Los fresqueros. Las cámaras pesqueras sorprendieron con un comunicado en el que anunciaban que no participarán de la zafra en aguas nacionales a menos que se revise el plan de manejo, se fije un precio mínimo y se liquide a las tripulaciones únicamente por CCT.
En la tarde de ayer, la Asociación de Costeros, UDIPA, la Cámara de Armadores, Cámara del Golfo San Jorge y ALFA CAPEAR anunciaron a través de un comunicado conjunto que, ante la crítica situación que atraviesa la cadena productiva industrial pesquera, “se declaran en unidad y decisión firme de no participar en la Zafra Nacional de Langostino”, según publicó Revista Puerto.
Informan, argumentando la decisión, que están “enfrentando una crisis que conduce al quebranto debido al notorio aumento en los precios de insumos y servicios que han puesto a la industria pesquera en jaque, lo que se suma a deficientes medidas de manejo en la pesquería de langostino.
Agregan que no irán a pescar langostino, hasta tanto “no sean garantizadas las condiciones mínimas de operatividad, costos y ventas, además de definiciones claras en el contexto cambiario actual, dólar blue y remarcaciones de precios”.
Señalan en ese sentido tres condiciones mínimas que deben estar garantizadas. El cumplimiento de los convenios vigentes es la primera: “Cada armador liquidará a convenio la totalidad de los tripulantes de cada buque pesquero, rechazando categóricamente tablas alternativas preferenciales unilaterales”.
También solicitan se modifique el plan de manejo de langostino: “requerimos un plan de manejo adecuado, acorde las numerosas presentaciones efectuadas por todas las cámaras firmantes, el cual garantice una zafra en condiciones eficientes y sin sanciones arbitrarias o injustificadas”, señalaron y por último se dirigieron a sus pares.
Finalmente pidieron establecer precios mínimos garantizados, bajo el compromiso de “no operar en valores inferiores a los de la zafra nacional 2024, asegurando que los precios reflejen un mínimo razonable. El primer eslabón, representado por los armadores, no puede ni debe aceptar condiciones desfavorables que comprometan su sustentabilidad”, cerraron y presentaron sus propuestas.
“Llamamos a la industria a actuar priorizando la unidad y la revisión de prácticas obsoletas para construir un futuro sólido y sostenible”, propusieron bajo el título “unidad y autocrítica”. La segunda es más concreta e involucra al Estado.
Proponen la creación de una comisión de análisis de precios: “El dólar blue ha ejercido una previsión extraordinaria sobre los precios en el mercado, llevando a proveedores a remarcar precios en función de este tipo de cambio, a menudo mucho más alto que el oficial. Instamos a la creación de un equipo especializado que evalúe los precios de bienes y servicios para implementar medidas de deflación urgente y normalización de los precios vigentes, ajenos a la realidad macro del sector fresquero”.
“Resulta imperativo modificar en conjunto los puntos críticos que afectan a esta cadena industrial productiva; por lo cual invitamos a todos los armadores pesqueros a analizar propuestas, trabajar, aunar esfuerzos y voluntades”, concluye el comunicado.
Los cambios al plan de manejo
El 14 de abril ALFA CAPEAR envió una nota al Consejo Federal Pesquero solicitando la modificación de las medidas de manejo del langostino, que seguramente será abordada durante la reunión de Comisión que se realiza hoy.
Desde ALFA plantearon que “la normativa actual afecta directamente la operativa de la flota fresquera, generando limitaciones que parecen más destinadas a entorpecer que a facilitar una pesca sostenible y eficiente”. Asegurando que les “sobran argumentos para reclamar las modificaciones normativas necesarias y reducir la intervención estatal que genera sobrecostos innecesarios”.
Como primer medida piden la eliminación del “CEPO” a la duración de la marea con la limitación del tiempo de marea de 72 horas: “Este artículo genera un impacto negativo en la operatividad, ya que no toma en cuenta las condiciones reales de pesca, búsqueda y exploración, lances testigos o lances nulos o las variaciones climáticas”, señalaron y agregan que los obliga a “operar con restricciones que reducen la eficiencia, sin evidencias claras de mejora en la sostenibilidad” y afecta la elección estratégica de un puerto de descarga.
También piden que se elimine o modifique la restricción de velocidad durante la navegación y maniobras. Consideran que la medida ignora las condiciones marítimas (corrientes, viento, clima) que son esenciales para la seguridad de la tripulación y la nave. Dicen, además, que la imposibilidad de cumplirla los lleva a “sumar sanciones absurdas”.
Desde ALFA aseguran que “no hay evidencia que sustente que una mayor intervención en la operación de la flota mejore la conservación de los recursos. Por el contrario, la flexibilidad operativa puede aumentar la eficiencia y reducir el desperdicio”.
Hasta ahora no se ha pedido opinión técnica al INIDEP sobre estas propuestas que desde la cámara vienen realizado desde hace varios años. Es posible que ante la gravedad de la crisis que enfrenta el sector y el impacto social que la decisión adoptada puede generar, esta vez lo logren.