Algo huele mal con el tratamiento de efluentes pesqueros.
En un clima político hipersensible en Chubut por escándalos de corrupción, diputados analizan quejas de empresas pesqueras sobre presunto tráfico de influencias para beneficiar a determinadas compañías que tratan o retiran residuos de plantas de procesamiento.
A nadie escapa que la pesca, como cualquier otra industria, genera determinados impactos que deben ser corregidos y tratados procurando la menor afectación del ambiente. Hace dos años, en Chubut, se dictó un Decreto Provincial de Vuelcos fijando determinados plazos y parámetros para corregir progresivamente el tratamiento de los efluentes líquidos del proceso industrial de las plantas pesqueras.
En este tiempo hubo idas y vueltas, prorrogas de plazos y una repentina decisión del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chubut de cesar con el volcamiento de efluentes con baja carga orgánica.
En el medio habría existido una serie de “recomendaciones” para que las empresas con plantas procesadoras contraten a determinada compañía para realizar las inversiones en la instalación de las plantas de tratamiento. Y, cuando se dispuso el cese total de volcados, nuevamente habrían surgido presiones para que el retiro de los contenedores con residuos se realice con una sola empresa, y los costos por contenedor pasaron de 650 pesos a 3000 pesos.
La inquietud y malestar de las pesqueras de la región llegó al ámbito legislativo provincial desde donde habría, en las próximas semanas, requerimientos de información, pedidos de informes, a la cartera ambiental que conduce Ignacio Agulleiro.
Concretamente, las quejas del sector privado, transmitida a legisladores, es que desde el gobierno provincial presionaron fuertemente para que contraten a una sociedad anónima específica para que cada empresa realice su planta de tratamiento de líquidos. Inversión que la mayoría debió desembolsar en favor de esa firma. “Y ahora nos obligan a mandar los contenedores de residuos a Land Farming y cada contenedor va a costar 3.000 pesos cuando antes el precio era de 650 pesos”, reveló una fuente.
“Agulleiro sacó primero la prohibición de volcar en los cuencos y como arte de magia propusieron una empresa que casualmente se quería radicar acá y que a través de un proceso hace tierra ecológica. La empresa es Land Farming”, añadió.
Este presunto tráfico de influencias por parte de funcionarios del gobierno habría sido transmitido a legisladores y estos habrían puesto la lupa sobre la cartera ambiental y también la de pesca, en medio de un clima político hiper sensibilizado en Chubut, por las recientes detenciones de funcionarios por hechos de corrupción.
Por otro lado, mencionan, desde las pesqueras, que aún no se ha habilitado desde Provincia a otras empresas competidoras de la firma que realiza los achiques de sentina, y que mereció una fuerte polémica semanas atrás. Además, las empresas con flotas pesqueras con puerto base en Madryn advierten que tendrán un sobrecosto si se les obliga a pagar un servicio de barreras antiderrame cuando se realiza la carga de combustibles en muelle.
En las plantas de la región sigue irresuelta la cuestión de fondo respecto a los desechos sólidos de langostino y eso habría derivado, en algunos casos, a tener un cuello de botella con los residuos. Como consecuencia de eso, algunas plantas habrían pedido a los barcos de la flota amarilla que los proveen de materia prima, que demoren sus salidas.
José Saldivia Revista Puerto
¿Qué pensará hacer el Gobernador Mariano Arcioni? ¿Dejará que este impresentable funcionario siga intentando enriquecerse a costa del Estado y la presión sobre las empresas? o de una vez por toda limpiará la pudrición que dejó Mario Das Neves por lo cual hoy hay una provincia fundida que no tiene ni para pagarle a los empleados públicos.
