Prospección ilegal en Santa Cruz. En el marco de la primera reunión del Consejo Federal Pesquero (CFP) del año 2025, celebrada el 22 de enero, el representante de la provincia de Santa Cruz anunció la realización de una serie de prospecciones en el Golfo San Jorge para identificar la especie langostino.
Según el punto 7.9 del Acta CFP Nro. 1/2025, los estudios serán ejecutados con dos buques fresqueros en tres etapas, programadas para fines de enero, febrero y marzo, con una duración de dos días cada una. Dicho esquema contempla 12 puntos de muestreo, lances de 10 minutos y la presencia de un observador provincial en cada embarcación. No obstante, resulta preocupante que en el acta no haya quedado asentada ninguna intervención u objeción por parte de otros consejeros, ni siquiera de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), lo que evidencia un posible desconocimiento de las implicancias de esta iniciativa en la sostenibilidad del recurso.
Esta propuesta de prospección suscita serios cuestionamientos en cuanto a su encuadre normativo. La Ley Federal de Pesca (N° 24.922), en su Capítulo VI, otorga al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la responsabilidad exclusiva de la investigación de los recursos vivos marinos. Conforme al Artículo 11, el INIDEP es la entidad encargada de la planificación y ejecución de los estudios científicos, en coordinación con las provincias y otros organismos. Además, el Artículo 12 estipula que los buques de investigación de propiedad del Estado Nacional deben ser administrados por el Instituto.
La decisión unilateral de Santa Cruz de llevar a cabo esta investigación sin la participación del INIDEP genera incertidumbre respecto a su validez técnica y legal. Más allá de la posible irregularidad jurídica, esta iniciativa representa un riesgo para la coherencia en la evaluación de los recursos marinos y su sostenibilidad. La falta de coordinación con el INIDEP podría comprometer la comparabilidad de los datos y obstaculizar su integración en los modelos matemáticos de análisis de cohortes, base fundamental de la gestión pesquera en Argentina. Estos modelos, alimentados por el Instituto desde sus inicios, constituyen el pilar científico que avala las decisiones del CFP, garantizando una administración eficiente y sostenible de los recursos marinos, publicó Pescare.
Es lícito preguntarse si esta iniciativa responde a una necesidad científica genuina o si, por el contrario, busca generar información alternativa que pueda influir en futuras decisiones sobre la apertura y explotación del Golfo, o pero aun, busca presionar para obtener una mayor cuota social para esa provincia. La transparencia y el rigor científico en la investigación pesquera deben ser preservados por el INIDEP, a fin de evitar distorsiones que puedan derivar en conflictos jurisdiccionales o en decisiones de manejo que pongan en peligro la sostenibilidad de los recursos. Mientras, las gestiones políticas debiesen ser tratadas en el organismo legislativo, que paradójicamente, en este caso, no interpuso siquiera palabra admitiendo y dando a entender su predisposición para que este grave evento pueda llegar a destino. El que calla, otorga dice un viejo dicho popular, y dale que va..!
Un Desafío a la Regulación Pesquera
La provincia de Santa Cruz desafía abiertamente la vigencia del Convenio del Golfo, en un contexto marcado por la inacción del Secretario de Pesca de Chubut y la omisión de intervención por parte del CFP. Mediante un anuncio oficial, la provincia declara el inicio de una «investigación» de tres meses, insinuando la posible habilitación de la pesquería. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta maniobra parece ser ejercer presión sobre el CFP para lograr la ampliación del cupo de reserva social del langostino, asegurando así la continuidad de la veda en el Golfo.
La semana pasada concluyó la primera fase de la prospección de langostino en las aguas jurisdiccionales del Golfo San Jorge, un operativo impulsado por la provincia de Santa Cruz y anticipado en la última reunión del Consejo Federal Pesquero.
Las tareas de relevamiento fueron realizadas a cabo por los buques fresqueros Pobre Gaucho y Nddanddu. En paralelo, trascendió que el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Fernando Marcos, enviará esta semana una notificación al Consejo Federal Pesquero. En la misiva, la provincia anunciará que mantendrá abierto el Golfo San Jorge a menos que las empresas acepten descargar sus capturas en Puerto Deseado. Según fuentes cercanas, Marcos confía en que esta estrategia presione al subsecretario de Pesca y Recursos Acuáticos, Juan Antonio López Cazorla, para que inste a las compañías a acatar el pedido provincial.
Ante este panorama, resulta imperativo que tanto el CFP como la Autoridad de Aplicación disipen cualquier ambigüedad respecto a la legalidad y validez de la investigación anunciada. Es fundamental esclarecer si esta iniciativa cuenta con el respaldo del INIDEP y se ajusta a los lineamientos inapelables de la Ley Federal de Pesca. La falta de intervención del INIDEP podría sentar un precedente peligroso, fomentando la proliferación de acciones unilaterales que erosionen la autoridad del Instituto y fragmenten la gestión pesquera en Argentina, un país cuya riqueza ictícola radica en la administración coordinada de sus recursos transzonales.
Un riesgo para la administración pesquera
Resulta alarmante que esta solicitud no haya recibido objeciones, lo que podría evidenciar un desconocimiento flagrante de la Ley Federal de Pesca o, peor aún, una convalidación implícita de un proceder anárquico donde cada actor actúa según su propio arbitrio. Debe recordarse que los recursos vivos del mar pertenecen al conjunto del pueblo argentino y, en consecuencia, su gestión debe estar sujeta a injerencia federal. La emblemática región de Mazarredo, histórico epicentro y cuna del langostino salvaje natural argentino, no puede ser tratada como un territorio de libre apropiación, sino como un bien estratégico cuya administración debe ajustarse al rigor de la ley y a la prudencia de una gestión responsable que permitió pasar de 45.000 toneladas a las actuales 220.000 en un esfuerzo privado, biológico y legislativo (empresas, INIDEP y CFP).
Este no es un caso aislado. La falta de apego a la normativa vigente ha sido una constante en la gestión de Santa Cruz. Un claro ejemplo de ello fue la irrupción del gobernador Claudio Vidal en la sede del CFP a fines de 2024, cuando logró forzar la redistribución de la CITC de merluza hubbsi, incrementando su cuota social de 4.000 a 20.000 toneladas sin contar con una flota propia suficiente para su explotación y menos aun, con capacidad para el procesado de ese volumen en plantas en su provincia como justificativo dentro de los considerando expresos al maximo interes con fines sociales, cuando todas las semanas llegan a Mar del Plata entre 6 y 8 camiones para procesar pescado que llega integro desde aquellas provincias patagónicas (sumado a Chubut), con la distorsión, en parte, en el campo laboral marginal en nuestra ciudad. Peor aún, parte de este cupo ha sido otorgado a buques sin permiso de pesca para la especie, lo que constituye una vulneración manifiesta de la legislación pesquera vigente.
Ahora, con una estrategia similar, Santa Cruz busca forzar un cambio en la administración del langostino en el Golfo San Jorge, aprovechando la pasividad de los integrantes del CFP como el de todos los actores, que aún no se han expresado. La provincia anuncia una prospección de tres meses con la aparente intención de habilitar la pesquería, pero su verdadero propósito es presionar por una ampliación del cupo de reserva social del langostino. Esta estrategia, ejecutada sin flota propia y, en muchos casos, con buques sin permisos de pesca para le especie, representa un nuevo atropello a la Ley Federal de Pesca, el CFP y sus resoluciones, y pone en entredicho la seriedad de la gestión pesquera en Argentina.