La habilitación rige desde el 21 de diciembre.
Y permite retomar la actividad bajo estrictas condiciones; la veda con Brasil continúa vigente hasta enero de 2026
Oficialmente levantada la veda
De acuerdo con másEncarnación. Desde el pasado 21 de diciembre quedó oficialmente levantada la veda pesquera en las aguas jurisdiccionales compartidas entre Paraguay y la República Argentina.
Habilitando nuevamente la actividad en esta zona fronteriza.
Así lo confirmó Juan Leiva, fiscalizador ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Quien recordó que la medida no alcanza a las aguas compartidas con la República Federativa del Brasil, donde la prohibición sigue en vigencia.
En el caso de Brasil
Según explicó el funcionario, en el caso del Brasil la veda se mantendrá hasta el 31 de enero de 2026, por lo que cualquier tipo de actividad pesquera en aguas compartidas con ese país continúa estrictamente prohibida.
En este contexto, el MADES anunció que se reforzarán los controles y patrullajes para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y prevenir la pesca ilegal.
Pescadores habilitados
Leiva indicó además que los pescadores habilitados pueden retomar sus actividades en la zona autorizada, siempre que cuenten con sus carnets al día.
Del mismo modo, recordó que las embarcaciones deben disponer del permiso especial de pesca, documento obligatorio que tiene una validez de cuatro días consecutivos.
En cuanto a los límites establecidos por la reglamentación vigente, el fiscalizador precisó que cada permiso autoriza la extracción de hasta 30 kilogramos de pescado.
Esta disposición apunta a promover una pesca responsable y sostenible, evitando la sobreexplotación y contribuyendo a la preservación de los recursos ictícolas en ríos compartidos.
Desde el MADES reiteraron el llamado a los pescadores comerciales y deportivos a respetar las disposiciones legales, colaborar con los controles y asumir un compromiso activo con la conservación del medio ambiente acuático.
El incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones, además de afectar el equilibrio de los ecosistemas y el sustento de las comunidades que dependen de la actividad pesquera.