Cada vez más países de América Latina y el Caribe organizan y regulan la pesca artesanal, determinante en la seguridad alimentaria de la región, para promover el manejo sostenible del recurso y los derechos de los trabajadores del sector, como los que cada día faenan en estas embarcaciones, cobijadas en la bahía de Gibara, en el municipio de la provincia de Holguín, en el este de Cuba
Frente al agotamiento de las poblaciones marinas y delitos como la pesca ilegal, más países de América Latina y el Caribe fortalecen acuerdos regionales y actualizan sus leyes nacionales sobre un sector que aporta siete por ciento de la producción mundial, informó IPS Noticias.
“La presencia de la región crece en foros internacionales y, a nivel de países, se generan normativas y políticas por el desarrollo sustentable de la pesca”, dijo a IPS la bióloga chilena Marisol Álvarez, durante una reunión en La Habana coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En representación de Chile, el segundo productor de salmón del mundo, la científica estuvo entre los 50 participantes de 18 países que, del 4 al 6 de septiembre, realizaron en la capital cubana la 16 reunión ordinaria de la Comisión para la Pesca en pequeña escala, artesanal y acuicultura para América Latina y el Caribe (Coppesaalc).
La pesca artesanal latinoamericana aporta 85 por ciento del pescado y los mariscos consumidos por las familias de la región, por lo que durante el encuentro se puso énfasis en revisar los grandes retos del sector como la actividad ilegal y no declarada, el manejo sostenible, el impacto del cambio climático y la seguridad alimentaria.
Esos análisis son la base para identificar acciones de cooperación Sur-Sur para potenciar las áreas pesqueras en que se especializa Coppesaalc.
La Comisión revisa en sus reuniones el estado de las poblaciones de peces en la región, los progresos en los países miembro en la aplicación de instrumentos internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; así como los derechos al acceso a la pesca en pequeña escala, entro otros problemas, sobre los que llega a acuerdos.
Con 2,5 millones de trabajadores directos, América Latina produce en total 14 millones de toneladas al año de productos pesqueros, según datos de la FAO. Este volumen está compuesto por 80 por ciento de capturas y 20 por ciento de acuicultura, un sector que mantiene una tendencia anual creciente.
“Mundialmente las poblaciones de peces llegaron al límite de producción y muchas están sobreexplotadas”, remarcó Álvarez sobre un problema originado en múltiples causas. “Las políticas conjuntas y particulares de cada uno de los países son las que van a permitir una producción sostenible”, continuó.
Sobre todo “las medidas y leyes de los países tienen que ajustarse y perfeccionarse para administrar mejor los recursos”, remarcó la bióloga. “Cuando sucede la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, existe en el fondo un sub-reporte y no sabemos bien cuánto tenemos realmente disponible”, puso como ejemplo.
De ahí la importancia de que cada país potencie las leyes de pesca y acuicultura.
“En la región se vive un momento histórico de actualización de los marcos legislativos sectoriales de la pesca y la acuicultura”, aseguró Alejandro Flores, oficial principal de Pesca y Acuicultura de la oficina para América Latina y el Caribe de FAO, en la reunión que culminó con la formulación del plan de trabajo para 2019 y 2020.
“Países como Chile, México, Ecuador, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y, por supuesto Cuba, han revisado y actualizado sus leyes sectoriales o están en ese proceso”, enumeró el especialista en entrevista con IPS.
“La razón principal es adecuarse a las nuevas necesidades y demandas del sector”, opinó. “Diversos temas de alta relevancia actual no eran considerados hace tres décadas como el cambio climático, pesca ilegal, trazabilidad de los productos pesqueros acuícolas, protección de la biodiversidad o la pesca basada en derechos”, dijo.
Desde 2018, Jamaica se sumó a la tendencia regional cuando actualizó su norma con los requerimientos para el manejo de la pesquería y acuicultura modernas.
“Las leyes databan de 60 y hasta 100 años, por lo tanto ha sido necesario actualizarlas en la mayoría de los países de la región”, indicó a algunos medios, IPS entre ellos, William JC Hutchinson, ministro de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica, un país que asiste por primera vez a estas reuniones.
“Estamos estableciendo santuarios con áreas designadas donde no puede haber pesca y también aumentamos el tamaño de luz de malla de las redes para que los peces pequeños puedan escapar y mantener las poblaciones”, indicó sobre algunas acciones, entre las que se incluyen entidades independientes para la solución de los conflictos.
Con una preocupante baja de sus reservas en su plataforma marítima, Cuba aprobó en julio la primera ley de pesca de su historia, que se espera entre en vigor este año, con un fuerte énfasis en la conservación ambiental y la legalización de la figura especifica de pescadores comerciales privados, que favorecerá los derechos laboral de este grupo.
“La actividad pesquera en Cuba es de pequeña escala”, indicó Iris Quiñones, la ministra de la Industria Alimentaria de Cuba. “Una de las cosas que refrenda la ley recientemente aprobada es también la necesidad de desarrollar más la actividad de la acuicultura”, remarcó en declaraciones a los medios durante el encuentro.
De hecho, en la región latinoamericana la acuicultura mantiene la tendencia al crecimiento anual, de hasta 6,8 por ciento, con un máximo histórico récord en 2017 de 2,9 millones de toneladas producidas, que debe seguir al alza para reducir las capturas en los agotados mares y contribuir con la seguridad alimentaria.
La FAO revela que en los 33 países del área el consumo de pescado por persona al año es solo de 9,9 kilogramos, mientras que el consumo mundial asciende a 20,3 kilogramos, aunque las cifras varían cuando se focaliza cada país en este indicador de seguridad y alimentación sana.
“Nuestra ley de acuicultura está siendo modificada para hacerla un poco más atractiva para los inversionistas”, informó a IPS José Humberto Romero, director general de Supervisión, fiscalización y sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Perú, sobre la reforma que se espera aprobar este año.
Con un consumo anual de pescado por encima del promedio mundial, de 24,2 kilogramos por persona al año, ese país andino está presionado por reducir las capturas marinas y mantener altos niveles de producción a través de la cría para satisfacer la demanda de 32 millones de habitantes.
“Estamos incrementando cada vez más la acuicultura para poder atender la demanda insatisfecha de recursos hidrobiológicos del país y las exportaciones”, detalló el funcionario, sobre un sector que también organiza a los pescadores artesanales.
“Tenemos una serie de áreas que han sido clasificadas y concesionadas para la explotación acuícola”, amplió. “De ellas, muchas van a ser otorgadas de manera adecuada y manera justa por los gobiernos regionales, que son 11 en todo el litoral del Perú”, informó.
Pese a la gran importancia de la pesca artesanal en la seguridad alimentaria de la región, ella se ve dramáticamente amenazada por la explotación industrial, que ha convertido a la región en una potencia mundial, aunque se concentra en un puñado de países: Perú, Chile, México, Argentina y Brasil, por ese orden.
La Coppesaalc está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
