Armadores pesqueros, referentes de la industria naval y el colectivo Ningún Hundimiento Más trazaron un balance de la medida anunciada por el Presidente y oficializada mediante el Decreto 145/2019.
Las medidas anunciadas el lunes por el Presidente de la Nación y que se oficializaron ayer a través del Decreto 145/2019, “lineamientos para la modernización de la flota pesquera”, cosecharon dispares opiniones entre actores vinculados a la actividad extractiva, a la industria naval, así como dirigentes sindicales y el colectivo que trabaja por mejores condiciones de seguridad de la flota.
Armadores fresqueros de altura se mostraron descreídos con el resultado final del Decreto. Eduardo “Carpincho” García, propietario de tres barcos colorados de altura, reconoció no distinguir ventajas para renovar su flota.
“Lo estuve analizando pero no encuentro cosas útiles. En realidad a mí no me sirve nada de todo lo que dijeron, es imposible hacer un nuevo barco en el país. El Astillero Contessi no tiene turno, los otros astilleros no están preparados”, dijo el armador para quien importarlo no parece, tampoco, estar en sus planes.
“Si lo traés de afuera sería un barco más grande… pero los intereses… quién paga los intereses…”, se preguntó García, al tiempo que evaluó que las medidas no tendrán impacto entre sus colegas fresqueros. “No creo que les sirva a muchos tampoco”.
Pedro Baldino también se mostró escéptico con los resultados de la iniciativa presidencial que plantea una modificación a la Ley de Pesca que permite aumentar el esfuerzo pesquero de todos los barcos y fija en 40 años la caducidad del barco a partir de 2040.
“¿Quién construye los barcos?”, se preguntó el armador. “Hay que hacer muchos barcos y no sobran astilleros. Creo que habría que hacer algunos astilleros más para hacer frente a las órdenes… todo es posible”, dijo Baldino ante la consulta de este medio. El empresario planteó un futuro con incógnitas; “En 20 años pueden pasar muchas cosas, de acá a 20 años muchos actores creo que no estaremos”, afirmó.
Desde la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura confesaron que luego de “semanas de maratónicas reuniones”, fue “difícil” alcanzar los consensos mínimos entre las distintas partes “dada la incompatibilidad de los intereses involucrados”.
“La realidad es que pretendíamos que se implementara un proyecto superador sin fecha de caducidad de los barcos”, reconoció Diego García Luchetti al tiempo que pidió que el DNU se complemente con “créditos genuinos y suficientes a tasas acordes al mercado internacional y al alcance de armadores”, como así también una política arancelaria para el ingreso de buques nuevos y usados.
Domingo Contessi calificó al decreto como “un buen primer paso” a partir de que desde todos los sectores debieron resignar algo de sus planteos para llegar a este consenso, aunque advirtió que requiere de otras buenas decisiones a la hora de fijar arancelamientos sobre la importación de barcos usados, “para no borrar con el codo lo que se acaba de escribir con la mano”.
El industrial naval se mostró descreído de la posibilidad de que se generen condiciones para un régimen de charteo como ocurrió en el pasado, aunque reconoció que en su sector están preocupados por la posible flexibilización de buques usados.
“Ahora tenemos un marco normativo que fija un horizonte. En estos 20 años tenemos que trabajar para tratar que, de toda la flota, el mayor número de buques pueda construirse en el país”.
La línea de financiación del BICE por 500 millones de pesos anunciada por el Presidente en el encuentro de Puerto Madryn apuntaba a un segmento de flota menor, con una asignación de 60 millones de pesos por proyecto de construcción.
“Necesitamos acceso a créditos para todos los estratos de flota. A partir de este DNU la esperanza es que la banca pública se sienta atraída para financiar barcos a partir de la garantía real del permiso de pesca y la cuota de captura”, dijo el empresario naval en diálogo con Radio Brisas.
De los gremios marítimos y portuarios, se pronunció sobre los anuncios el Sindicato de la Actividad Naval (SANAM) a través de un documento en que detalla las inconsistencias del decreto.
“Desde el Gobierno piden un proceso de inversiones compatible con la razonabilidad económica de la actividad”, dice el texto que lleva la firma de Walter Castro, su secretario General. “Debemos plantearnos dos interrogantes, si estamos en una economía de neto corte liberal, por qué la Nación debe pensar en mecanismos de financiación. ¿No es suficiente ya con que este sector se beneficie con un combustible diferenciado, que pagamos todos a través de YPF?”, se preguntó el Secretario General.
También cuestionó que la Nación deba pensar en mecanismos de financiamiento para un sector que “en la última década “generó US$ 13 mil millones en exportaciones repartidos en un puñado de empresas”.
Desde el SANAM puntualizaron contradicciones del decreto. “Si es por urgencia de modernizar el 50% de la flota que tiene 40 años de antigüedad, “por qué le terminan otorgando 20 años más y otros 20 adicionales para los que acrediten la reconstrucción. Es porque son factorías”.
Ante el argumento de que faltan astilleros en el país para canalizar las órdenes de construcción, el Secretario General pidió separar “el nivel de excelencia de Domingo Contessi” y asegurar que “hay capacidad instalada: los buques de la hoy Red Chamber y los Entrena se hicieron en astilleros nacionales. Contessi no dará abasto, pero la solución tampoco pasa por encargar los buques del INIDEP a España… y sumando los metros cúbicos de bodega ingresados en los dos últimos años, el argumento armatorial no se sostiene; hay buques encargados para Iberconsa, Valastro, Moscuzza, ¿ya sabían que Contessi no los podía hacer? Y yo tengo diferencias conceptuales con Horacio Tettamanti, pero me cuesta creer que alguien que repara los petroleros de Petrobras no pueda construir un barco de pesca”.
Pablo Trueba, secretario General del SIMAPE, se mostró entusiasmado con la iniciativa. “De nuestra parte, con el personal de embarcados vemos y felicitamos la idea desde un inicio. Si bien falta mucho por resolver, se puede llegar a una renovación de la flota”, indicó en declaraciones al portal El Marplatense.
Trueba destacó que el decreto promueve la “financiación económica para realizar un barco y el reconocimiento del esfuerzo de captura”. “El Estado va a financiar ciertos créditos. La inversión será privada pero la financiación estará a cargo del Estado. Son anuncios para que, de una vez por todas, se modernice la flota“, añadió el sindicalista.
Desde la Multisectorial Ningún Hundimiento Más cuestionaron la transformación que sufrió el proyecto para referir a la “modernización de la flota pesquera”. “Ni siquiera mantuvo el nombre de “renovación y limitó el debate a un grupo de empresarios, muchos de ellos responsables de la precarización de nuestros trabajadores del mar”, dijeron en un documento en que se quejaron por haber marginado de la discusión a familiares afectados directos de los naufragios y los trabajadores que arriesgan su vida en el mar.
El colectivo rechazó la posibilidad de que las empresas armadoras puedan disponer de cuotas de captura como garantía para acceder al financiamiento. “Por ley el recurso pesquero es propiedad exclusiva del Estado; el empresariado es solo un concesionario”, remarcaron, al tiempo que rechazaron la actitud del gobierno de cerrar el debate. “Si queremos defender la vida, tenemos que priorizar los derechos y no los negocios. Causa mucha bronca que utilicen el dolor y la lucha de todos estos años para avanzar en sus negocios”.
Revista Puerto
