El aporte que viene generando Global Fishing Watch (GFW) a la detección de la pesca ilegal en el mundo es muy importante. La organización brinda sus servicios a las naciones para batallar contra este flagelo, que no solo impacta sobre los recursos naturales sino que pone en evidencia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que los Estados no están registrando.
Precisamente el último informe elaborado en colaboración con Google y la casa de altos estudios de California, traza un mapa mundial del comportamiento de los barcos sospechados de funcionar en base al trabajo forzado en pleno siglo XXI, de acuerdo a REVISTA PUERTO.
Determinados parámetros de comportamiento permitieron diferenciar los buques que realizan actividades lícitas de aquellos que mantienen sometido a su personal; como así también cuáles son los puertos desde donde parten los marinos o brindan la logística comercial para convertirlos en un negocio muy rentable. En América Latina se destaca la participación de Chile, Perú, Uruguay y Malvinas.
Estudios
En 2016, el grupo de investigación del Laboratorio de Soluciones de Mercado Ambiental de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, se encontraba trabajando sobre la rentabilidad de la pesca en altar mar. Comprobaron que a pesar de ser supuestamente deficitaria se mantenía e incluso seguía creciendo. Primero lo atribuyeron a los subsidios, pero vieron que aún sin ellos, las flotas se mantenían igualmente activas; la explicación la encontraron en la explotación humana.
La teoría fue presentada a GFW y comenzaron a observar embarcaciones sobre las que se habían reportado incidentes de trabajo forzoso para identificar patrones de comportamiento en otras embarcaciones. Para establecerlos, trabajaron con especialistas en derechos humanos como la ONG Liberty Shared y finalmente con científicos de Google que elaboraron técnicas y algoritmos de aprendizaje automático.
Las características más importantes del modelo para identificar los buques de alto riesgo fueron la potencia del motor, distancia máxima desde el puerto, número de viajes por año y promedio de horas diarias de pesca. Los indicadores mostraron que los barcos sospechados permanecían más tiempo en altamar, hacían viajes más largos que otros barcos y pescaban durante más horas.
El análisis de los datos permitió hallazgos iniciales que indican que entre el 14 y el 26 por ciento de los 16 mil barcos pesqueros analizados, presentaban signos de alto riesgo de hacer uso del trabajo forzado, durante al menos un año entre 2012 y 2018. “Esto significa que hasta 100 mil personas pueden haber sido víctimas de trabajo forzoso”, señala Gavin McDonald, científico a cargo del proyecto.
Se analizaron barcos palangreros, poteros y arrastreros. Y fueron los barcos dedicados al calamar los que obtuvieron el mayor porcentaje de embarcaciones de alto riesgo, seguidos por los palangreros y en menor medida los arrastreros. La flota que opera mayoritariamente en el Atlántico sur es la potera.
También se halló que los barcos de alto riesgo frecuentaron puertos en 79 países en 2018, ubicados predominantemente en África, Asia y América del Sur, aunque se incluyeron excepciones en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y varios países europeos.
Los mapas publicados en el informe final destacan aquellos puertos que fueron identificados como lugar de zarpada de las tripulaciones sometidas y aquellos que brindan servicios logísticos para exportar el producto de la explotación. Entre los identificados en la región figuran las estaciones marítimas de Chile, Perú, Uruguay y Malvinas.
Controles
Destaca el informe que los barcos encuentran mucha facilidad para sortear los controles; y llamó la atención de los investigadores que incluso países que debieran cumplir el rol de Estado Rector del Puerto, quedaran identificados en el ranking de los más sospechados y con mayor afluencia de barcos. Tal es el caso de Uruguay (ver el informe completo al final de la nota).
Asegura McDonald que es necesario refinar y validar el modelo que han desarrollado, siendo que todavía es una prueba pero que, con la incorporación de más datos, se lograría una mayor precisión, “pudiendo utilizarse para liberar a las víctimas del trabajo forzoso en la pesca, mejorar las condiciones laborales y ayudar a prevenir abusos de los derechos humanos en el futuro”.
Esta información, que podrían utilizar las administraciones pesqueras, permite “complementar la información existente sobre sostenibilidad ambiental para una responsabilidad social más sólida para informar mejor las intervenciones de mercado como el etiquetado ecológico”, indica el investigador de la Universidad de California; y agrega que esperan “que esto genere no solo una reducción del trabajo forzoso, sino una mejora de las condiciones laborales en general”.
Uruguay
La Universidad de California y WFG han puesto a disposición de los países sus servicios para mejorar los controles. En la región, este año se sumaron Ecuador, Chile y Perú, dando un paso importante porque la información que se recolecta es pública y la transparencia se vuelve un arma contra la ilegalidad. Argentina, Brasil y Uruguay hasta ahora han desestimado el ofrecimiento.
Uruguay es señalado en el documento académico como uno de los puertos en los que sucede el tráfico de mercancía y de marinos que serían objeto de explotación. Y recientes declaraciones de altos funcionarios de la Prefectura uruguaya han dado cuenta de los escasos controles que realizan y de la subestimación del problema (ver DINARA habló sobre los fallecidos que llegan a Montevideo y la pesca ilegal).
Las fuerzas de seguridad uruguayas reconocieron que desembarcan en el puerto de Montevideo un muerto de la pesca ilegal cada 1,2 meses y que han tenido, solo en 2020, dos situaciones en las que los tripulantes pidieron ser desembarcados y repatriados, pero no abrieron ningún sumario por sospechas de trabajo forzoso ni reportaron la embarcación.
Servicios
En Brasil, según ha denunciado el diputado Rodrigo Agostinho, se permite el ingreso sin ningún tipo de control a la plataforma marítima brasileña de barcos extranjeros, muchos de ellos sospechados de pesca INDNR. El gobierno de ocupación de Malvinas, al igual que Uruguay brinda servicios logísticos a los pesqueros que operan en el Atlántico Sur y el estudio demostraría que no solo a los que tienen licencia; o lo que es peor, se estaría otorgando licencia a barcos con trabajadores sometidos.
Nuestro país es líder latinoamericano en materia espacial; la Agencia Espacial Europea acaba de firma un contrato para el desarrollo de un satélite similar al exitoso Saocom y la CONAE ya está trabajando para mejorarlo con el proyecto Sabia-Mar. El satélite argentino-brasileño será concebido para la observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias en el estudio del mar y sus costas. Pero en lugar de trabajar en forma conjunta con los que combaten la pesca ilegal, buscamos profundizar la colaboración con quienes la ejercen.
Recientemente el secretario de Malvinas, Daniel Filmus y el embajador de China Xiaoli Zou hablaron sobre la importancia de lograr sinergias y coordinar acciones contra la pesca ilegal; y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, destacó la conveniencia de realizar estudios biológicos conjuntos. Esperemos que en 2021 contemos con mejores aliados.
