La reciente aprobación del dictamen para implementar el régimen de «Ficha Limpia» en la industria pesquera de Chubut ha generado una fuerte reacción en los gremios empresariales. Representantes legales de las cámaras CAPIP y CAFACH sostienen que el proyecto actual ignora las recomendaciones técnicas del sector y posee fallas estructurales que lo exponen a una inmediata impugnación en los tribunales.
Los ejes del conflicto: derechos adquiridos y retroactividad
La principal preocupación radica en la seguridad jurídica de las empresas que ya operan con permisos vigentes. Según la asesoría letrada de las cámaras, la normativa pretende aplicarse sobre concesiones otorgadas por períodos de 10 a 15 años, lo cual vulneraría derechos ya consolidados.
Desde el sector argumentan que, si bien el Estado debe ejercer control, las nuevas causales de caducidad y suspensión solo deberían regir para contrataciones futuras, donde los actores conozcan las reglas de antemano, y no para modificar contratos en curso de forma retroactiva.
Cuestionamientos a la constitucionalidad
El análisis legal del proyecto arroja dudas sobre su validez constitucional por dos motivos centrales:
Doble sanción: Se critica que un empresario pueda perder su permiso por delitos comunes o fiscales tras haber cumplido ya una condena penal. Esto se percibe como una «doble persecución» que desvirtúa el fin de la resocialización de la pena.
Vías administrativas ignoradas: En el caso de deudas impositivas, se señala que el Estado ya cuenta con herramientas como la ejecución fiscal para cobrar, por lo que consideran injustificado que la mora tributaria sea motivo de una revocación automática del permiso.
Una mirada selectiva sobre la industria
Finalmente, las cámaras han manifestado un sentimiento de estigmatización. Cuestionan por qué estas exigencias se aplican exclusivamente a la pesca y no se extienden a otras áreas estratégicas de la provincia, como la energía, el petróleo o las concesiones de juegos de azar.
Ante este escenario, la industria propuso —sin éxito hasta el momento— que la norma se redefina como un «Registro de antecedentes sancionatorios», buscando un enfoque más técnico y menos político para una actividad que consideran motor productivo de la región.