Con el expediente judicial paralizado desde febrero y mandatos que los trabajadores consideran «agotados», la negociación paritaria de la flota congeladora entra en un callejón sin salida. La sospecha en los muelles es que la demora favorece un reajuste salarial a la baja.
Voces desde el muelle: El temor al vacío legal
El clima en el muelle de ultramar, entre descargas de poteros y esperas, es de una preocupación creciente. Los trabajadores observan con desconfianza cómo la paritaria avanza sin una base institucional sólida. “Desde febrero que no se mueve el expediente”, reclaman, señalando la inacción judicial sobre la prórroga de mandatos y la ausencia de la Junta Electoral para convocar a elecciones.
Para el marinero de a pie, la pregunta es tan básica como urgente: “¿Quién cierra la negociación paritaria?”. La sensación térmica en el puerto es que, sin una conducción validada, la representación es una cáscara vacía.
¿Estrategia judicial o representatividad real?
Mientras el SOMU sostiene que mantiene su facultad gremial hasta que un juez diga lo contrario, otros sectores ven en las reuniones con las cámaras una maniobra de supervivencia. “Quieren negociar para que los jueces vean que de hecho aún tienen representatividad”, sostienen algunos trabajadores, sugiriendo que los encuentros son más una señal hacia tribunales que una búsqueda de beneficios para el afiliado.
Incluso desde el sector empresarial, las dudas son «off the record»: “No entendemos la jugada del SOMU. Podrían poner fecha de elecciones y se ahorrarían problemas”, confiesan desde una cámara, cuestionando la falta de voluntad para normalizar el gremio.
La sombra de un acuerdo a la baja
El estancamiento institucional ocurre en vísperas de la apertura de la temporada de langostino 2026 fuera de la zona de veda (ZVPJM). Los trabajadores advierten que la situación es crítica: “En el estado en que está el sindicato no puede entrar en paritaria ni firmar nada. Ya se les terminó todo: mandato, gestión y prórroga”.
Existe una sospecha compartida en el sector: la lentitud judicial podría ser funcional a quienes buscan «reordenar la negociación en términos más favorables a sus intereses», con el objetivo de empujar los valores de producción por debajo de los registrados el año pasado. La urgencia material del trabajador, que no puede postergar sus necesidades, choca frontalmente con un cronograma judicial que parece no tener prisa.