Pesca en crisis total. La Asociación de Costeros hizo lo que no se debe hacer cuando se trabaja en equipo, un clásico de la industria pesquera: se cortó sola. Dio difusión a un estudio de costos encargado por la Asociación pero también por ALFA, la Cámara de Armadores y UDIPA, que todavía no estaba pulido, lo que se notaba en la forma en que se exponían algunas propuestas para recuperar rentabilidad, dado que como estaban planteadas permitían avizorar inminentes conflictos: la contratación de tripulantes extranjeros, la derogación de normas entre las que se incluían las inspecciones a buques por parte de la PNA o que las descargas las realizaran los mismos tripulantes. Pero más allá de la imprudencia de los Costeros, lo bueno es que el informe pone todo sobre la mesa: los marineros que no embarcan, pero se pagan igual, las tablitas que elevan los sueldos de las tripulaciones mucho más allá de los acuerdos paritarios; y que el verdadero problema que tiene el sector no son los sueldos sino la política económica del que algunos consideran un genio de las finanzas, el especialista en crecimiento con o sin dinero, el presidente Javier Milei.
El dato más relevante del informe presentado es ese: si el dólar no estuviese atrasado, si no se cobraran retenciones, si los derechos de extracción fueran cobrados con diferencial para los productos y la materia prima, si se redujeran los 78 trámites por marea que se deben realizar, prácticamente no habría que tocar los sueldos. Con corregir algunos abusos tanto de la estiba como del Consorcio Portuario y si se blanquearan incumplimientos por parte de las tripulaciones, la pesca volvería a ser rentable.
Pero las medidas del gobierno no se tocan y entonces la única variable que puede tener algún impacto es la reducción de los salarios, eliminando por ejemplo la tablita de los tripulantes, el sistema que cotiza la producción del buque y se paga por sobre el convenio colectivo de trabajo.
Los sueldos de los tripulantes son altos, pero el trabajo es de los más duros y peligrosos que existen. Limitar el aumento de forma consensuada puede ser una alternativa para lograr la continuidad de la industria en un momento en que el gobierno quiere destruir a las empresas, y con ellas a todos. No olvidemos que las intenciones primigenias de este gobierno, incluidas en la llamada Ley de Bases, fueron las de licitar los recursos internacionalmente, contratar extranjeros y no tener obligación de descargar en puertos argentinos, publicó rp.
En este contexto, los hechos ocurridos en la puerta de un frigorífico en la ciudad de Mar del Plata, el viernes pasado, cobran una relevancia superlativa. El SOIP no es el STIA. Cristina Ledesma ha demostrado en todas sus gestiones que no va a romper nada, que no va a poner en riesgo las fuentes de trabajo; su templanza en la búsqueda de registración laboral encuentra ahí la respuesta. Pese a ello, la empresa que tiene a sus obreros enrolados en una supuesta cooperativa, trucha como casi todas, llamó a las fuerzas de seguridad para que aplicaran el protocolo antipiquetes, cuando los obreros realizaban un legítimo reclamo.
Si esto sucede con una dirigente gremial que garantiza el diálogo, la situación con gremialistas más intransigentes solo puede empeorar, con lo cual las negociaciones por una revisión de salarios y estructura de costos habrán fracasado antes de empezar. La condena por parte del arco empresario de los hechos de violencia que sufrió una dirigente del SOIP sería una buena señal para el sector de los trabajadores. Para que quede claro que estos no son los términos en los que se busca negociar.
Están solos, tanto los empresarios como los trabajadores. Lo irónico es que tanto unos como otros han votado mayoritariamente a este gobierno y ahora no queda más que aguantar hasta que termine. La única forma de aguantar es ajustando y tratando de que la peor parte no se la lleve el trabajador; esa será la titánica tarea de los sindicalistas. Pero nada de ello puede ocurrir si la solución la encuentran en los palos que con gusto pega a los obreros el mismo gobierno que mira sonriendo cómo se están fundiendo.
Imaginar a un dirigente gremial diciéndole a los trabajadores que para ayudar a la industria a que no se funda hay que reducir los sueldos en algunos casos y no aplicar aumentos en otros, es utópico. Firmar convenios a la baja es una mancha, un desafío que ningún gremialista quiere vivir y lo más posible es que busque impedirlo. Si a eso le sumamos la violencia, primero en Mar del Plata, pero después en todas las terminales portuarias, esto terminará siendo un polvorín.
No será el gobierno quien lo evite. Al contrario, el enfrentamiento es lo mejor que le puede pasar cuando la decisión es quedarse con la pesca. Que las manos a las que la quieran llevar sean las chinas o de empresarios amigos, no le extrañaría a nadie, ya han dado sobradas evidencias de que la coherencia y la seriedad (episodio cripto aparte) no forman parte del patrimonio de este gobierno.
Si no entienden empresarios y obreros que están del mismo lado, ambos saldrán perdiendo. Es tiempo de resistir a los embates de un gobierno que quiere ver fracasar al sector pesquero. Habrá que ser creativos para acordar condiciones temporales hasta que pase la tormenta mileísta y si los empresarios le van a pedir esfuerzos a los trabajadores porque no se animan a enfrentar el gobierno, deberán al menos dejar de acudir al gobierno para que dé palos y tendrán que dejar de aportar contribuciones al partido La Libertad Avanza que tanto daño les está haciendo.
Para que eso ocurra el sector debe ser uno. Quizás esto sea tanto o más difícil que la negociación con los sindicatos; quizás la desgracia les juega a favor, no pueden seguir perdiendo plata, se funden y la industria corre peligro.