Uno de cada cinco pescados que se venden en el mundo fue sacado del mar en forma ilegal, una actividad que roba 26 millones de toneladas de productos desde los océanos.
La próxima semana se reúnen en Chile más de 300 representantes de diferentes países para tratar este tema y terminar con esta destrucción que amenaza no solo a la economía, sino también al ecosistema.
En Chile, solo el 2018, se incautaron 1.858 toneladas de sardinas, anchoveta, huiro negro, jibia y merluza común. Todas fueron extraídas de manera irregular, esto es, sin los permisos necesarios o superando la cuota de extracción. Es lo que se conoce como Pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR)
Actividad que es un problema mundial que afecta la sostenibilidad de los océanos.Se estima que en el mundo, se roba en promedio a los mares 26 millones de toneladas de productos pesqueros, lo que en términos económicos equivale a 23 mil millones de dólares.
La situación es preocupante. Afecta directamente al ecosistema, al no respetar la biomasa que se estima existe (es difícil estimar cuando se extrae más de lo que indican los documentos), y puede sobre explotarse al punto de agotarla o colapsarla.Analizar esta situación y tomar medidas para frenar la pesca ilegal, es el fin de la Segunda Reunión de las Partes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que se realizará en Chile entre el lunes 3 y el jueves 6 de junio.
Es el primer acuerdo internacional y de carácter vinculante que se centra en la pesca ilegal impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Javier Villanueva, especialista en Pesca y Acuicultura de FAO, explica que es un instrumento que incluye una serie de requerimientos y procedimientos mínimos que los estados deben aplicar en sus puertos, un estándar mínimo para las inspecciones. “Si todos cumplimos y estandarizamos medidas, nos comenzamos a convertir en una gran barrera para la pesca ilegal, no solo contra embarcaciones que pescan, sino también en quien captura y quien provee servicios”, como por ejemplo, el que provee de combustible en alta mar.
Si las naves de este tipo de actividad, no encuentran un puerto donde recalar, ni servicios donde abastecerse de combustible, el negocio ya no se vuelve rentable.
La directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, señala que es un problema a nivel mundial, no solo en Chile. “El problema más grande es cuando se vulnera la cuota de extracción y se realiza un subreporte, cuando dicen que sacaron 10, cuando en realidad fueron 15”.
Lo que propone Chile, dice Gallardo, “es monitorear las naves para poder identificar a aquellas que tienen pabellón autorizado o cuando decidan entrar al país, solicitar los permisos a la autoridad para pescar, hacer seguimiento de la flota hasta que ingresen a puerto. La idea es que esto mismo, se repita en los otros países”.
Hoy día, el Sernapesca realiza fiscalización prioritaria de especies en las que han visto cambios a la baja en el número estimado como la sardina/anchoveta (en la zona centro-sur), la merluza común y la reineta.
“El principal problema de la pesca ilegal, viene por el tema de la sustentabilidad, las organizaciones de ordenamiento pesquero hacen muchos esfuerzos por hacer una gestión sostenible de los recursos, generando información sobre los stock y biomasa disponible. En base a eso puedes determinar la cuota o el esfuerzo pesquero que puede ejercer sobre un recurso, pero si además, tienes una presión externa que es la pesca ilegal y está haciendo que se sobrepase la biomasa permitida para capturas, vamos haciendo que la sustentabilidad vaya disminuyendo”.
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