La incertidumbre domina el sector pesquero de cara a la temporada de langostino en el sector norte. Mientras las cámaras empresarias mantienen su postura de reducir costos operativos, el SOMU se plantó nuevamente bajo la premisa de que “el trabajo no puede ser la variable de ajuste”. Ante la falta de coincidencias, las empresas confirmaron que, hasta que no se firme una reducción de los valores de producción a bordo, la flota permanecerá amarrada.
Una negociación bajo la sombra de la acefalía
El diálogo se desarrolla en un contexto institucional complejo. Las cámaras CAPECA, CAPIP y CEPA deben negociar con la conducción de Raúl Durdos, cuyo mandato se encuentra vencido y su legitimidad bajo análisis judicial. Pese a esto, las partes se reunieron en Buenos Aires sin éxito, pasando a un cuarto intermedio.
La propuesta empresarial se mantiene firme: una baja del valor de referencia del 22% cuando el langostino cotice por debajo de los 6.000 dólares, y escalas del 18% para valores intermedios. Por su parte, el gremio mostró disposición a aceptar los valores de producción, pero introdujo un punto de quiebre: exigir que el salario sea absorbido por la producción con el valor del dólar al 100%, tal como percibe la oficialidad. Esta condición anularía el ajuste pretendido por las empresas, diluyendo las chances de un acuerdo inmediato.
Al finalizar el encuentro, desde el sindicato señalaron: “Nuestro secretario general nuevamente instó a las partes a dialogar hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes, nuestro secretario de pesca mencionó estar de acuerdo en seguir dialogando fluidamente pero siempre teniendo en cuenta que el salario de los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste”.
El factor tiempo y la presión de las bases
Aunque históricamente la temporada en el sector norte comienza entre fines de marzo y principios de abril, los tiempos no apremian por igual a todos los actores. Para algunos empresarios, el retraso evita saturar el mercado con producto congelado que tire los precios a la baja. Sin embargo, los trabajadores marineros se encuentran en una situación crítica: muchos no perciben ingresos por embarque desde septiembre del año pasado.
Esta urgencia fue canalizada por las listas opositoras (100 Azul y 41 Granate), que solicitaron a la justicia que se convoque de forma “urgente a elecciones antes del 10 de marzo” para destrabar la paritaria. Mientras tanto, el expediente judicial permanece estancado desde el 24 de febrero, a la espera de que la Cámara de Apelaciones dicte sentencia sobre el futuro de la conducción del gremio.
Campaña de desprestigio judicial
El conflicto ha escalado más allá de las mesas de negociación. Recientemente, la camarista Diana Cañal, encargada de definir la situación legal del SOMU, fue blanco de ataques con afiches difamatorios que rezaban: “No le vamos a pagar la coima que nos pidió”.
Desde la Asociación de Abogados Laboralistas repudiaron el hecho, enmarcando la agresión en un escenario de hostilidad hacia el fuero laboral: “En un contexto en el cual la Justicia Nacional del Trabajo se encuentra siendo perseguida y profundamente atacada por los grandes intereses económicos y un Gobierno cuyos discursos de odio y violencia hacia la clase trabajadora, sus defensores y el fuero especial creado con la manda constitucional de ‘proteger al trabajo en todas sus formas’ funcionan como una invitación permanente a los agresores; los afiches que aparecieron en la mañana de hoy significan -además de una maniobra artera y deleznable- una provocación que merece el más enérgico repudio por parte de una sociedad que abraza el Estado de Derecho”.