En una reunión encabezada por el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla, el intendente de Puerto Deseado, Raúl “Pirri” Martínez, presentó una serie de reclamos ante el Consejo Federal Pesquero (CFP). El objetivo del jefe comunal fue exponer la “situación que estamos atravesando, marcada por la caída en las descargas”, proponiendo alternativas para “defender el empleo, a nuestras empresas y el desarrollo local”. Sin embargo, sus planteos chocaron rápidamente con la realidad legal y constitucional de la actividad.
Tres propuestas bajo la lupa
Martínez articuló su reclamo en tres ejes principales. El primero, y quizás el más polémico, pretendía exigir que todos los barcos que pesquen en las Subáreas 13, 14 y 15 desembarquen obligatoriamente en Puerto Deseado. “Si pescan en nuestra zona, tienen que descargar en nuestro puerto», sostuvo el intendente, ignorando que tal pretensión carece de sustento legal para empresas que operan con permisos nacionales en aguas nacionales.
Como segundo punto, Martínez solicitó un “un esquema diferenciado para las empresas radicadas en Puerto Deseado”, buscando compensaciones por el cierre del golfo San Jorge. Según su visión, “nuestras empresas no pueden ser perjudicadas por la distancia”, por lo que pidió que operen con tiempos y condiciones distintas a las del resto del país. Este pedido fue tildado de insólito, ya que implicaría que la ley se aplique de forma desigual según el puerto base.
Finalmente, propuso que las mencionadas subáreas se mantengan abiertas durante toda la zafra para “ordenar la actividad con previsibilidad y con respaldo técnico”.
Un planteo que colisiona con la Constitución
Pese a que el CFP escuchó la requisitoria, la respuesta fue tajante: el organismo carece de facultades para obligar a privados a descargar en un puerto específico, ya que esto colisiona con los más elementales preceptos constitucionales. Asimismo, establecer un esquema de privilegios para Santa Cruz en detrimento de otras provincias resulta inadmisible.
Respecto al manejo del recurso, el CFP ratificó que las aperturas y cierres no se deciden por pedidos políticos, sino bajo estrictas recomendaciones del INIDEP. Tras el encuentro, Martínez insistió en que “necesitamos reglas claras, previsibilidad y decisiones que permitan ordenar el recurso”, dejando la pelota en la cancha de un Consejo que ya dejó clara la inviabilidad de sus pedidos.