Un nuevo estudio identifica a los estados que mayor relación tienen esas prácticas. También pondera el rol que podrían cumplir en la prevención y castigo en distintas instancias desde el reclutamiento de pescadores hasta la comercialización del pescado.
El Centro Avanzado de Defensa –C4SAD– es una organización sin fines de lucro con sede en Washington que proporciona análisis basados en datos e informes sobre conflictos globales y problemas de seguridad transnacionales. La ONG fue fundada hace más de 20 años y desde entonces produce análisis sobre conflictos y cuestiones de seguridad humana, ambiental y económica, con el objetivo de llenar “un vacío crítico dejado por el sector público tradicional y las instituciones con fines de lucro”. Uno de sus últimos trabajos apunta al rol de los diferentes países del mundo ante el trabajo forzado a bordo de los buques de la pesca ilegal y es considerado clave en la prevención.
Desde C4SAD señalan que cuando un barco pesca en aguas internacionales como las del Atlántico Sur es como si desapareciera del mundo y su tripulación tiene poco o ningún contacto con los que están en tierra. “Este aislamiento crea un mayor riesgo de trabajo forzado, en el que los pescadores se ven obligados a trabajar en condiciones difíciles, a menudo sin paga o sin la satisfacción de sus necesidades básicas”, señalan.
Desde esta organización, que reúne profesionales de todo el mundo, plantean que la naturaleza internacional y transnacional de los delitos de trata y trabajo forzoso, crea desafíos para identificar cuándo ocurren los delitos, cómo ocurren, por qué ocurren y quién puede hacer algo al respecto. Con el objetivo de dar algunas respuestas, desde C4SAD están construyendo una base de datos de casos documentados de trabajo forzoso en la industria pesquera.
El objetivo que se persigue es reconstruir el alcance completo de un caso dado de principio a fin, desde las empresas de reclutamiento hasta el comprador final de la captura. La primera pregunta que planteada fue qué rol juegan los estados, dado que si bien la pesca en aguas internacionales ocurre fuera de la supervisión de los gobiernos, de todas formas, señalan, “depende de personas, bienes, servicios e infraestructura legal en varios países”.
“Esto les da a estos estados, ya sea el estado de origen de los pescadores o el consumidor final del pescado capturado, la capacidad de evitar que estos actores cometan abusos contra los derechos humanos. Como muestran nuestros datos, gran parte del mundo está más estrechamente relacionado con este problema de lo que se puede imaginar al principio”, afirman, aclarando que por tratarse de una investigación en proceso de mejoramiento en la calidad de los datos, el rol de algunos países puede estar sobreestimado y el de otros subestimado. Indican que pese a ello el estudio tiene el peso suficiente como para poder identificar cómo los estados están vinculados al trabajo forzoso.
Con los datos disponibles se identificaron cinco formas significativas en que los estados aparecen en los casos de trabajo forzado: como el país de origen de los pescadores, países que son un punto de tránsito en el viaje de los pescadores hacia o desde el barco: el estado del pabellón del barco, el país del puerto donde el barco se abastece y recala, y el país comprador de los peces capturados.
El país de origen de los pescadores es un elemento fundamental señalado por los investigadores, que basados en informes previos realizados por otras entidades y propios, concluyen que la mayor parte de los barcos que operan en aguas internacionales están tripulados por pescadores migrantes de países diferentes a la bandera del buque. “La gran mayoría de las víctimas identificadas en nuestros casos eran de Indonesia, seguidas por las de Filipinas”, indica la investigación y agrega que en casi todos los casos se identificó la agencia de dotación que es regulada por el país de origen de los pescadores reclutados, siendo el primer eslabón de esta tétrica cadena.
Los estados de tránsito
A partir de las investigaciones realizadas los investigadores descubrieron una ventana que es pasada por alto en el periplo de un pescador de trabajo forzado: el país en el que generalmente hacen escala entre su lugar de origen y el barco y viceversa. “El punto de tránsito más común en los datos de nuestro caso fue Singapur, seguido de Hong Kong y Taiwán”. Consideran que estos puntos “brindan oportunidades para la identificación y la interrupción del trabajo forzoso antes de que los pescadores aborden el barco”. Otro de los puertos identificados se encuentra en el vecino país de Uruguay.
Los estados de la bandera
La bandera del barco determina el país en el que está registrado y es el que tiene jurisdicción cuando se comenten delitos, indica el documento. El relevamiento realizado coincide con datos ya conocidos: China y Taiwán fueron los pabellones más frecuentes, seguidos por otro grupo importante de barcos con bandera de Japón, Corea y España.
Los estados del puerto
Entre los puertos más utilizados para reabastecerse por los buques en los que se ha registrado trabajo forzado figuran China, Taiwán y Sudáfrica. “Durante este tiempo, el estado del puerto también tiene jurisdicción y puede tomar medidas contra actividades ilícitas”, señala el documento. Aquí entre otros, fueron señalados Uruguay y las Islas Malvinas.
Los estados del mercado
El trabajo forzoso en la pesca no se limita a los buques en los que se produce: el pescado que se captura en estos buques viaja por todo el mundo y termina en las góndolas de los consumidores desprevenidos, señala el estudio, que además consigna la dificultad de identificar en los puntos de venta las condiciones en las que ha sido capturado ese pescado, advirtiéndose a ese respecto que existen herramientas que no siempre se utilizan. Las jurisdicciones identificadas como base de operaciones para la exportación e importación por el estudio son: la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Uruguay. Los estudios realizados concluyen que allí se recibe pescado obtenido mediante el trabajo forzado de pescadores.
“Traer un enfoque del trabajo forzoso respaldado por datos puede ayudar a los analistas, la policía y la sociedad civil a comprender mejor las causas, los mecanismos y las vías para la interrupción del comercio transnacional del trabajo forzoso. Esto es particularmente importante en los océanos del mundo, donde la falta de una autoridad estatal única crea brechas que los reclutadores, operadores de barcos sin escrúpulos y otros miembros de redes ilícitas pueden explotar”, concluye el informe.
Este estudio, que coincide en gran parte con otros realizados por otras instituciones, señala el rol protagónico de China, Taiwán, Indonesia, Malasia, Japón, España y Uruguay en el sostenimiento de la pesca ilegal y de su consecuencia más escandalosa, el trabajo forzado. Sin embargo, la mera identificación no ha alcanzado para modificar esta situación. La pregunta que sigue sin respuesta es qué país o región de las identificadas está dispuesta a hacer algo para frenar este flagelo.
