Crisis en la pesca argentina. “No voy a bajar los brazos”, dice Pablo Otegui que trabaja desde hace más de veinte años en el grupo empresario encabezado por los Contessi, dirigiendo el destino de Veraz junto a Federico Angeleri, tercera generación de la empresa familiar.
Acaban de presentar una nota al Sindicato de la Alimentación informando que necesitan llegar a un acuerdo para procesar merluza y evitar un procedimiento preventivo de crisis que les permita gestionar suspensiones y hasta despido de personal, porque no hay forma de que le den los costos. Pescar y procesar la merluza tiene un costo de 3.400 dólares y el precio de exportación es de 3.000 dólares.
Dice Pablo Otegui: “Invito a hacer números a cualquiera, saquemos el rendimiento de lo que va dentro del molde, compremos el nylon y el cartón, paguemos al que lo mete y lo saca de la cámara y lo carga en el camión, paguemos los derechos, la prefinanciación de exportaciones y después paguemos la mano de obra para hacer ese filet, te da entre 3.400 y 3.500 dólares. Cuando se cobre, además, hay que descontar los derechos de exportación”.
Federico Angeleri es una persona que siempre intenta mantener una postura optimista, pero esta vez su cara refleja frustración. La misma expresión que mostró su tío, Domingo “Vito” Contessi, antes de fin de año, cuando desde la ventana de la oficina que siempre usó su padre, miró el astillero funcionando y balbuceó: “Esto, así, no lo vamos a ver más…”
Hace 75 años nació el Astillero Contessi y en 1987 ingresaron al negocio de la pesca con tres sociedades en las que participaron como socios, capitanes y jefes de máquinas. Una de ellas fue Pesquera Veraz, que luego daría nombre al grupo empresario. El año pasado vendieron su fábrica y traspasaron a los 120 empleados en relación de dependencia, varios con más de 20 años de antigüedad. Nunca utilizaron cooperativas, aunque en Mar del Plata todo estaba permitido. Se trata de un modelo de empresa de las que la Argentina se enorgullece, la cultura del trabajo y el progreso los representa. Verse obligados a reducirse en lugar de crecer no es menor para ellos.
El aviso que acaba de dar Veraz al sindicato sobre una posible solicitud de un procedimiento preventivo de crisis es un manotazo que están dando antes de ahogarse. Angeleri se ve incómodo con la situación. Le pregunto si los sueldos son la variable de ajuste para que den los costos y me dice que no solamente, que no es la única y que están intentando bajar costos en todos lados, que los proveedores en algunos casos cobran tres veces más caro dentro del puerto que fuera de él y que eso también hay que resolverlo; pero Pablo Otegui, el que lleva todo el día los números en la cabeza, le rompe las esperanzas de no tener que llegar a la baja de sueldos, cuando le recuerda que “entre el barco y la planta el 70% del costo de la merluza es mano de obra”.
Para Otegui el problema comenzó en 2021 cuando la inflación y el atraso cambiario alteraron las negociaciones paritarias. Tanto este gobierno como el anterior decidieron usar el atraso cambiario como herramienta para contener la inflación; y en todo este tiempo la pesca fue dando aumentos por inflación que superan largamente al aumento del precio del dólar obtenido por las exportaciones.
En el caso puntual de Veraz, que opera en Rawson, sus paritarias además quedaron atadas al Convenio firmado entre CAPIP y el STIA para el procesamiento de langostino, debiendo aplicarse los mismos factores de producción para la merluza, una especie de un valor muy inferior.
“Por convenio, un descabezador de langostino está ganando 4 millones de pesos, al empresario le cuesta casi 7 millones”, cuenta Otegui. Este fue el convenio que firmó CAPIP para el procesamiento de langostino, que algunas empresas como Veraz criticaron en su momento y ahora volvieron a hacerlo a través de la nota que enviaron al gremio.
“Hoy observamos con preocupación que, incluso en plena temporada, se hace difícil cumplir con los acuerdos firmados por la CAPIP para la especie langostino, que para cualquier otra opción mencionada son totalmente inviables”, indicaron la nota dirigida al secretario general del STIA, Luis Núñez.
“Si nosotros le llevamos este problema a Milei nos va a decir: jodete. Es nuestro problema haber otorgado esos salarios, pero los impuestos, las retenciones, los ponen ellos, el precio del gasoil también…” dice Otegui.
La empresa alquiló en 2023 una planta que anexaron a la producción de su fábrica histórica de Rawson para procesar langostino fresco y reforzar la capacidad de frío de Bonasur. Pero cuando la rentabilidad del langostino comenzó a caer, decidieron comenzar a procesar merluza y convirtieron a la planta en una escuela de capacitación. Trabajaron en ello junto al STIA y el Ministerio de Trabajo, logrando capacitar a 80 fileteros.
Aproximadamente la mitad se quedó trabajando en la planta y para ello celebraron un acuerdo con el gremio específico para merluza, pero fue muy difícil de sostener porque los obreros no lo aceptaban, dado que el convenio de CAPIP les era más beneficioso. Hoy “para poder persistir”, dirá Federico Angeleri, han invitado al gremio a revivir ese convenio y volver a procesar merluza.
“Bajo todos los medios estamos intentando no producir suspensiones y despidos. pero lo vemos muy complicado si no podemos acordar condiciones laborales distintas; el problema no solo es con los obreros de planta, con el gremio de la estiba la situación es muy grave y con los demás gremios también, los obreros de planta son los más numerosos, es el último eslabón del proceso y es por donde se termina cortando el hilo”.
“Hemos avalado muchas cosas porque el negocio las podía pagar, pero hoy la realidad es otra completamente distinta, algunas cosas las estamos acomodando, pero los sueldos son un tema muy difícil, quién quiere que le bajen el sueldo”, dice Angeleri.
A pesar de que la cooperativa está entrando en la pesca patagónica con el aval de los gobiernos, en Veraz no lo plantean como una alternativa. Tienen claro que las ventajas para el empresario son muy superiores, que se convierten en una competencia desleal para ellos, pero que, si no se pueden discutir convenios, se volverá también una condena para los trabajadores y el gremio, publicó rp.
“El filero de la cooperativa cobra 320 pesos de bolsillo el kilo, aproximadamente 70 mil pesos por día. En relación de dependencia, para que le queden 350 de bolsillo por kilo debemos desembolsar entre el coeficiente, cargas sociales y vacaciones, unos 800 pesos por kilo. Esa es la diferencia entre la cooperativa y la relación de dependencia. Tenemos un socio que es el Estado que no lo podemos tocar”, afirma Otegui.
REVISTA PUERTO: Se tiene la idea de que, con el rendimiento que da un filetero respecto de una máquina, éste se paga solo; de hecho, Cristina Ledesma, del SOIP, lo ha dicho.
PABLO OTEGUI: Porque no paga cargas sociales. nosotros tenemos 200 fileteros y lamento decir que en breve no habrá más y no hablo de nuestra empresa, sino en general, es un negocio que se termina porque el congelado a bordo lo ha superado y no hay como competir, no hay premio por trabajar en tierra para el que genera valor agregado.
La situación de Veraz no es un caso aislado. “Muchas empresas se están fundiendo y todavía no se enteraron”, dice Otegui y las noticias del cierre de SurTrade y la reducción de carga horaria de Pampa Fish parecen tristemente comenzar a confirmarlo. El gobierno, desde su llegada, ha atacado al sector, al que ahora, mientras se desangra, presiona con impuestos y observa impávido la caída sin arrojarle siquiera la soga de la quita de retenciones, como hace con otros sectores.
“Me pregunto qué hay detrás, qué están buscando, me resulta difícil creer que esto es inocente”, concluye Pablo Otegui con una visión muy pesimista del futuro de la industria pesquera, de la cual a su entender se salvarán muy pocos, “los que tengan congeladores y, por un corto tiempo, quienes tengan poteros”.