El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata dictó sentencia en el litigio entre el SOMU y Gaad Group S.A. El fallo establece que el buque «Marlene del Carmen» debe operar con diez tripulantes y reafirma que el Convenio Colectivo está por encima de las decisiones unilaterales de las empresas.
La Justicia Federal de Mar del Plata consolidó un criterio fundamental para la actividad pesquera al dictar sentencia definitiva en un conflicto que marca un precedente sobre la organización del trabajo a bordo. La resolución ordena que la empresa Gaad Group S.A. respete la dotación de diez tripulantes en el BP Marlene del Carmen, tal como lo estipula el CCT 708/2015.
El Convenio Colectivo como eje central
El fallo ratifica que las condiciones laborales fijadas en el convenio son de cumplimiento obligatorio y no pueden ser modificadas unilateralmente por el armador. El magistrado subrayó que la empresa no logró acreditar razones suficientes para reducir la tripulación ni contó con el aval del gremio para tal modificación.
Uno de los puntos más destacados de la sentencia responde al argumento empresarial sobre la modernización tecnológica:
El juez determinó que contar con tecnología de avanzada no es motivo suficiente para apartarse de lo pactado en el convenio.
Cualquier cambio en la dotación debe canalizarse a través de los mecanismos formales y con la participación directa del sindicato.
Seguridad vs. Explotación
La sentencia establece una distinción técnica crucial entre la dotación de seguridad (fijada por Prefectura Naval) y la dotación de explotación (regulada por el convenio). El fallo enfatiza que la dotación por convenio no solo atiende a la operatividad, sino que busca:
Garantizar condiciones dignas de trabajo.
Evitar la sobrecarga laboral.
Preservar la salud psicofísica de los marineros.
Un mensaje para el sector
Esta resolución judicial fija un límite nítido frente a los intentos de flexibilización laboral en la pesca. A pesar de los avances tecnológicos y las transformaciones operativas acumuladas en el último medio siglo, la Justicia reafirma que el pacto normativo entre empresas y trabajadores sigue siendo la autoridad máxima que ordena la vida en el mar.