Para ello presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura. La iniciativa, acompañada por legisladores de varias provincias, busca asegurar las condiciones durante todo el proceso productivo, desde la captura hasta la llegada al consumidor final.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó este miércoles en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura. El objetivo es “garantizar el control del cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero”, desde la captura hasta el consumidor final, explicó.
La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de la industria, las condiciones de salubridad de todo el proceso productivo y el cumplimiento de normas internacionales para llegar sin trabas a los mercados exteriores.
En este aspecto, consideró que en el futuro próximo “los productos que no cumplan con las condiciones de trazabilidad se encontrarán con serias dificultades para ser comercializados”, y en particular indicó que la Argentina “cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global, constituyendo un pilar fundamental del desarrollo regional, especialmente en Patagonia”.
“En las actuales circunstancias -dijo Menna- ha quedado más evidenciada que nunca la trascendencia que tiene para la salud todo lo vinculado a la seguridad alimentaria. No solo eso, seguramente ello también marcará un diferencial para acceder a los mercados internacionales y con el mejor precio”.
El proyecto, bajo el número de expediente 2160-D-2020, fue presentado con acompañamiento de los legisladores Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Mariana Zuvic (CABA), Gustavo Hein (Entre Ríos), Juan Aicega (Buenos Aires), Alberto Asseff (Buenos Aires), Gabriela Lena (Entre Ríos), Federico Zamarbide (Mendoza), Jorge Vara (Corrientes), Miguel Bazze (Buenos Aires), Héctor Stefani (Tierra del Fuego) y Ezequiel Fernández Langan (Buenos Aires).
La trazabilidad
La iniciativa define a la trazabilidad como “la serie de procedimientos que posibilitan identificar y seguir el rastro en las etapas de captura, producción, transformación, distribución y comercialización final de una especie ictícola destinada a la producción de todo producto de origen ictícola”.
De esta manera, indica el articulado, “los productos de la pesca comercializados o con probabilidad de comercializarse deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para permitir su trazabilidad, desde la captura hasta el comercio minorista”, al tiempo que “deberán incluir información de interés para el consumidor, según lo establezca la reglamentación”.
En los fundamentos, Menna explicó que esta práctica “permite garantizar la seguridad de los alimentos, la veracidad y confiabilidad de la información proporcionada a los consumidores y la explotación de los recursos de la pesquería en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles”.
En este sentido, se busca garantizar lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional que hablan, respectivamente, del “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, y del derecho reconocido de garantizar al consumidor información adecuada y veraz, seguridad y protección de su salud,
Control
En cuanto a los beneficios para la industria, la trazabilidad contribuye a “la responsabilidad internacional de los países de alcanzar una pesca sostenible, donde la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) constituye una de las principales preocupaciones a nivel global”.
Así, añadió Menna, “la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura, en la medida que implican un control de los operadores del sistema, contribuye de manera indudable a obligar a los operadores a cumplir las normas vigentes en materia ambiental, de sanidad, laboral, de derechos humanos y de derechos del consumidor”. Y mencionó que “se garantiza también la competencia leal, cooperando en el saneamiento de un mercado que no puede ni debe tratar por igual a quienes cumplen las leyes y a quienes las violan”.
En este marco, recordó el legislador, el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAI-INDNR) “es un documento voluntario de la FAO, adoptado en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable. Nuestro país, a través del Consejo Federal Pesquero, aprobó el Plan Nacional con el objeto de instrumentar en Argentina las medidas debatidas y consensuadas en el plano internacional”.
En este aspecto, Menna indicó que “existe consenso mundial en que las actividades pesqueras deben estar debidamente trazadas para permitir su correcta identificación en todas las etapas”, y puso como ejemplo que “la Unión Europea, China, Japón y Estados Unidos, entre los más importantes mercados internacionales, requieren que los productos pesqueros cuenten con una trazabilidad que garantice su origen legal y la seguridad alimentaria”.
El proyecto se fundamenta además en el aumento de las exportaciones y en las campañas destinadas a incrementar el consumo de pescado en el mercado interno.
Por ello, “resulta fundamental contar con una normativa que permita una correcta individualización del origen, recorrido y destino final del producto pesquero, la veracidad de datos y el cumplimiento de estándares internacionales de sanidad”, enfatizó.
Implementación
Por último, en cuanto a la implementación del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura, el proyecto, entre otros aspectos, establece la obligatoriedad de registro de todos los operadores del sistema y determina los recaudos mínimos de información que debe contener cada producto.
Además, para asegurar la información al consumidor, “impone también el etiquetado de los productos con toda la información relevante desde el punto de vista alimenticio como así también de procedencia del producto”.
Se establece la gradualidad en la implementación “a lo largo de un plazo de tres años para los productos destinados a la exportación y hasta cinco para los operadores del mercado interno, atendiendo a las necesidades del trabajo previo articulado con el sector privado, que debe ocurrir a fin de obtener resultados positivos”.
Además se “prevé la disponibilidad de una partida presupuestaria específica y el apoyo financiero a las empresas que deberán incorporar recursos humanos y técnicos para poder dar cumplimiento a la normativa”.
