Según las estadísticas del Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (STECF, por sus siglas en inglés) del 2017, en la pesca española trabajan 853 mujeres. «¿Dónde están las mariscadoras gallegas?» Fue la pregunta con la que la investigadora Katia Frangoudes, portavoz de Aktea, ilustró la invisibilidad en que se mueven las mujeres del mar en Europa. Por unas cosas o por otras, no todas aparecen en ese recuento estadístico que dice que las mujeres son el 3,7 % de la mano de obra del sector. Algunas no están porque el trabajo que realizan no está remunerado, por más que sea esencial para que exista la pesca. Otras, como las recolectoras de algas en Francia, no están porque figuran en los registros de la agricultura. Así que se sabe que en la pesca hay muchas mujeres, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas. Y si no se las ve, tampoco se las oye mucho. No tienen voz, porque no están presentes en los foros donde se toman decisiones. Y, como expuso Brian O’Riordan, director de Life (Low Impact Fishers of Europe), «si no estás en la habitación donde se toman las decisiones, no decides».
El afán de mitigar esas discapacidades ha hecho resurgir a Aktea, una red europea que pretende hacer presión y poner encima de la mesa los derechos de las mujeres del mar. Ayer reunió a una treintena de ellas en Bruselas para reivindicar el sitio que les corresponde, el de protagonistas, y que las ayudas comunitarias que vienen a través del FEMP no se limiten a subvencionar proyectos que beneficien a mujeres, sino que «se apoye el liderazgo de la mujer y que se deje a la mujer decidir cuándo contratar a una mujer», resumió Inés Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de la Pesca.
Es decir, «no queremos una discriminación positiva, sino acceso a una parte del presupuesto», pidió Katia Frangoudes. Ser un objetivo «per se». Una petición a la que se sumó la representante del BNG en Bruselas, Ana Miranda, quien reclamó la apertura de líneas específicas para atender al colectivo femenino de la pesca y que las asociaciones de mujeres puedan tramitarlas directamente ante el FEMP y ante los grupos locales de acción costera (GALP).
De su mano aterrizó en Bruselas una nutrida muestra de profesionales gallegas, que expusieron abiertamente la discriminación con la que se encuentran en sus trabajos. Trato desigual a nivel salarial, en el plano laboral e, incluso, en el social. Ahí están las diferencias de trato en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, que les hacen pasar por comunes las dolencias que acarrean después de tantos años de trabajo. O las distintas varas de medir de la penosidad, que niega a las que rederas un coeficiente reductor del que sí se benefician otras actividades quizá menos sacrificadas a pesar de que «sin rederas no hay pesca». Sin olvidar las zancadillas que han tenido que sufrir aquellas que pedían voz, como la mariscadora Rita Vidal, vicepatrona de Carril, quien tuvo ir al juzgado a defender su derecho a ocupar un cargo en un órgano de gobierno.
«Adelante, compañeras, ni un paso atrás» Que la mujer pesquera es casi invisible lo dice hasta el propio comisario de Pesca, Medio Ambiente y Océanos. Virjinijus Sinkevicius no estuvo presente en el encuentro Mujeres Europeas de Pesca, pero envió un mensaje en el que dejó patente que hay un «déficit acuciante de mujeres» en los consejos consultivos (RAC) que asesoran a la Comisión, un vacío «inaceptable en el siglo XXI» y que se tratará de paliar. Una fórmula es la financiación: 21 millones para sufragar decenas de miles de proyectos. Y otra, más a medio plazo, es la estrategia para la igualdad de género. Así, anunció que en el 2022 se realizará un análisis de la política común de pesca y se abordarán y recogerán las necesidades del colectivo femenino en el sector.
La falta de representación en los consejos consultivos fue algo que también pusieron sobre la mesa las mujeres asistentes. Como tampoco están suficientemente presentes en otros foros. Es el caso de los GALP. Aunque según expuso Gilles van de Walle, director de la red que aglutina a esos grupos europeos, buena parte de los proyectos involucran a las mujeres y las benefician, la particular reglamentación de cada uno de los GALP en ocasiones dificulta el acceso a la financiación, como expuso la redeira Ángeles Mille, vocal del grupo que engloba a los municipios de la Costa da Morte, testigo de esas trabas.
Formación reglada y orientación fiscal y administrativa son otras de las carencias que se han de paliar para allanar el camino hacia el lugar que le corresponde. El camino ya ha empezado. «Adelante, compañeras, ni un paso atrás», conminó Inés Domínguez.
