La escena del viernes por la noche tuvo más de cubierta cerrada que de acto institucional. Puertas adentro, con un auditorio reducido y clima de arenga, la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) avanzó con la apertura de urnas y el escrutinio de los votos aun cuando pesaba una orden judicial expresa que había suspendido las elecciones. En ese marco, Raúl Durdos se autoproclamó ganador —y, por ende, reelecto— en un proceso que, por su propia naturaleza, parece haber nacido con un defecto difícil de subsanar, la sombra de la nulidad.
El dato que vuelve imposible mirar el episodio como una mera disputa gremial es el punto de partida jurídico. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dispuesto frenar el proceso electoral “hasta tanto se resolviese la cuestión de fondo”, esto es, las irregularidades denunciadas por listas opositoras. La resolución —ratificada y reforzada con advertencias posteriores— no fue acatada. Lejos de detener la maquinaria electoral, el sindicato continuó con la votación en seccionales de todo el país y, finalmente, coronó la secuencia con el conteo de sufragios.
Un comicio con un único casillero habilitado
En la categoría de Secretariado Nacional, el cuadro ya era de por sí singular, la Junta Electoral solo había oficializado la Lista Naranja 22, que postulaba a Durdos para su segunda reelección. Dicho de otro modo, la elección de la conducción nacional se encaminó con un único oferente formalmente habilitado. En cualquier democracia interna —sindical o de otro tipo— la sola ausencia de competencia real enciende preguntas; pero aquí el interrogante se agranda, porque la discusión de fondo no era política sino legal; la Justicia había ordenado frenar el comicio.
Por eso, el acto de autoproclamación no solo cargó con la tensión del conflicto interno, sino con una cuestión administrativa decisiva, aun si existieran números que pudieran exhibirse como “victoria”, eso necesita traducirse en validez institucional.
En el mundo real del derecho laboral, los resultados no viven solo en un micrófono ni en un aplauso, requieren reconocimiento por parte de la autoridad de aplicación y, sobre todo, no pueden nacer de un procedimiento suspendido.
“A los traidores, ni justicia”: el discurso que expuso el clima
Si el recorrido jurídico dejaba el terreno inflamable, el discurso lo volvió explícito. Durdos celebró que “ganamos en casi todos los rincones del país” y se adjudicó un mandato hasta 2029. El tono no fue conciliador. Apelando a una frase trillada, dijo: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”, y lo tradujo al lenguaje del momento con una sentencia que encendió la grieta interna: “A los traidores, ni justicia”.
Después, llevó la metáfora al territorio que mejor conoce el sindicato, el mar. Argumentó que cuando “el barco está bien… todos acompañan, pero cuando está a los tumbos, aparecen las ratas que se escapan primero”. No identificó destinatarios concretos, aunque el mensaje pareció dirigido a quienes impulsaron la judicialización del proceso y a los sectores que, aun dentro del gremio, cuestionan la conducción.
La paradoja —y a la vez el corazón del problema— es que en esa misma arenga se evidencia el cortocircuito institucional: se habló de lealtad y palabra empeñada mientras se desconocía un mandato judicial vigente.
Multas diarias y un expediente que crece
Según lo ya resuelto por la Cámara, el sindicato se exponía a sanciones económicas por cada día de incumplimiento, en cifras millonarias. Ese detalle no es menor, cuando una instancia judicial advierte con multas diarias, no está “opinando” sobre un conflicto; está marcando la línea roja entre un desacuerdo litigioso y la desobediencia frente a una orden.
A la vez, el expediente no se limita a la mecánica electoral. Se incorporaron denuncias adicionales —incluidas referencias a episodios de violencia contra dirigentes opositores— que amplían el perímetro del conflicto. En estos casos, la Justicia no solo mira el acta y el padrón; también observa el entorno en que se desarrolló el proceso, las garantías para fiscalizar y la posibilidad real de competir.
Un elemento, repetido por sectores críticos, resulta especialmente sensible: se afirma que el proceso se habría desarrollado con fiscales exclusivamente del oficialismo en distintas seccionales. Si esa circunstancia se comprobara, el escrutinio quedaría todavía más debilitado, porque la fiscalización es a una elección lo que el control de bodega a un barco: si no existe, el viaje se vuelve un acto de fe.
Puerto Madryn: la excepción que abre otra disputa
Dentro de un panorama donde el oficialismo asegura haber triunfado “en casi todos los rincones”, aparece un dato que rompe el mapa, en Puerto Madryn, la Lista 100 Azul habría superado a la conducción por un voto. Ese mínimo margen, en un escenario cargado de tensión, vale doble, por lo simbólico y por lo operativo.
Aquí se instala otra incógnita que, de confirmarse, puede derivar en un conflicto paralelo: ¿qué hará la conducción nacional frente a una seccional donde la oposición reclama asumir, si el proceso entero estaba suspendido? Reconocer esa derrota implicaría, en los hechos, validar un tramo de una elección judicialmente frenada. No reconocerla, en cambio, podría profundizar la impugnación y alimentar la tesis de arbitrariedad.
La historia tiene, además, un giro llamativo, la Lista 100 Azul fue señalada como una de las impulsoras de la medida judicial que pidió suspender los comicios. Es decir, promovió el freno por irregularidades, pero ahora busca ejercer el resultado favorable en su seccional. Ese doble movimiento —judicializar para detener y, simultáneamente, capitalizar el triunfo local— revela hasta qué punto el conflicto ya dejó de ser lineal y se volvió un laberinto de estrategias cruzadas.
Lo que viene
Aun si el oficialismo insiste con la narrativa del triunfo, el punto neurálgico está fuera del salón; la validez administrativa. Para que la conducción quede firme no alcanza con “haber contado los votos” de quienes participaron; hace falta que el proceso sea reconocido por la autoridad laboral y, antes, que resista el filtro judicial. Con una cautelar que ordenó suspender, lo más probable es que el camino se llene de obstáculos; la nulidad del procedimiento aparece como el escenario mas probable.
El SOMU no es un gremio cualquiera. Supo ser un actor de enorme peso económico y político, y arrastra, desde hace años, una historia de intervención judicial y deterioro patrimonial que condiciona cualquier capítulo nuevo. En ese contexto, avanzar con un escrutinio pese a una suspensión judicial no es una simple picardía de barrio, es una apuesta de alto riesgo institucional donde la intervención podría seguir en este proceso.
Fuente: Pescare