La discusión por las retenciones a las exportaciones pesqueras volvió a quedar en primer plano dentro del sector, que insiste en que el esquema actual lo deja en desventaja frente a competidores internacionales y golpea la actividad en puertos patagónicos. En diálogo con el programa “El Quinto Poder” por #LA17, el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), Eduardo Boyero, explicó que Intercámaras envió una nueva nota al Ministerio de Economía para pedir una reducción sustantiva de este impuesto, al que definió como una carga que distorsiona precios y margina a la pesca de las decisiones recientes que beneficiaron a otras economías regionales.
Boyero recordó que el reclamo no es nuevo y que, durante el 2025, las cámaras ya habían planteado el tema ante la Subsecretaría de Pesca por la situación crítica de algunas especies, en particular el langostino. Según describió, en ese momento escucharon la promesa de revisar las retenciones a mitad de año, pero la crisis económica que atravesó el Gobierno dejó el asunto sin resolución. Con el escenario actual, donde el Ejecutivo anuncia reducciones para otros sectores, las entidades decidieron insistir con un pedido directo al ministro Luis Caputo, aunque todavía no lograron una reunión con él ni con el secretario de Comercio Pablo Lavigne.
El presidente de CAPECA detalló que, en un año normal, el complejo pesquero genera alrededor de 2.000 millones de dólares en divisas y que el fisco recauda unos 120 millones de dólares por retenciones, con alícuotas que van del 5% al 9% según el producto, y un promedio cercano al 6%. Subrayó que esa recaudación se derrumba cuando las flotas quedan amarradas, como ocurrió este año con el langostino, y que el gobierno nacional ya recibió el dato de que, sin campaña de pesca, el ingreso por retenciones cae automáticamente a cero, a costa de empleo y actividad en toda la cadena.
La referencia al langostino ocupó un tramo central de la entrevista. Boyero mencionó que, por la crisis del mercado internacional y los costos internos, la flota pescó aproximadamente la mitad de lo habitual y eso redujo a la mitad las divisas generadas por esa pesquería. Recordó que los parates se extendieron hasta agosto y que ese freno se trasladó de inmediato a las ciudades que dependen de la actividad, como Puerto Madryn y Puerto Deseado, donde cada decisión sobre retenciones se refleja en el movimiento de los muelles, las plantas de procesamiento y el comercio local.
La competitividad externa fue otro de los puntos que planteó como centrales. Boyero explicó que el sector compite con países que no pagan impuestos similares y que, en muchos casos, ingresan a los mismos mercados con ventaja. Al describir el caso del calamar, sostuvo: “Nuestro calamar para entrar en China tiene acá el calamar entero, ¿no? Un 9% de de retenciones más un 10% de arancel que pone China para la importación, o sea, un 19% de impuesto. Contra el calamar que pesca, el mismo calamar que pesca la flota china que está en la 1201 o la flota que pesca en en Malvinas, que tiene el cero”. Para el langostino señaló una situación parecida en Europa, donde se enfrenta al producto de cultivo ecuatoriano que ingresa sin gravámenes de exportación.
El dirigente remarcó que, a diferencia de lo que ocurre con la soja o el maíz, la pesca lidia con un impuesto prácticamente exclusivo. “No hay, el tema es que retenciones no hay en ningún lugar del mundo. Es el es es un impuesto que es argentino prácticamente hoy”, afirmó, y advirtió que ese esquema se combina con un costo laboral elevado y convenios rígidos que vuelven muy difícil ajustar el precio final cuando baja la cotización internacional. A su criterio, la experiencia reciente del langostino sintetiza la fragilidad del modelo: un descenso moderado del precio externo, sumado a impuestos y costos internos altos, deja barcos y plantas sin actividad.
Durante la conversación con #LA17, Boyero insistió en que los gobernadores y los intendentes de las provincias pesqueras pueden cumplir un rol decisivo para trasladar el reclamo a los niveles donde se toman las decisiones. Mencionó que CAPECA y otras cámaras pidieron en su momento a los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, que explicaran en primera persona cómo se resienten las economías locales cuando la flota se detiene. El dirigente planteó que la pesca es una “economía regional” y sugirió que los jefes provinciales expresen ese concepto en la Casa Rosada: “Mire, esto es una economía regional”, como forma de resumir el impacto concreto en empleo, consumo y recaudación municipal.
El presidente de CAPECA admitió que, en términos de visibilidad, la pesca no ocupa el mismo lugar que el campo en la escena nacional. Recordó que el campo tiene presencia en todas las provincias y que la pesca se concentra en zonas específicas como Mar del Plata, Chubut y Santa Cruz, lo que dificulta que su agenda ingrese en las prioridades de los ministerios. Por eso valoró el trabajo conjunto con otras cámaras y con el Consejo Agroindustrial Argentino, donde representa a la pesca, para explicar que el sector no solo genera divisas sino también empleo intensivo y un fuerte impacto social en el litoral marítimo.
La entrevista también se detuvo en el contexto macroeconómico. El conductor le preguntó si la baja de la inflación y la mejora en algunos indicadores tributarios podían abrir una ventana para levantar retenciones, y Boyero respondió que ve señales que van en ese sentido. Recordó que, desde el inicio de la gestión, las autoridades nacionales expresan su rechazo a este tipo de impuestos: “Este gobierno viene manifestando que ellos van a sacar las retenciones, es un gobierno que filosóficamente piensa lo mismo que nosotros, que las retenciones no tienen que existir”, dijo, y aclaró que el pedido del sector es quedar incluido cuando los números fiscales permitan nuevas reducciones.
Sobre los pasos a seguir, el titular de CAPECA indicó que las cámaras están gestionando una audiencia con el ministro Caputo o con el secretario Lavigne para presentar en detalle el impacto de las retenciones en cada pesquería y actualizar la información de costos, precios y empleo. Reconoció que llevan dos años de insistencia por distintas vías —Congreso, ministerios, mesas sectoriales— y que la actividad necesita previsibilidad para programar campañas, inversiones y contratos de trabajo. En paralelo, continuarán el trabajo con legisladores nacionales y con intendentes de ciudades portuarias para sostener el reclamo en todos los frentes institucionales.
Al finalizar la nota, Boyero resumió la preocupación del sector en términos de competitividad y empleo. Señaló que la pesca es una actividad muy intensiva en mano de obra, que compite en mercados globales con productores que no soportan la misma carga impositiva y que su situación incide de manera directa en cientos de familias de la Patagonia y del litoral atlántico.
Fuente: LU17