Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca, pidió modificar la legislación para revertir la situación. “Es un verdadero delito de lesa humanidad”, aseguró.
En los últimos tiempos, la actividad pesquera en el Atlántico Sur ha sido noticia en forma reiterada. Los naufragios de los buques pesqueros Repunte y Rigel -con su secuela de muerte y misterio acerca de las verdaderas razones de sus respectivos siniestros- conmueven aún hoy a la sociedad marplatense. Por otra parte, una seguidilla de operativos de la Prefectura Naval para capturar pesqueros piratas que depredan la zona económica exclusiva llama la atención acerca de la necesidad de dotar de recursos a las fuerzas que custodian las riquezas marinas del país.
Pero si el dato de algunos centenares de toneladas robadas por buques extranjeros furtivos indigna, cuál será la reacción de la sociedad al tomar conocimiento de que cada día los barcos pesqueros legalmente habilitados para capturar peces en el mar devuelven a las aguas el 40% de lo que sus redes recogen. ¿El motivo?Ese volumen corresponde a especies ictícolas que no son las que las empresas pesqueras dueñas de los buques ordenaron a sus tripulantes capturar.
Desidia, falta de interés por parte de las autoridades del área, interés de los empresario por maximizar ganancias y una legislación pesquera inadecuada son algunos de los factores que hacen que los pesqueros argentinos sean mucho más depredadores que la más pirata de las flotas extranjeras. Y todo ello ante la imposibilidad de que los profesionales del mar que operan los barcos de pesca puedan hacer algo por evitarlo.
Jorge Frías es algo más que un capitán de pesca: es un sobreviviente de la dura y riesgosa vida del pescador. Fue víctima del naufragio del buque pesquero Sheriff 1º, incidente en el cual perdió la vida su hermano, también pescador. Hoy Frías ocupa el cargo de secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca. En un extenso diálogo con Infobae, descorre el velo de una realidad preocupante: “Los argentinos nos damos el lujo de tirar miles de toneladas de comida al mar, mientras que muchos compatriotas pasan hambre”.
—¿Cuáles son los datos duros más relevantes de la actividad pesquera nacional?
—Entre 500 y 600 buques pesqueros se encuentran habilitados para pescar en distintas áreas fijadas por la autoridad pesquera nacional y lo hacen sobre distintas especies según los permisos que poseen. En este momento, el grueso de la actividad extractiva se centra en el langostino, lo que genera conflictos y rispideces fruto de una falta de políticas adecuadas para ordenar la actividad. No existe un enfoque ecosistémico en el sector. En 2018 se capturaron 220.000 toneladas solo de langostino, por un importe equivalente a 2.500 millones dólares, y a esto hay que agregar otras especies que totalizaron una captura en el año de 800.000 toneladas de las cuales el 40% se descarta sin que a nadie le importe. La actividad pesquera genera puestos de trabajo directos para unos 25.000 pescadores a los que hay que agregar la mano de obra indirecta (empleada en las plantas procesadoras y distribuidoras en tierra) que ronda la misma cantidad, es decir unas 50.000 familias viven de la actividad.
Entrando en el nudo de la controversia que enfrenta a pescadores y funcionarios nacionales, Frías no vacila en hacer suyas las palabras del senador nacional Pino Solanas, al reflexionar: “El desperdicio atroz que se realiza en relación con los recursos pesqueros es un verdadero delito de lesa humanidad, ya que se está privando a cientos de miles de argentinos, de la posibilidad de alimentarse cada día”.
—¿Porque se descarta semejante cantidad de alimento?
“Los pescadores estamos cautivos de una sumatoria de hechos graves. Por un lado, la legislación pesquera vigente otorga a cada empresa permisos de pesca para operar en determinadas zonas y sobre determinadas especies. Así las cosas, si un buque salió al mar a pescar langostino y regresa con langostino y merluza en sus bodegas, la autoridad pesquera controla que esa especie agregada (la merluza en este caso) no exceda el 10% del volumen de la especie que se salió a pescar. Si se excede ese margen, el capitán es sancionado por pescar un recurso no autorizado”, explicó Frías.
En este punto, y tal como lo muestran las imágenes del documental Descarte ceroque la misma Asociación de Capitanes de Pesca ha producido, los propios marineros se ven obligados a arrojar al mar grandes volúmenes de pescado capturado en sus redes para no exceder ese exiguo margen que la ley fija.
Y agregó Frías: “Hay otro problema: el empresario que espera ver su bodega llena de langostino, que tiene un valor de comercialización alto, no desea recibir una especie de menor valor en su planta y cuando un capitán se niega a tirar alimento al mar no solo se arriesga a ser sancionado por la autoridad de aplicación, sino que además suele perder su trabajo más temprano que tarde”.
Son varias las razones por las cuales se producen estas “capturas no deseadas” sobre especies que no son las buscadas. Uno de los motivos más comunes es lautilización de “artes de pesca”(redes) inadecuadas, dado que la autoridad de aplicación es bastante laxa con los controles sobre las mismas. Asimismo, durante la gestión del actual subsecretario de Pesca se redujeron a su mínima expresión las presencias de inspectores de pesca a bordo de los buques durante las travesías. Una medida que al día de hoy sigue generando polémica en el sector.
Hace un par de días, el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, arremetió contra los pescadores profesionales: los responsabilizó por la exagerada cantidad de pescado que es desperdiciado en cada marea (ciclo que va desde que el barco sale de muelle hasta que regresa cargado a puerto).
Frías respondió con dureza: “Argentina tiene una extensión marítima enorme equivalente a un tercio de su superficie continental, el mar genera una riqueza fenomenal que lamentablemente los que han tenido la responsabilidad de cuidarla no lo han hecho en el pasado y no lo hacen en la actualidad. Cuando un funcionario de jerarquía nacional pretende culpar a los trabajadores sobre temas tan delicados como este, resulta cuando menos llamativo”.
Y sostuvo: “Hace más de diez años que la asociación que encabezo viene desarrollando campañas de concientización en materia de aprovechamiento del recurso pesquero. Participamos en seminarios en el país y en el exterior, hemos hecho un libro dedicado a la temática de la pesca sustentable, con un enorme esfuerzo hicimos una película con la participación de especialistas en la materia y venimos proponiendo cambiar la forma en que se pesca en el país, sin que se nos preste atención. El subsecretario miente, él sabe que con la legislación vigente nada puede hacerse para evitar este verdadero delirio que es arrojar comida al mar”.
Más allá de la controversia coyuntural, el sector pesquero reconoció que desde el sindicato de pescadores se viene bregando por la necesidad de reducir los descartes a cero. La propuesta gremial se basa en la posibilidad que el pescado acompañante a la especie deseada por cada empresa pesquera, sea llevado a las plantas de procesamiento, para ser transformado y envasado como alimento.
“Si la ecuación económica no cierra para los empresarios, habrá que buscar la manera en conjunto con el Estado Nacional para que las cuentas cierren para todos. Todo tendrá una solución mejor a la que brinda el actual escenario en el que si llegamos a puerto con pescado no deseado nos castigan y si lo tiramos al mar somos los depredadores del recurso ictícola”, sentenció Frías.
Frías también se pronunció sobre el reciente DNU que fija un plazo de 20 años para que ninguna empresa pesquera tenga buques operativos con más de 40 años de antigüedad (actualmente hay buques que en algunos casos orillan los 70 años de servicio).
“Obviamente que no compartimos el criterio utilizado por el PEN, la medida ha sido tomada a partir de las recientes tragedias sufridas con los hundimientos del Rigel y el Repunte, pero no nos resulta admisible plantear que armadores que hace décadas obtienen suculentas ganancias operando buques obsoletos, ahora tengan que ser ‘ayudados’ con fondos públicos para renovar su flota. Además es un contra sentido haber promulgado un decreto de Necesidad y Urgencia y al mismo tiempo dar un plazo de 20 años para que se vea algún cambio”, explicó.
Por último, volvió a llamar la atención sobre la formación que los futuros oficiales pescadores reciben en la Escuela Nacional de Pesca. Al decir del dirigente gremial, los planes de estudio y el adiestramiento que la Armada Argentina imparte en el instituto distan mucho de lo que la Organización Marítima Internacional a reglamentado en materia de formación y titulación de los tripulantes de buques pesqueros.
Infobae
