El domingo 1° de marzo, el presidente anunció el envío al parlamento de tres proyectos de ley pensados para “afianzar la soberanía territorial”. Ellos buscan:
- Oficializar la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
- Modificar el Régimen Federal Pesquero para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en las aguas del Atlántico sur.
- Crear un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
La noticia rápidamente impactó en Londres y en Puerto Argentino, y motivó a la vicecanciller británica, Wendy Morton, que llegó de visita al país el lunes 2 de marzo, a solicitar información al respecto de los planes del Gobierno argentino durante una reunión con su homólogo, el secretario de Política Exterior, Pablo Tettamanti, y el secretario de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Los tres proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández anunció en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso referidos a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas con el Reino Unido apuntarán a recuperar dominio de los espacios marítimos circundantes del archipiélago y comprometer las finanzas de la administración británica en el territorio, cuyos ingresos dependen en buena medida de la venta de permisos de pesca que la Argentina ahora pretende monitorear con mayor despliegue y una batería de sanciones.
El encuentro de vicecancilleres cristalizó el cambio de época y dejó en letra muerta la “hoja de ruta” suscripta en 2016 entre Alan Duncan y el embajador Carlos Foradori, entonces número dos en Exteriores. Tal documento propiciaba el levantamiento de cualquier tipo de sanción en aras de mejorar el comercio y la cooperación en otras áreas, a la vez que dejaba la puerta abierta a una mayor libertad para el desarrollo económico de las islas.
El primero de los proyectos buscará consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo marítimo adoptando oficialmente las nuevas coordenadas de la plataforma continental argentina, aprobadas oficialmente por las Naciones Unidas en marzo de 2016. De esta manera, la Argentina logró el reconocimiento de la soberanía sobre más de 1.782.000 kilómetros cuadrados de mar, más allá de las 200 millas marinas.
“La aprobación del nuevo límite territorial incrementará la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias”, interpretaron fuentes oficiales que confiaron detalles de los tres proyectos a El Cronista. Asimismo, el nuevo mapa argentino habilitaría a la Armada a extender el patrullaje en aguas nacionales donde hoy actúan buques pesqueros sin permiso.
Contra la pesca ilegal
En segundo lugar, el Gobierno propiciará modificaciones del Régimen Federal Pesquero para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde el país tiene soberanía sobre recursos marinos, lo que incluye las Islas Malvinas.
En este sentido, el proyecto busca sancionar efectivamente la pesca furtiva que realizan muchas veces buques extranjeros en el área de Malvinas, cuya administración británica concede permisos de explotación a naves de terceros países.
La intención del proyecto es otorgar al Estado “herramientas más dinámicas para combatir este flagelo”, con sanciones económicas cuyo valor será variable en función del precio del combustible. Así, se pretende desalentar el negocio del gobierno kelper y volver a la política de presión que rigió durante el kirchnerismo para sentarlos a la mesa a negociar.
El Gobierno busca sancionar efectivamente la pesca furtiva que realizan muchas veces buques extranjeros en el área de Malvinas, cuya administración británica concede permisos de explotación a naves de terceros países.
La Subsecretaría de Pesca, supo este diario, tendrá participación para asegurar que las sanciones cumplan su objetivo de disuasión, y regirá sobre todos los espacios marítimos argentinos, incluidos los territorios en disputa.
Para coordinar todas las políticas referidas al territorio en disputa, el Ejecutivo propondrá al Congreso crear un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que será presidido por el Jefe de Estado y conformado con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los excombatientes.
Según anticiparon funcionarios, el Consejo de Malvinas “será plural y asegurará políticas de Estado a mediano y largo plazo” para que la disputa de soberanía “no esté atada a los vaivenes de los distintos gobiernos” y “se fijen estrategias que en el tiempo ayuden a cumplir el mandato constitucional” de recuperar el territorio por vías pacíficas.
