Con 68 votos afirmativos, la Cámara Alta aprobó la adhesión al tratado de la FAO. La medida otorga a la Prefectura Naval mayores facultades de inspección sobre buques extranjeros. Pese al consenso, legisladores advirtieron que el control no basta si no mejora la rentabilidad interna.
La Argentina dio un paso clave en la protección de sus recursos marítimos. El Senado aprobó por unanimidad el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), una herramienta internacional diseñada para detectar e inmovilizar buques vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El puerto como frontera de control
La adhesión a este tratado, firmado originalmente en Roma en 2009, transforma a los puertos nacionales en puntos de control estratégico. Como «Estado Rector», Argentina asume la facultad de verificar en buques extranjeros:
- Seguridad y técnica: Estado de la navegación y prevención de la contaminación.
- Laboral: Condiciones de trabajo de las tripulaciones a bordo.
- Legalidad: Documentación de capturas para impedir el blanqueo de pesca ilegal en el mercado formal.
El debate: Control vs. Competitividad
Aunque la votación fue unánime, el debate dejó al descubierto las urgencias del sector. El senador Maximiliano Abad (UCR) respaldó la medida pero lanzó una advertencia económica: «De poco sirve cerrar las puertas a quienes operan fuera de la ley si quienes cumplen con la ley trabajan a pérdida». Abad insistió en que el «laberinto burocrático» y los derechos de exportación son hoy enemigos tan grandes como la pesca furtiva.
Por su parte, el senador Guillermo Andrada destacó que la pesca ilegal representa casi el 25% de las capturas mundiales, calificando al acuerdo como una «herramienta estratégica» para proteger el comercio exterior y los ingresos de la Nación.
Un cambio de paradigma institucional
Más allá de la agenda contra la pesca ilegal, la aprobación marca un hito técnico: el Congreso comienza a legislar bajo el concepto de Port State Control (Control por el Estado rector del puerto). Esto implica que la autoridad marítima (Prefectura Naval) contará con un marco jurídico más robusto para inspeccionar cualquier buque de bandera foránea que pretenda operar o escalar en jurisdicción argentina, elevando los estándares de seguridad y sostenibilidad en toda la plataforma marítima.