La Justicia investiga a un pescador que capturó y exhibió a un tiburón gatopardo, declarado Monumento Natural. La titular de la Unidad Fiscal Ambiental confirmó que el sospechoso ya está identificado y destacó el impacto de esta medida para frenar los delitos contra el patrimonio natural.
La indignación generada por la captura y muerte de un tiburón gatopardo en las costas de la provincia dejó de ser un simple reclamo en redes sociales para convertirse en un expediente judicial sin precedentes. A partir de una presentación formal realizada por la fundación Sin Azul No Hay Verde, la Justicia chubutense abrió una investigación penal para sancionar a los responsables de pescar una especie que goza de la máxima protección legal.
El animal en cuestión está declarado Monumento Natural mediante la Ley XI N° 72, una norma que prohíbe terminantemente su extracción. Lejos de lograr impunidad, la decisión del autor de exhibir las imágenes del ejemplar sacrificado en sus perfiles públicos terminó acelerando los tiempos procesales de manera definitiva.
Un hito judicial en la defensa del mar
La titular de la Unidad Fiscal Ambiental, Florencia Gómez, ratificó la magnitud institucional de la causa al confirmar que es la primera vez que se registra una denuncia relacionada con un tiburón de una especie protegida en la provincia. La funcionaria valoró el efecto preventivo que este tipo de intervenciones genera en la comunidad y remarcó que el avance judicial busca que la gente empiece a comprender que «hay una necesidad de poder proteger toda y cada una de las especies», especialmente aquellas amparadas por leyes especiales para evitar su extinción.
Sobre el inicio de la investigación, la fiscal explicó que la exposición pública del hecho resultó clave. Según indicó, el hecho de que el propio autor haya publicado las imágenes «agiliza la identificación» del infractor. Gracias a un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de Rawson, la Unidad Fiscal logró individualizar al sospechoso el mismo día del incidente, una tarea facilitada por el hecho de que se trata de «una persona conocida en el rubro de la pesca».
Tiempos procesales y jurisdicción
Actualmente la causa atraviesa una etapa de averiguación preliminar. Durante esta instancia, los funcionarios judiciales y los investigadores policiales se encargan de recabar toda la información y la prueba necesaria para «evaluar una posterior imputación», según detalló Gómez.
Un paso fundamental de este proceso consiste en determinar el punto exacto donde el tiburón fue extraído del mar. Esta precisión geográfica resulta indispensable para definir una cuestión técnica central del expediente y establecer si la competencia de la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Ambiental o si el caso debe pasar al Juzgado Federal.
El impacto biológico
Desde la fundación Sin Azul No Hay Verde celebraron la celeridad del Ministerio Público Fiscal y subrayaron la necesidad de que las leyes ambientales se apliquen de manera estricta. Juan Coustet, integrante de la organización, analizó el valor de haber llevado este caso a los tribunales: “Desde sin azul entendemos que el repudio por redes sociales sirve para visibilizar y poner temas en agenda, pero es necesario pasar a tomar acciones concretas para proteger el ambiente y a nuestra fauna. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para el ambiente en general, involucrarnos y pasar de la queja a la acción es un paso fundamental”.
En la misma línea, Coustet destacó que el caso llegó a conocimiento de la Fundación por medio de sus seguidores, lo cual, destaca, “es buenísimo porque significa que ya tenemos parte de la ciudadanía comprometida con la causa”.
El daño biológico que genera la pérdida de un ejemplar adulto de gatopardo resulta incalculable. Al tratarse de un depredador tope con un ciclo de vida lento y muy baja reproducción, su eliminación afecta directamente el equilibrio de toda la cadena alimentaria en el ecosistema costero patagónico. Frente a este escenario, la causa judicial abre una oportunidad clave para modificar las conductas dentro de la comunidad pesquera.
El rol ciudadano
“Muchos pescadores son muy conscientes de la fragilidad de los tiburones – destaca Coustet – de hecho, tenemos contacto directo con varios que son parte del programa de participación ciudadana: Conservar Tiburones, una iniciativa que busca monitorear y estudiar a estas especies”.
En tal sentido, el referente ambiental explicó que “es fundamental entender que los tiburones son claves para el equilibrio y la salud de nuestro mar. Es un animal muy frágil, con ciclos de vida largos, maduración sexual tardía y una baja tasa de fecundación lo que los vuelve sumamente vulnerables ante las actividades antrópicas. Protegerlos es deber de todos”.
El avance de esta investigación marca un antes y un después en la protección de la biodiversidad marina en la región. La Justicia tiene ahora en sus manos la posibilidad de sentar un precedente firme que garantice el respeto por los grandes depredadores del Mar Argentino.