Enrique Godoy es el presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina y Domingo Contessi su vicepresidente y propietario del astillero más importante en la construcción de barcos pesqueros de la Argentina. Ambos consideran que el decreto de renovación de flota es un primer paso fundamental e inédito para el desarrollo del sector. Sostienen que los mecanismos de financiación serán claves y consideran que las voces críticas del decreto terminan favoreciendo el ingreso de barcos usados. Es precisamente el tema de la reducción de aranceles para el ingreso de buques que aún resta definir, donde reside el mayor temor de los entrevistados.
REVISTA PUERTO: ¿Qué opinión les merece el decreto que se terminó publicando luego de largos debates?
ENRIQUE GODOY: En esencia estamos de acuerdo y parto de un punto fundamental, por primera vez el Estado tomó en cuenta a la industria naval, no como se hace en otros países con ayudas financieras, pero es un primer paso.
DOMINGO CONTESSI: En un discurso de botadura del año 2004 decía que no es posible que sea lo mismo que un barco se construya en el país o se importe y que las autoridades de pesca le den los mismos beneficios. Ahora por primera vez se hace esa diferenciación, por primera vez toman una decisión de política económica y dicen que al país le conviene fomentar toda la cadena de valor de la pesca y la industria naval es parte. El decreto representa un reconocimiento que nunca existió.
RP: Una medida de aplicación para dentro de 20 años en la Argentina puede ser ciencia ficción y lo que dicen algunos empresarios es que para entonces estarán muertos y nadie construirá un barco.
EG: En realidad el decreto no te obliga a que dentro de 20 años te pongas a renovar la flota, lo que dice es que tienen 20 años para adecuarse, que es completamente distinto.
DC: Una opción de dos o tres años de plazo es realismo mágico, no se pueden renovar 200 barcos en tres años ni en la Argentina ni en el mundo, eso básicamente es abrir las puertas a la importación de barcos usados y me parece que eso no es lo que el país quiere.
RP: ¿Ustedes creen que en los próximos años los armadores que tienen barcos en mal estado los van a renovar o que solo lo harán aquellos que ya lo tenían en sus planes?
DC: Va a depender de muchas cosas, no creo que alcance con el decreto, va a depender de que se refuercen los créditos y de la buena rentabilidad en el sector pesquero. El decreto da unos incentivos que hasta ayer no existían, lo que tenemos además es un cambio en la mentalidad que valoramos y esperamos que se reafirme: hasta hace dos años cuando un armador intentaba renovar un barco encontraba tantos obstáculos que terminaba prefiriendo repararlo y seguir navegando. Hoy algunos de esos obstáculos están atenuados, hay un incentivo para que el armador renueve y está el horizonte de largo plazo.
EG: No hay construcción naval en el mundo que se haga sin apoyo financiero, en ningún país normal cuando vayas a construir un barco llevás la plata en el bolsillo, en el único lugar que pasa eso es acá. Todos los bienes de capital de semejante envergadura requieren de un sistema financiero que los asista y la industria naval en este punto no escapa a lo que pasa en el país. Acá la asistencia financiera sobre la producción está muy retaceada.
RP: En ese sentido el DNU introduce como herramienta el uso de la cuota, las autorizaciones de captura y el permiso como garantía, con la intención de mejorar la posición ante los bancos.
EG: A partir de la sanción de la Ley de Marina Mercante se le dio un rango distinto a la hipoteca naval, estaba en el octavo lugar y lo puso en el tercero: primero cobran los abogados, después las tripulaciones y luego el acreedor hipotecario. Ahora con el DNU el acreedor hipotecario tiene como garantía, además del barco, el permiso, la autorización o la cuota y es muy importante porque el acreedor hipotecario tiene una herramienta sólida.
RP: Es una herramienta sólida en tanto y en cuanto se haya analizado jurídicamente la posibilidad de aplicarse y se haya avanzado sobre este punto con los bancos, si no, es solo una expresión de deseo.
DC: Ese mismo cuestionamiento nos hicieron los senadores de la Bicameral con los que nos reunimos, uno nos planteó que ideológicamente estaba en desacuerdo con que un recurso del Estado que es concesionado a privados quedara en manos de los bancos. La primera cuestión acá es la siguiente, yo soy el dueño de un permiso, el permiso de pesca es inherente al barco y si quiero se lo vendo a un asesino serial, a Osama Bin Laden o a un banco y no me lo puede prohibir nadie.
RP: ¿Los bancos están de acuerdo en avanzar?
EG: No están convencidos, vamos a ser sinceros. Ya hay normativa del Banco Central que cambia el grado de preferencia de la hipoteca naval, que pasó a garantía preferida. Los bancos deben previsionar la posibilidad de quebranto de acuerdo al nivel que les marca el Banco Central y que le hayan dado categoría “A” indica que lo que el banco debe guardar como garantía en un crédito para construir un barco es menor que si no tenés ese tipo de garantía.
DC: En lugar de previsionar el 100% se debe previsionar el 50% y la banca privada está empezando a sondear el mercado. No quedan muchos sectores productivos rentables en la Argentina y menos que se les pueda prestar en dólares, entonces es lógico que pongan los ojos en la pesca; pero incluso con el crédito del BICE y las garantías que tienen que dar las CCGR, hasta el día previo a la publicación del decreto, no estaban tan convencidos de dar los créditos, ahora les dicen que sí. Si se reglamenta bien, va a funcionar.
RP: La creación de una comisión para evaluar el estado de la flota y determinar la caducidad más allá de la edad quedó fuera del decreto. ¿No era más eficiente para que los barcos que representan un peligro se reemplazaran en menos de 20 años?
DC: Eso fue lo que propuso la industria naval pero la autoridad decidió fijar esos plazos.
RP: Hoy el Secretario de la Asociación de Capitanes está pidiendo la derogación del decreto porque considera que con los plazos establecidos no se está preservando la vida de los tripulantes.
DC: En eso hay gatopardismo, hoy la revisión existe, la hace Prefectura y nadie me garantiza que ese control va a ser distinto. ¿Hoy Prefectura está dejando salir a un barco que no esté en condiciones? Lo que está diciendo es que Prefectura hace mal su trabajo. Nosotros como industria naval en ningún momento impulsamos este límite de los 40 años, pedimos que lo sacaran y propusimos cambiarlo por la creación de una comisión; fueron las autoridades las que no quisieron. Lo cual no quita que, complementada con las líneas de crédito, la política de poner una vida útil determinada a los barcos no sea adecuada también, porque no solo es un tema de seguridad, también hay que tener en cuenta la eficiencia, la contaminación, modernización tecnológica, normativa actual…
EG: Lo que existe son barcos bien mantenidos y mal mantenidos, hay barcos de 50 años que son una joya y hay barcos modernos que tienen problemas. Pero achacarle todas las desgracias que hubo en la pesca a la antigüedad de los barcos es de una mirada liviana, hay muchos factores que influyen y en algún momento se debe debatir ese tema.
RP: Es probable que exista más de un pedido de derogación del DNU. Cuándo se reunieron con legisladores ¿encontraron reparos al decreto?
EG: Hablamos con tres senadores de distintos bloques, representantes de la industria, del sector gremial y empresarios, en general el apoyo al DNU fue importante, entienden que es imposible renovar la flota en tres años.
DC: Hubo algunas observaciones, había gente que se oponía al DNU por los 20 años y cuando le dimos los argumentos, explicando que con esa postura se le hacía el caldo gordo a la importación de barcos usados, nos decían que no era lo que querían, que defendían la industria naval y reveían su postura.
RP: ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en una segunda instancia con el DNU de aranceles para barcos nuevos y usados?
EG: Tenemos pánico.
DC: Totalmente, todo lo bueno que estamos hablando hoy del decreto se puede borrar con el codo.
RP: ¿Hubo algún avance, se comenzó a discutir nuevamente el tema luego de la firma del DNU?
DC: -Estamos esperando que vuelva del exterior el Subsecretario de Pesca. Nosotros no tenemos una postura inflexible y durante todo el proceso de negociación fuimos bajando nuestras pretensiones en pos de llegar a un acuerdo, pero nos encontramos con un sector armatorial que se plantó en una postura única y no se movió. Para nosotros esa postura es muy nociva y destruiría a la industria de forma calamitosa; pero si el Estado toma una postura lógica entre lo que pretenden los armadores y la industria naval, creo que hay alternativas posibles.
RP: ¿Una postura lógica sería para ustedes no permitir importar barcos usados que se puedan construir en el país?
EG: Nosotros lo que planteamos es que hasta cierta eslora no puedan ingresar usados, nunca nos opusimos al ingreso de nuevos. Hasta 40 o 45 metros el buque usado no puede entrar, luego una franja en la que se permite al que hizo un barco que pueda ingresar otro usado de iguales características al que se construyó y a partir de ahí ingresar usados con un arancel reducido.
DC: Se plantearon tres franjas y la discrepancia con el sector de los armadores está en la delimitación de esas franjas, tanto en piso como en el techo. Los conceptos de esas franjas son: la primera es la que ya está construyendo la industria naval en el país; la segunda es la que fácilmente se podría llegar a construir y la tercera en la que vemos que no construiríamos. Nos tienen que dar las alternativas para que pueda seguir creciendo y aspirar a construir cosas más grandes. En cambio, si abren la importación de nuevos y usados sin aranceles de un determinado techo muy bajo, sé que no lo voy a poder superar nunca.
RP: ¿Hay capacidad instalada para afrontar la renovación y con la misma calidad que se construye en el exterior?
EG: De hoy para mañana no pero sí en breve, nosotros queremos atender a los armadores.
DC: Ahora si actuamos bajo la lógica de que no hay, nunca va a haber. Nosotros estamos en un proyecto de ampliación de las instalaciones existentes en la primera etapa y la segunda es un galpón techado y una rampa de varadero para construir barcos de 75 metros de eslora; la primera ya la empecé, la segunda dependerá de cómo salga el decreto. No estamos pidiendo protección, pero con el usado no podemos competir; tienen que pensar muy bien dónde van a poner el límite para el usado porque ese será el tope que le pongan a la industria naval para su desarrollo.
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