Empresas del sector analizan recurrir a la figura del procedimiento preventivo de crisis luego que venza la prohibición de despidos ordenada por decreto. Con una fuerte retracción de los mercados y baja de actividad se vienen por delante las nuevas negociaciones paritarias, indicó REVISTA PUERTO:
La pesca no es ajena al complejo escenario que atraviesan todas las actividades productivas cruzadas por la paralización global de la economía y se avecinan negociaciones paritarias que tendrán parámetros diferentes de discusión. La inflación no experimenta una merma y continúa licuando el poder adquisitivo, pero la retracción de la actividad ha hecho que varias empresas del sector empiecen a analizar tener que recurrir a la figura del Procedimiento Preventivo de Crisis.
La apertura del PPC es solicitada por el empleador ante el Ministerio de Trabajo de la Nación a los fines de que el mencionado organismo examine si es procedente dicho pedido y si concurren causas que justifican la misma.
Se considera que tiene justa causa la suspensión o reducción de personal cuando se deba a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.
No obstante, ese instrumento hoy no es aplicable, teniendo en cuenta que, desde comienzos de abril, el gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, estableció la prohibición por 60 días de «los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», como así también las «suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo». Y es de prever que esa prohibición de despidos por dos meses pueda ser prorrogada por otro plazo similar.
La retracción de las ventas por la abrupta caída de los mercados internacionales, coloca a empresas del sector pesquero en situación compleja en el corto plazo. Desde el Estado nacional se ha anunciado una batería de medidas tendientes a amortiguar el impacto de la crisis, y en ese marco se conoció en las últimas horas que son más de 420 mil los empleadores, de todo el país y de todos los rubros, que se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para recibir ayuda del Estado.
Asimismo, finalizado el proceso de inscripción y carga de información económica, se comenzó la etapa de evaluación para determinar cuáles son los beneficios estatales a los que podrá acceder cada empresa.
Las herramientas previstas en el programa permitirán atemperar el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la actividad económica. Los empleadores que solicitaron asistencia estatal para pagar salarios representan al 82% del total de empresas privadas del país, reveló la AFIP, lo que muestra la gravedad de la actual coyuntura económica.
De este modo, el Estado argentino realiza un aporte para garantizar el pago de los salarios del sector privado. Quienes solicitaron asistencia estatal son empleadores de todos los sectores: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas podrán acceder a los beneficios.
Desde la AFIP aseguran que siete de cada diez empleadores registrados ya accedieron a la prórroga por dos meses de las contribuciones patronales correspondientes a marzo que se pagan en abril.
Frente a este contexto, la pesca deberá abrir negociaciones paritarias, en los próximos meses, con los sindicatos de la alimentación para el personal de las plantas de procesamiento, como con los gremios marítimos. En el caso de Chubut, el acuerdo salarial entre las pesqueras y el STIA rige hasta el 31 de mayo. Y en los últimos años se pautaron las actualizaciones sobre la base de la evolución inflacionaria y con ello se garantizó la paz social. Con este nuevo escenario global habrá que ver qué parámetros se ponen arriba de la mesa.
