Incrementar la transparencia; adecuarse a los objetivos de cumplimiento de la UE; mejorar el conocimiento científico y repensar los objetivos de apoyo financiero. Son las cuatro grandes recomendaciones que un grupo de ONG, lideradas por la CFFA -Coalition for Fair Fisheries Arrangements-, Birdlife y WWF, y asociaciones pesqueras de África han sugerido para mejorar el sistema de acuerdos pesqueros de la UE con terceros países. Los promotores de la iniciativa, resultado de un encuentro celebrado en Bruselas a finales del año pasado, consideran que estos pactos pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aunque ello requeriría “superar una serie de desafíos”, así lo indicó IP.
Entre ellos las organizaciones destacan “la gestión sostenible de los recursos marinos, el apoyo a las comunidades de terceros países dependientes de la pesca y la protección de especies sensibles como las aves marinas”. La clave, indican en un documento conjunto, es adoptar un enfoque concertado a nivel regional para la negociación y aplicación de esos acuerdos en regiones como África occidental y el Océano Índico, “teniendo debidamente en cuenta el hecho de que los ecosistemas marinos no conocen fronteras”.
En cuanto a los objetivos de transparencia, las ONG destacan que las actividades pesqueras de la flota exterior de la UE, “junto con otros buques no pertenecientes a la UE”, tienen un impacto “acumulativo” en las poblaciones de peces y el ecosistema marino. En este sentido, reclaman a los Estados ribereños que refuercen la transparencia “más allá de los SFPA de la UE” mediante el establecimiento de un marco regulador que permita la publicación sistemática de cualquier otro acuerdo de acceso, ya sea privado o público, así como información sobre empresas y acuerdos de fletamento de conformidad los criterios fijados por la ONU.
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Piden a la UE que incentive estos informes. “La UE debería insistir en que los Estados ribereños publiquen dicha información, especialmente para evaluar el “excedente” de los recursos marinos disponibles dentro de sus ZEE, la sostenibilidad de las poblaciones y el estado del medio marino”, indica el documento de recomendaciones.
También creen recomendable incrementar la participación de la sociedad civil en las negociaciones de acuerdos pesqueros, a fin de lograr la “implementación de acuerdos justos y sostenibles”. Los Estados ribereños y la UE, creen, deben garantizar que todas las partes interesadas relevantes a nivel local, nacional y regional sean consultadas de manera “sistemática y transparente antes de las negociaciones y durante el período de implementación del Protocolo SFPA”.
“La UE debería insistir en que los Estados ribereños publiquen dicha información, especialmente para evaluar el “excedente” de los recursos marinos disponibles dentro de sus ZEE, la sostenibilidad de las poblaciones y el estado del medio marino”
Al mismo tiempo, apuesta por mejorar la alineación de los acuerdos de pesca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las obligaciones medioambientales europeas para cumplir con los más altos estándares internacionales, mejorando la gestión de los recursos marinos, incluso mediante la transferencia de tecnología. Esto implica asistencia para el monitoreo, control y vigilancia, así como el cumplimiento y la aplicación dentro de las áreas bajo la jurisdicción nacional del Estado costero en desarrollo que proporciona acceso a la pesca.
En el ámbito científico, recomiendan que antes de la firma de un acuerdo pesquero la UE y los Estados costeros garanticen que se hayan recopilado datos científicos para demostrar la existencia de un “excedente” de recursos marinos (desde un punto de vista biológico) al que la UE puede acceder. “Los datos cuantitativos, cualitativos y desglosados por género también deben compilarse sobre los aspectos socioeconómicos de las pesquerías”, subrayan.
ARMADORES, 100 % RESPONSABLES DEL COSTE
En cuanto a las contraprestaciones económicas, sugieren a UE y los Estados ribereños que publiquen informes anuales sobre el uso del apoyo económico sectorial. “Ambas partes deben asegurarse de que su uso contribuya a una estrategia nacional que proteja a las poblaciones más vulnerables y apoye la gestión sostenible de los ecosistemas marinos”.
En el ámbito económico, también consideran necesario iniciar la transición hacia un esquema financiero en el que los armadores abonen el 100 % de los costes de acceso, y plantean diferentes posibilidades. Una de ellas, es un sistema de pago basado en el porcentaje del valor del pescado estimado para ser capturado, que sería adecuado para la flota atunera. Sin embargo, para las pesquerías mixtas, un sistema de tarifa plana u otro sistema podría ser más apropiado.
