El subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, confirmó que el Gobierno comenzará a trabajar este año en la implementación de un régimen de cuotas para la especie langostino, un proceso que estará precedido por una profunda revisión y ordenamiento de los permisos de acceso al caladero.
Se trata de un punto de inflexión en una discusión que el sector viene planteando desde hace más de una década y que, hasta ahora, se mantenía mayormente dentro del ámbito empresarial, técnico y académico. La decisión oficial introduce el tema de lleno en la agenda política y anticipa un escenario de debates intensos, tanto en el plano productivo como institucional.
“El langostino es una especie que se puede cuotificar, el INIDEP nos tiene que dar los recursos para poder establecer una Captura Máxima Permisible (CMP), siempre es más ordenado. Me tocó estar en la primera cuotificación donde hubo una serie de tironeos y después de quince años se convencieron de que una cuota da certezas para poder hacer inversiones y se manejó bien el recurso”, afirmó López Cazorla en el programa Comunidad Portuaria.
La definición no implica una implementación inmediata. Se trata de un proceso complejo, que demandará tiempo, acuerdos políticos y un fuerte respaldo técnico. “Sí, el langostino se puede cuotificar, pero no es un paso sencillo para hacerlo de acá a junio”, aclaró, dejando en claro que el trabajo recién comienza.
Ordenar y luego distribuir
El primer paso será el ordenamiento del acceso al recurso, una instancia que no estará exenta de tensiones. Actualmente, el sistema de permisos, cupos y factores multiplicadores configura un entramado normativo complejo, que deberá ser revisado para definir con precisión quiénes podrán participar del nuevo esquema de explotación.
En este punto, López Cazorla fue categórico: “Hay una serie de reglas a respetar y están escritas. Los congeladores pueden capturar hasta dos mil toneladas, hay cupos, hay factores multiplicadores… veremos qué aplicamos y qué no para ordenar el recurso”.
La afirmación anticipa un proceso de revisión exhaustiva de la normativa vigente, con el objetivo de establecer un marco claro y previsible para el acceso al caladero. Este ordenamiento será determinante, ya que de él dependerá la distribución posterior de la cuota total.
Una vez definido quiénes tienen derecho a pescar langostino, se abrirá la segunda etapa: la asignación de la captura total entre los distintos segmentos de la flota —congeladores y fresqueros— y las provincias, a través del mecanismo de cuota social. Este reparto promete generar intensas discusiones dentro del Consejo Federal Pesquero, donde confluyen los intereses de la Nación, las provincias y los distintos actores del sector.
El dato central para avanzar en la cuotificación deberá ser aportado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), encargado de evaluar el estado del recurso y definir la Captura Máxima Permisible.
Fuente: Canal 12 Web