La presentación del gremio liderado por Raúl Durdos busca la inconstitucionalidad de la norma, sumando presión sobre el esquema de trabajo en el sector marítimo y pesquero.
El frente de resistencia gremial contra la reforma laboral del Gobierno nacional sumó un jugador de peso en los tribunales. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) confirmó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Laboral, con el objetivo de frenar la aplicación de la recientemente promulgada Ley de Modernización Laboral Nro. 27.802.
Con esta decisión, el sindicato que conduce Raúl Durdos se alinea con la estrategia del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), consolidando un bloque jurídico que busca declarar la inconstitucionalidad de la normativa vigente.
Los puntos críticos del reclamo
La ofensiva del SOMU no es solo simbólica; ataca el corazón de la reforma al considerar que la ley deroga derechos fundamentales de manera arbitraria. Según el escrito presentado, la norma colisiona directamente con:
- El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
- Los convenios de la OIT (específicamente el 87 sobre libertad sindical).
- El principio de progresividad de los derechos laborales.
Desde el gremio advierten que la nueva ley introduce restricciones severas al derecho de huelga y a las medidas de acción directa, herramientas históricas de la negociación marítima. Además, denuncian que la reforma fomenta la fragmentación de la fuerza laboral al permitir acuerdos por empresa o individuales, debilitando la representación colectiva en temas sensibles como salarios, vacaciones y regímenes de descanso a bordo.
Alerta por la «Ultraactividad» y el esquema de trabajo
Uno de los mayores temores del SOMU radica en la afectación de la ultraactividad de los convenios colectivos. El gremio sostiene que la ley deja «desamparados» a los trabajadores al permitir que los beneficios conquistados pierdan vigencia, promoviendo un escenario de precarización en las condiciones de explotación marítima y pesquera.
Pedido de medida cautelar urgente
Dada la inmediatez de los cambios, el SOMU solicitó una medida cautelar de no innovar. Esto implicaría que, mientras la Justicia analiza la validez constitucional de la Ley 27.802, su aplicación quede suspendida para el sector. El argumento central es evitar «perjuicios irreparables» en el funcionamiento de las organizaciones y en el día a día de los trabajadores.
Un escenario de alta conflictividad
La disputa por la reforma laboral se traslada ahora con fuerza al terreno de los juzgados. Con el SOMU y el SIMAPE en sintonía, el sector marítimo se convierte en uno de los principales focos de resistencia legal, en un conflicto que definirá el alcance real de la «modernización» en actividades estratégicas para la economía argentina.