Mientras se lo presenta como una oportunidad para reactivar el puerto local.
Sectores de la pesca advierten sobre un lobby sostenido para modificar permisos, incrementar el esfuerzo y acceder indirectamente a la captura de langostino.
Proyecto de ley
De acuerdo Canal12web. El proyecto de ley que la Legislatura de Chubut podría tratar para flexibilizar la operatoria de la pesca artesanal y habilitar a embarcaciones actualmente autorizadas en Caleta Córdova.
A operar frente a Camarones abrió un debate cargado de cuestionamientos dentro del sector pesquero.
Si bien la iniciativa es presentada como una herramienta para reactivar la actividad y generar empleo en el puerto camaronense.
Diversas voces advierten que detrás de la propuesta subyacen intereses que exceden la captura de merluza.
Permisionarios artesanales
Desde hace más de un año, un grupo de permisionarios artesanales con autorización para capturar merluza, con un límite vigente de hasta 150 cajones.
Vendría impulsando un «persistente lobby» para ampliar ese cupo a 350 cajones, trasladar su zona de pesca a Camarones y habilitar el bycatch de langostino.
De acuerdo a los cuestionamietnos, la mayoría de estos permisionarios no habría desarrollado actividad pesquera sostenida durante el último año ni tendría a la pesca como principal fuente de ingresos.
Lo que alimenta sospechas sobre el carácter especulativo de los permisos.
En este sentido, se sostiene que los permisos artesanales habrían sido adquiridos a sabiendas de que no serían utilizados en su formato original.
Con el objetivo de reclamar luego modificaciones normativas que permitan acceder, de manera indirecta, a la pesquería de langostino.
La posibilidad de autorizar la captura incidental de esta especie es señalada como una “confesión” de las verdaderas intenciones del planteo.
El marco legal y el trasfondo del reclamo
La discusión se inscribe en el marco de la Ley XVII N° 153, aprobada en diciembre de 2022, que facultó al Ejecutivo provincial a modificar permisos de pesca artesanal para artes de arrastre.
Siempre que las embarcaciones operen exclusivamente en la Zona 4, correspondiente al área de Comodoro Rivadavia, entre Cabo Aristizábal y el paralelo 46°.
La actualización normativa que ahora se impulsa propone que esos mismos barcos puedan operar en la Zona 3, entre Punta Atlas y Cabo Aristizábal para capturar merluza, con un límite de hasta 350 cajones y habilitación de bycatch de langostino.
Para los sectores críticos, esta modificación funciona como un “caballo de Troya”; se argumenta la necesidad de pescar merluza y dinamizar el puerto.
Cuando el objetivo real sería acceder al langostino, incluso eludiendo los períodos de apertura y cierre que fija la Secretaría de Pesca.
Además, se advierte que habilitar estos cambios implicaría un aumento del esfuerzo pesquero en una zona sensible, con el riesgo de tensar la relación con la Nación.
Por la posible proximidad a áreas interjurisdiccionales como el AIER, y comprometer certificaciones internacionales obtenidas recientemente, consideradas clave para la sustentabilidad y la comercialización del recurso.
Miradas contrapuestas
El proyecto cuenta con un fuerte respaldo político desde Camarones.
La intendenta Claudia Loyola confirmó que el tema fue abordado en una reciente reunión con el gobernador Ignacio Torres.
De la que surgió apoyo para avanzar con el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Desde el Municipio sostienen que entre ocho y diez embarcaciones artesanales podrían comenzar a operar frente a la localidad.
Generando empleo, movimiento económico y continuidad productiva en el puerto.
Loyola planteó que Camarones busca consolidarse como un polo pesquero y que la habilitación de la Zona 3 permitiría procesar la materia prima en tierra y fortalecer la economía local.
Sin embargo, varios de los permisos involucrados pertenecen a actores que no desarrollan actividad pesquera real.
Y que, incluso, existen titulares de permisos sin trayectoria en el mar, lo que refuerza las sospechas sobre el trasfondo del reclamo.
La discusión legislativa pondrá sobre la mesa una tensión de fondo entre el desarrollo económico y el ordenamiento del esfuerzo pesquero.
Hay quienes señalan que acceder al lobby de los permisionarios no solo modificaría el equilibrio actual del sector artesanal, sino que abriría un precedente complejo en términos de control y sustentabilidad.
El debate en la Legislatura no se limita a una cuestión administrativa o territorial, sino que involucra definiciones estratégicas sobre el manejo de la pesca en aguas provinciales y el uso de permisos-
Que, según advierten, podrían estar siendo utilizados más como herramientas de especulación que como instrumentos productivos.