El miércoles de la semana próxima el subsecretario de Pesca, Juan Bosch, industriales navales y armadores pesqueros intentarán defender el Decreto 145. Podría derogarse, lograr media sanción o ser reemplazado por un nuevo proyecto de la oposición que acorta los plazos de renovación. La Cámara sesionará el 14 de mayo.
Quedan solo once días para que el Senado decida si deroga o convierte en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia para la “Renovación de la flota pesquera” que firmó en febrero pasado el presidente Mauricio Macri. Antes de que el tema se trate en la Cámara, los senadores convocaron a una reunión que se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo; el Subsecretario de Pesca deberá argumentar la decisión del Ejecutivo y para ello ya convocó a industriales navales y armadores. Pero ese día también se pondrá sobre la mesa un nuevo proyecto de ley elaborado por los senadores Fernando Solanas y Alfredo Luenzo, que limita el plazo de renovación de barcos a 5 años para los de más de 40 años de antigüedad y 10 años para los de más de 35 años de antigüedad.
Juan Bosch deberá defender un decreto de necesidad y urgencia que plantea un escenario de ejecución a 20 años y para lograrlo deberá convocar a los referentes del sector que han trabajado durante los últimos seis meses hasta llegar a un acuerdo. En el día de ayer ya habían sido notificados representantes del sector naval y empresarios, que buscarán darle un respaldo técnico al Subsecretario.
Tras la firma del decreto los industriales navales mantuvieron reuniones con senadores explicándoles los alcances de la medida, los beneficios que generaría y las medidas suplementarias o modificaciones que debieran realizarse. Pero desde el sector empresario no se hizo nada al respecto; ningún armador tomó contacto con los miembros del Poder Legislativo.
El próximo miércoles el Ejecutivo intentará salir de la reunión con una aprobación a la continuidad del decreto o con una media sanción para ser convertido en ley. Saben que algo deberán ceder para lograrlo y aspiran a que sean solo cuestiones de forma que no le causen complicaciones al Subsecretario de Pesca hacia adentro de la cartera.
Pero la cuestión tiempo será imposible de soslayar. El plazo de 20 años, acordado por armadores e industriales navales, le quita sentido a la condición de urgente del DNU y el Senado no podría pasarlo por alto. Además en esa Cámara existe un nuevo proyecto de ley de renovación flota que contempla plazos más acotados.
Según trascendió, el senador oficialista Francisco Pinedo presentará un proyecto que copia el Decreto 145, reflejo del acuerdo entre industriales y armadores, que tiene por objetivo reactivar la industria naval nacional. Mientras que el proyecto de Solanas y Luenzo pone el foco en la preservación de la vida de las tripulaciones, siendo más importante el reemplazo de la unidad que el origen de la construcción.
El Decreto 145 fijó la vida útil del barco en 40 años y en 60 años para aquellos que acrediten reparaciones del 60% o pertenezcan a la flota potera; y recién se haría efectiva la medida dentro de 20 años. No estableció si se debía realizar en astilleros nacionales ni si quedaba prohibido el ingreso de barcos usados.
El proyecto sobre el que trabajaron los senadores Pino Solanas y Alfredo Luenzo, si bien establece que la antigüedad máxima del barco no puede ser superior a 45 años y que los que hayan realizado reparaciones de más del 60% podrán tener hasta 60 años de antigüedad; estipula un plazo de 5 años para renovar barcos con una antigüedad de 40 años y 10 años para los que tengan una antigüedad de 35 años.
Como este proyecto prioriza la pronta renovación, establece que los barcos nuevos pueden importarse si los astilleros nacionales no pueden dar cumplimiento y que aquellos que tengan un barco en construcción en astilleros nacionales, estarán habilitados a ingresar barcos usados con hasta 10 años de antigüedad, requiriendo a su vez al Ejecutivo que fije los aranceles de importación tanto para barcos nuevos como usados.
Si la propuesta de Solanas y Luenzo se impone la situación frente a la renovación de flota cambiará tanto para los industriales navales como para los armadores. Los primeros habrán perdido la posibilidad de impedir el ingreso de barcos usados ante el exceso de demanda de construcción de barcos y los armadores deberán renovar su flota en un tiempo más acotado.
Si el oficialismo no logra dejar vigente el Decreto 145 ni consigue media sanción para el proyecto que presentará el senador Pinedo, buscará dilatar las negociaciones hasta octubre. Pero todo dependerá de lo que se decida el próximo 14 de mayo, cuando el tema sea tratado en Sesión Parlamentaria de la Cámara de Senadores, donde la mayoría es de la oposición.
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