríamos ante una imposición, con lo cual es conversable en función de la coyuntura y la respuestas que dé el gobierno”.
Sin embargo, las posibilidades de que el gobierno escuche al sector, que esté dispuesto a recibir una comitiva de empresarios y trabajadores y que además traccione medidas tendientes a resolver el conflicto, son tanto o más improbables que una resolución en el mediano plazo entre empresarios y tripulantes, publicó rp.
“Si tampoco logramos el diálogo con el gobierno, nuestra decisión será atender las reacciones en general. Según que hagan las empresas y que hagan SOMU y SICONARA, ya que la intención de reducir el valor del kilo de langostino congelado no es una situación exclusiva de capitanes de pesca. Pero actuaremos siempre bregando por el diálogo”, dice Frías ante el planteo de la posibilidad, altamente probable, de que el gobierno de Javier Milei no los escuche.
La discusión que se está planteando en este momento es de las más difíciles que ha debido enfrentar el sector pesquero. Reducir ingresos es algo que nadie está dispuesto a aceptar y no existe gremio dispuesto a asumir el costo que esto significa; solo empujado por las bases podrían terminar accediendo.
“La solución no está en manos de los gremios ni de las cámaras”, señalaba ayer un operador del sector, que ve como única alternativa posible que el acuerdo se termine dando entre las empresas y sus tripulantes, situación que estaría dada por la imposibilidad que manifiestan los dueños de los barcos de salir a pescar en las actuales condiciones.
La temporada de langostino en aguas nacionales ya ha comenzado y los barcos no salen a pescar, ni lo harán hasta tanto los costos laborales dejen de representar el 60% de la producción del barco, según han manifestado. Las negociaciones recién comienzan, pero el panorama es muy complicado y todo indicaría que la solución tardará en encontrarse. Las empresas aspiran a lograrlo, al menos para el mes de mayo, cuando se abra la zona de veda de merluza para la pesca de langostino.