El panorama laboral en el sector pesquero atraviesa horas de alta tensión. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) manifestó su firme oposición a las recientes posturas empresariales que sugieren pactar condiciones de trabajo de forma individual, saltándose el marco de la negociación colectiva. El gremio advierte que este camino, impulsado bajo el paraguas de la reforma laboral, solo conducirá a una profundización del conflicto.
El riesgo de los acuerdos individuales
La controversia escaló tras los planteos del empresario Fernando Álvarez Castellano. Según el sindicato, la intención de establecer convenios directos con los trabajadores —prescindiendo de la representación gremial— representa una amenaza directa a los derechos consolidados. El gremio sostiene que reemplazar el marco colectivo por negociaciones particulares coloca al empleado en una situación de vulnerabilidad y desequilibra todo el sistema laboral del sector.
Además, la organización marítima puso la lupa sobre la posibilidad de que la empresa traslade su flota operativa, compuesta por doce embarcaciones, hacia el puerto de Puerto Madryn. Esta maniobra es vista como una herramienta de presión en medio de la falta de consenso sobre las nuevas condiciones que se pretenden implementar.
Riesgo empresario vs. ingresos laborales
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la justificación económica de la patronal. Mientras las empresas aluden a una caída en los precios internacionales para renegociar ingresos, el SOMU es tajante: las fluctuaciones del mercado son parte del riesgo empresario.
«Si los trabajadores no perciben beneficios extraordinarios cuando los precios de exportación suben, tampoco deben ser quienes absorban las pérdidas cuando estos bajan», subrayaron desde la entidad sindical.
Tal como se ha informado en el seguimiento de este conflicto por parte del portal PESCARE, los convenios actuales fijan valores por tonelada descargada que no deben quedar sujetos a la volatilidad del valor de venta externo.
Impacto en la paz social y pedido de intervención
El SOMU recordó que forzar esquemas por fuera de la legalidad vigente ya ha derivado en parálisis operativas en el pasado. En esta ocasión, la magnitud es considerablemente mayor, afectando a más de 300 familias, lo que podría generar una crisis de representatividad y tensiones internas entre los propios trabajadores.
Ante este escenario, el sindicato ha solicitado formalmente:
- La intervención de la Prefectura Naval Argentina.
- La mediación de los organismos laborales competentes.
- Garantías de transparencia en la operatoria pesquera.
Finalmente, el gremio reiteró que su objetivo no es frenar la producción, sino asegurar que la actividad se desarrolle respetando la ley y los convenios que regulan la vida a bordo, evitando cualquier intento de precarización encubierta.