Las empresas pesqueras con plantas de procesamiento en Comodoro Rivadavia formalizaron un planteo ante el secretario de Trabajo de Chubut, Andrés Meiszer, a quien le solicitaron que «no homologue» el acuerdo celebrado entre la CAPIP y el STIA a través del cual se pautó el pago del bono de cinco mil pesos para los empleados de las plantas. Se trata del anticipo a cuenta de futuros aumentos que dictó Mauricio Macri, a través de un DNU, para todo el sector privado. Los comodorenses aducen que no están en condiciones de desembolsar ese pago a sus trabajadores y piden una prórroga del al menos noventa días, así lo indicó REVISTA PUERTO:
El documento enviado a la cartera laboral, al que tuvo acceso REVISTA PUERTO, lleva la firma de José Luis ‘Pino’ Quercia, apoderado de Pesquera Mar del Chubut y Puerto Comodoro; Luis Santander, gerente de Pesca Ecoprom; Juan Ruiz Díaz por Barano 2008; Fabiana Sole de Taex y Javier Snidersich, titular de Hielos de la Patagonia y Pesquera del Sud.
La queja se funda en “que mediante el decreto N° 665/2019 se estableció la asignación no remunerativa a los trabajadores la cual asciende a pesos cinco mil, mediante el acta entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, en la cual establecen que el pago se realizará con los jornalizados primera quincena de octubre y segunda quincena de octubre, los mensualizados en la primera de noviembre de 2019”.
Planteo en bloque
Los representantes de las siete plantas de procesamiento de pescado de la urbe petrolera critican a la CAPIP señalando “que estamos ante una medida unilateral de suba de costos laborales que se aplican a futuros aumentos, y con la actividad pesquera en crisis como manifestamos en diferentes presentaciones ante la autoridad de aplicación”, y recuerdan recientes gestiones en la que requirieron “beneficios ante la Dirección General de Rentas de la Provincia y Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia, y a través de un decreto se establece un aumento encubierto, el cual permite a las partes adecuarlo a los fines y efectos para no resentir la cadena de producción”, señalan al plantear una mayor flexibilidad en su pago, como ocurrió con otros sectores que incluso se acordó que el bono se liquidará en cinco cuotas a razón de mil por mes de octubre a febrero.
La CAPIP y el STIA que son las signatarias del convenio colectivo de trabajo que rige al personal de la alimentación de las plantas pesqueras de Chubut pautaron que ese bono se abonará en una sola cuota para los mensualizados y dos para jornalizados.
“Ante la sorpresa de la medida que intenta aliviar la inflación y los costos, nos vuelve a cargar otro costo más en la producción siendo ya insostenible con el poco pescado que estamos procesando, a modo de ejemplo: estamos trabajando dos días de la quincena, lo que lo hace insostenible”, argumentan en el escrito elevado a Meiszner.
Suspensión por 90 días
“La CAPIP realiza un acuerdo con la entidad sindical en forma unilateral sin informar ni consultar a cada una de las empresas que realizan la actividad en nuestra localidad, y determina la forma, plazos y modalidad”, reniegan. “No hay manera de pagar este aumento y solicitamos la suspensión del mismo por el período que lo solicitamos de 90 días a fin de adecuar nuestra actividad a los valores actuales. Nuestra actividad en el presente año ha sido de quebranto y no podemos solventar dicho aumento en este momento”, proponen como contraoferta las pesqueras comodorenses.
“Manifestamos que nuestro personal en relación de dependencia durante el transcurso del año es estable, salvo en ocasiones de trabajo eventual, no reducimos el personal por la zafra, ante este aumento no podemos absorberlo sin pescado en nuestras plantas, lo cual lo torna inviable, no podemos seguir sin participar de acuerdos que cambian nuestra matriz productiva en forma constante”, añaden en la presentación.
Finalmente, “ante esta situación en donde solicitamos un esfuerzo fiscal con tasas especiales y acuerdos especiales no podemos incluir un aumento del costo laboral para mitigar el efecto inflacionario, por lo tanto, solicitamos un diferimiento en la aplicación y que no se homologue el acuerdo firmado oportunamente entre la entidad sindical y CAPIP que no representa nuestra realidad”, concluyen.
