Las principales cámaras pesqueras de la provincia de Chubut han manifestado su inquietud ante el avance legislativo del proyecto de Ficha Limpia, señalando que la redacción actual ignora las recomendaciones técnicas enviadas por la industria. Aunque las empresas ratifican su compromiso con la transparencia, advierten que el texto, tal como está, genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la estabilidad laboral del sector.
A través de un manifiesto conjunto, organizaciones como CAPIP y CAFACH, junto a representantes de la flota artesanal y del Golfo San Jorge, hicieron un llamado a los legisladores para establecer una mesa de diálogo que permita ajustar la normativa a la realidad operativa del mar.
Los ejes del reclamo empresarial
Para el arco industrial, la normativa debe ser una herramienta de mejora ética y no un obstáculo punitivo. Sus demandas se concentran en cinco pilares fundamentales:
Evitar la exclusividad normativa: El sector rechaza que las exigencias de «Ficha Limpia» se apliquen de forma aislada a la pesca, lo que consideran una estigmatización. Proponen que se integre en un plan estratégico global para todas las actividades económicas.
Protección de la unidad productiva: Solicitan que situaciones legales complejas, como los procesos de quiebra, no impliquen la caducidad automática de los permisos de pesca, permitiendo así que las empresas sigan operando y manteniendo los puestos de trabajo.
Ajuste a los ciclos biológicos: Critican que el cómputo de inactividad de los barcos no contemple las vedas naturales de las especies. Exigen que solo se contabilice el tiempo en que la captura es técnicamente posible.
Garantías procesales: Las cámaras insisten en que cualquier sanción que afecte la titularidad de los permisos debe contar con una sentencia firme. El objetivo es evitar que decisiones administrativas arbitrarias pasen por encima del derecho constitucional al debido proceso.
Claridad en las infracciones: Piden una tipificación precisa de las faltas graves, las cuales deberían ser validadas exclusivamente por la Autoridad Marítima Nacional para evitar interpretaciones ambiguas a nivel local.
Hacia una fiscalización coherente
El empresariado concluye que el conflicto no es la fiscalización en sí, sino la falta de coherencia técnica de la propuesta actual. Instan a la Legislatura a reabrir el debate para asegurar que la ley sea equitativa y proteja el desarrollo del motor productivo de la región.