Legisladores nacionales del bloque Unión por la Patria (UxP) formalizaron un pedido de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo central es que el Poder Ejecutivo Nacional brinde datos precisos sobre la gestión, el reparto y la fiscalización de las cuotas de captura de langostino otorgadas a Santa Cruz, como medida paliativa por la veda en el Golfo San Jorge.
Esta iniciativa busca arrojar luz sobre las decisiones de la administración pesquera liderada por el gobernador Claudio Vidal. Según se detalla en la nota original del portal Pescare, los parlamentarios intentan confirmar las sospechas sobre un uso ineficiente de las 4.500 toneladas de reserva social previstas para 2025.
Puntos clave del requerimiento al Consejo Federal Pesquero
El documento parlamentario interpela directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de al Consejo Federal Pesquero (CFP). Los diputados requieren información detallada de los ejercicios 2024, 2025 y 2026, haciendo foco en los siguientes ítems:
- Volumen de captura: Toneladas totales asignadas bajo el concepto de cupo compensatorio.
- Embarcaciones: Listado de buques y empresas armadoras habilitadas para la operatoria.
- Puertos de descarga: Detalle de los sitios donde se procesaron las capturas, para verificar si se cumplió con el desembarque en Santa Cruz.
De acuerdo con la información recolectada por la sección Parte de pesca, existe una profunda preocupación por la inactividad en Puerto Deseado. El intendente local, Juan Raúl Martínez, junto a gremios y trabajadores, ha alertado sobre la caída del empleo y el desvío de materia prima hacia otras jurisdicciones.
Posibles fallas en la transparencia y el control
El proyecto cuenta con la rúbrica de los santacruceños Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina. A ellos se sumaron más de diez legisladores del bloque opositor. El texto subraya que el langostino es un recurso estratégico para las divisas del país y el desarrollo de la Patagonia.
Los fundamentos del pedido sostienen que diversas informaciones públicas ponen en duda la eficacia y la transparencia del régimen actual. Se busca determinar si existieron irregularidades en los criterios técnicos para seleccionar a los buques y si la fiscalización nacional fue suficiente para evitar incumplimientos.
La crisis operativa en Puerto Deseado
La merma en las descargas y el desabastecimiento de las plantas de procesamiento en Puerto Deseado son los ejes que motivan la urgencia del informe. La economía de esta localidad depende directamente de la zafra, y la falta de materia prima compromete la estabilidad social de la región.
Finalmente, los diputados consultan si la provincia presentó propuestas para nuevas prospecciones o incentivos que prioricen los puertos santacruceños. Concluyen que el Congreso debe intervenir para detectar desvíos y promover las correcciones necesarias en un sistema que hoy parece no cumplir sus objetivos sociales.